Miraflores en la mira de Contraloría: detectan irregularidades en cinco obras públicas por casi S/12 millones y siete funcionarios involucrados

La Municipalidad Distrital de Miraflores se encuentra bajo la lupa de la Contraloría General de la República tras detectarse serias irregularidades en cinco procesos de contratación de obras públicas valorizadas en S/11.822.017,79, según los resultados de una auditoría de cumplimiento difundida este 6 de enero de 2026.

El informe también concluye que siete funcionarios y servidores ediles tendrían presunta responsabilidad por decisiones adoptadas durante los procedimientos de selección, admisión, evaluación y calificación de ofertas. De estos, dos enfrentarían responsabilidad penal, dos administrativa y tres ambas, al haberse vulnerado la normativa de contrataciones del Estado mediante criterios dispares, exigencias indebidas y evaluaciones sin sustento técnico.

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Hallan irregularidades en cinco obras de la Municipalidad de Miraflores

La auditoría se concentró en cinco procedimientos de contratación vinculados a proyectos de movilidad urbana y espacios públicos. Entre ellos figura la Licitación Pública n.° 004-2023-CS-MM-1, destinada al mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la avenida Roca y Boloña, por S/ 3.313.318,34, así como la Licitación Pública n.° 011-2024-CS-MM-1, correspondiente a la recuperación de vías locales de la calle Bolognesi, con un presupuesto de S/ 4.046.978,17.

También fueron evaluadas tres adjudicaciones simplificadas: la n.° 014-2024-CS-MM-1-1, para la renovación de pistas y adquisición de mobiliario urbano en la calle Porta (S/ 1.147.964,05); la n.° 015-2024-CS-MM-1, relacionada con la calle General Varela (S/ 1.289.749,43); y la n.° 017-2024-CS-MM-1, para la creación de espacios públicos urbanos en el Parque de la Juventud (S/ 2.024.007,80).

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Criterios irregulares, trato desigual y puntajes sin justificación

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 016-2025-2-2161-AC, que evaluó el período comprendido entre el 25 de octubre de 2023 y el 3 de marzo de 2025, los comités de selección aplicaron "criterios distintos frente a situaciones similares", declarando la no admisión de ofertas por errores materiales o formales que, de acuerdo al documento, eran subsanables, y por exigencias no previstas en la normativa ni en las bases integradas, señala.

Indican que, en la Licitación Pública n.° 004-2023-CS-MM-1, por ejemplo, 18 de las 23 ofertas presentadas fueron rechazadas por observaciones como falta de firmas legalizadas, firmas pegadas sin sustento objetivo o defectos formales en promesas de consorcio. La Contraloría advirtió que, incluso entre las ofertas admitidas, se otorgaron puntajes sin verificar su correspondencia con los criterios establecidos, lo que habría derivado en la adjudicación de la buena pro a un postor que no acreditó los requisitos de calificación exigidos.

Situaciones similares se repitieron en la Licitación Pública n.° 011-2024-CS-MM-1. Según señalan, algunas propuestas fueron excluidas por exigir que la actividad económica estuviera registrada en la ficha RUC, pese a que no era un requisito de admisión. Además, se rechazaron ofertas por errores tipográficos o de foliación, mientras que otras con fallas idénticas sí fueron admitidas, apuntan.

La Contraloría señaló que, en este proceso, “se asignaron puntajes sin justificación suficiente, reflejando la falta de uniformidad en los parámetros aplicados durante la evaluación”, lo que afectó la transparencia y la competencia.

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Vínculos familiares y decisiones cuestionadas

Por otro lado, en las adjudicaciones simplificadas n.° 014-2024-CS-MM-1-1 y n.° 015-2024-CS-MM-1, se rechazaron ofertas por formalidades subsanables, como la ausencia de fechas, redondeo de decimales o falta de legalización notarial en promesas de consorcio. Paralelamente, indica el documento, se admitieron propuestas que no cumplían con las especificaciones técnicas o que no eran susceptibles de subsanación.

Un aspecto especialmente relevante fue la detección de empates entre postores con vínculos familiares y societarios, respecto de los cuales el comité de selección habría aplicado sorteos electrónicos para definir al ganador. La Contraloría advirtió que, “independientemente del resultado del sorteo, la contratación recaería en el mismo grupo familiar”, lo que comprometía la imparcialidad del proceso.

La auditoría también puso en evidencia fallas en la etapa de acreditación de requisitos. En la Licitación Pública n.° 004-2023-CS-MM-1, el postor ganador, señalan, no acreditó la totalidad del equipamiento estratégico ni la experiencia exigida del plantel profesional clave, pese a lo cual el contrato fue perfeccionado. Una situación similar se registró en la Adjudicación Simplificada n.° 017-2024-CS-MM-1, donde el ganador habría presentado documentación incompleta y profesionales que no cumplían con el tiempo de experiencia requerido, sin que estas observaciones fueran detectadas por el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC).

Impacto en la legalidad y la gestión municipal

Según la Contraloría, estos hechos afectaron la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública, al restringir la participación de postores y limitar la posibilidad de que la Municipalidad de Miraflores contrate en mejores condiciones de calidad. El informe concluye que las irregularidades se originaron en decisiones deliberadas de los miembros de los comités de selección, quienes suscribieron actas que distorsionaron los criterios de admisión, evaluación y calificación.

La entidad de control precisó que el incumplimiento de funciones por parte del OEC permitió la suscripción de contratos con postores que no acreditaron contar con las capacidades necesarias para ejecutar las obras, configurando presuntas responsabilidades que ya fueron identificadas para las acciones legales y administrativas correspondientes.

Municipalidad de Miraflores se pronuncia

Al respecto, la Municipalidad de Miraflores informó que, el año pasado, inició una investigación preliminar solicitada al Ministerio Público a través de la Procuraduría Pública Municipal, para determinar responsabilidades de funcionarios en relación con licitaciones de obras en el distrito. Esta acción se enmarca dentro de las atribuciones que tiene la Contraloría como órgano autónomo del Estado.

Asimismo, indicaron la implementación de un plan para aplicar las recomendaciones derivadas de los informes de control posterior. El municipio también informó que ha remitido la documentación correspondiente al Órgano de Control Interno y a la Contraloría, enfatizando su compromiso de trabajar de manera coordinada con estos organismos para levantar observaciones detectadas. Asegura que, en caso de encontrar responsabilidades, actuará conforme a la normativa legal vigente.

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