Alerta en Selva Central: minería ilegal pone en riesgo el agua y el territorio de comunidades asháninkas del Río Autiki

Durante todo este año, comunidades asháninkas y andinas asentadas en la cuenca del río Autiki, en Junín, denunciaron la llegada progresiva de mineros impulsados por concesiones otorgadas por el Gobierno Regional. Estas autorizaciones, según señalan desde el Comité de Defensa Ambiental del Río Autiki, se realizaron sin consulta previa a los pueblos indígenas que poseen títulos de propiedad colectiva, y fueron usadas como argumento por operadores que ingresaron al territorio con maquinaria pesada, retroexcavadoras y personal externo.

“Ellos venían diciendo que eran legales. ‘Ya tenemos nuestros documentos’, decían, mostrando papeles para justificar su ingreso. Tras eso traían sus maquinarias y gente de afuera”, explica una vocera del Comité para La República. La actividad, según indica, se desarrollaba directamente dentro del cauce del Autiki, pese a que la normativa prohíbe intervenciones mineras en el lecho del río.

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La organización comunitaria frente al avance minero

Ante el incremento de operadores y los ofrecimientos económicos en centros poblados y chacras cercanas al río, las comunidades decidieron organizarse. “Nosotros, como comité de defensa del río Autiki, no queremos ningún tipo de minería, legal o ilegal. Esa actividad no forma parte de nuestro territorio”, señalan.

Los comuneros advierten que el impacto no es solo ambiental: la afectación alcanza su subsistencia y la vida cultural asháninka. “Repercute en nuestra seguridad alimentaria. El río es nuestra fuente de vida; ahí pescamos, de ahí bebemos. Y con las máquinas el agua se vuelve turbia porque están lavando oro”, señala. También alegan daños a su memoria histórica: “No podemos permitir que el río quede muerto”.

El jueves 4 de diciembre de 2025 se ejecutó la operación más contundente hasta la fecha. La intervención, realizada en el centro poblado Villa Sol, margen derecha del río Autiki, estuvo liderada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), el ANA, Policía de Chanchamayo, el Comité de Defensa Ambiental y comuneros asháninkas y andinos. “Se logró intervenir en el lugar exacto. La Fiscalía comprobó que no estaban haciendo carreteras ni piscigranjas, como decían, sino actividad minera”, relatan.

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Impactos ambientales y sobre la vida comunal

Previo a este último operativo, se realizaron dos primeras intervenciones, las cuales fueron infructuosas. Las comunidades denuncian filtraciones de información: “Cuando llegaba la fiscalía a Pichanaki, la comisaría avisaba. Para cuando llegábamos al lugar, ya no había nadie”. Según indican, mineros lograban mover equipos, ocultar materiales o simular otras actividades. Esto permitió que continuaran operando y profundizando el impacto en el cauce. La tercera intervención se coordinó directamente con Chanchamayo. Esta decisión habría permitido evitar alertas y llegar a la zona con un contingente policial comprometido con la operación.

Las comunidades han identificado una degradación acelerada en el ecosistema del Autiki. Las retroexcavadoras modifican curvas naturales, remueven grandes volúmenes de sedimentos y destruyen estructuras ecológicas necesarias para la reproducción de peces. “El río baja su caudal por el calor, y todo está turbio porque lavan el oro ahí mismo”, explican. La turbidez afecta la pesca y el consumo de agua para las comunidades que dependen directamente del río.

El Autiki es un espacio identitario. Su alteración se vive como un daño profundo: “Es parte de nuestra historia y de nuestros hijos, la siguiente generación debe recibir un río limpio”.

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Ofrecimientos, presiones y amenazas contra dirigentes

Según comentan desde el Comité, los operadores mineros han buscado legitimarse mediante beneficios para autoridades. “Ofrecían S/ 5.000 para algún proyecto y así convencer a algunos dirigentes”, señalan. También hubo intentos de usar grupos de “seguridad indígena” provenientes de otras comunidades para generar respaldo a la actividad extractiva.

Las represalias han sido directas: “Al presidente del comité han ido a amenazarlo hasta su casa para que los deje trabajar”. El dirigente tomó fotografías de las operaciones y fue clave en la denuncia que derivó en la intervención del 4 de diciembre.

Todas las comunidades de la cuenca cuentan con títulos de propiedad colectiva. Señalan que, pese a ello, aquellos que realizan esta actividad minera se avalan en la ampliación del Reinfo y las conseciones para justificar su presencia. “Ellos dicen que tienen permiso porque el Estado les dio concesión. Pero están en el río, eso no está permitido, y menos sin consulta a los pueblos que somos dueños del territorio”, enfatizan.

Aunque el avance minero ya ha generado daños, los comuneros afirman que seguirán vigilando la zona y exigiendo presencia sostenida del Estado para evitar el retorno de operadores ilegales o amparados en concesiones otorgadas sin participación indígena.

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