Hay 48 comunidades indígenas afectadas por la minería ilegal

Hablar sobre minería ilegal en Perú genera un gesto de preocupación en el rostro del fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA). Y no puede ocultar el horror que les causa el tema: “En nuestro país la minería ilegal mueve entre 6 a 7 mil millones de dólares, frente a los US$ 1.200 millones del narcotráfico”, asegura.

Es decir, es un fenómeno que mueve seis veces más que el tráfico ilícito de drogas, advierte el magistrado.

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Y es que, en las últimas dos décadas, la minería ilegal ha crecido significativamente, en especial en la extracción de oro. Este problema ha afectado sobre todo a Madre de Dios, Puno, Amazonas, Cajamarca, Pasco, Ucayali, Loreto, Cusco y Ayacucho, de la Amazonía.

Pero, también a La Libertad, donde se encuentra Pataz, así como a Ica (Nasca) y Arequipa.

Un informe de la Situación Actual de la Minería en la Amazonia elaborado por Conservación Amazónica (ACCA), refiere que son 48 comunidades indígenas afectadas por la minería en nueve regiones.

En Madre de Dios, durante el 2021-2024, ACCA registró una deforestación minera de 30,846 hectáreas. De esta cifra, tres cuartos (74%) de deforestación ha sido causada por la minera dentro del Corredor Minero.  Un cuarto (26%) corresponde a la minería ilegal.

Las más afectadas son San José de Karene, Barranco Chico y Tres Islas, seguidas por Puerto Luz, Boca Inambari, Kotsimba, San Jacinto, Shiringayoc, Arazaire y El Pilar.

En otras regiones

En Loreto, en este 2025 se identificaron 12 ríos con presencia de dragas dedicadas a la minería ilegal.

Las dragas en Loreto, además, afecta cerca de 20 comunidades indígenas en Yaguas, Allpahuayo Mishana y Pacaya Samiria, y en un área de conservación regional. En el río Nanay, se tienen más de 650 registros entre los años 2021-2025, sobre presencia de dragas. 

En Huánuco, desde 2020, un nuevo foco de minería de oro se activó en la Amazonía (espacios degradados y nuevas áreas de bosques). Hasta el 2023 se tenía una superficie de 273 hectáreas de áreas mineras y 9 ríos afectados.

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Para este 2025, se estima 1.106 hectáreas de minería, el 97% en El Sira, y el 36% se da dentro de comunidades indígenas Tsirotzire y Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo.

Mientras tanto, en Ucayali en el 2024, se detectó por primera vez (satelitalmente) la presencia de dragas operando en la cuenca del río Aguaytía. Para el año 2025, se han identificado nuevas zonas mineras en el distrito de Callería.

En Amazonas se identificó la presencia de minería ilegal, con cerca de 66 dragas operando en cuerpos de agua en los ríos Cenepa y Santiago. Se han identificado 8 comunidades indígenas de las Naciones Wampis (2) y Awajún (6), afectadas por la actividad ilegal.

En cuanto a la región Cusco se identificó el avance de la minería en el sector Camanti desde mediados del 2014. Hasta la fecha, se afectaron cerca de 730 hectáreas, de las cuales prácticamente el 99% se encuentra en concesiones mineras.

 La actividad de minería también se da próxima a 8 ríos principales de la cuenca del Araza, y 28 quebradas. Al menos 33 hectáreas han sido deforestadas en la zona de amortiguamiento de la reserva comunal Amarakaeri.

Ríos y quebradas

En Puno se identificó el avance de la minería en la cuenca de los ríos Inambari y Huari Huari desde 2014 (Sandia y Carabaya).  Hasta la fecha, se afectaron cerca de 939 hectáreas, de las cuales prácticamente el 662 (70%) se encuentra en concesiones mineras, mientras que 277 (30%) sería minería ilegal.

La actividad de minería también se da próxima a 5 ríos principales de la cuenca del Inambari (Chaspa, Yahuarmayo), y 7 quebradas. Asimismio, 319 ha deforestadas en la zona de amortiguamiento del Bahuaja Sonene.

En Pasco, desde 2024, se ha registrado un nuevo foco de minería de oro en la zona este. En el mes de agosto, se registraron los primeros hallazgos de actividad minera en esta zona, con una extensión de 3.2 hectáreas.

 Para enero del 2025, se encontraron nuevas zonas de minería a lo largo del río Chinchihuani, con un área total estimada de 19.7 hectáreas

Finalmente, en Cajamarca se identificó el avance de la minería en la cuenca del río Chinchipe, el cual abarca las provincias de San Ignacio y Jaén.

Hasta la fecha, se identificaron 36.1 hectáreas a lo largo del río Chinchipe, donde todas las áreas se ubican en concesiones mineras.

Desde el año 2003

Expertos en materia ambiental señalan que la expansión de esta actividad comenzó a notarse a partir del año 2003, impulsada por el aumento de los precios internacionales del oro, lo que marcó un punto de inflexión de la minería en el país.

Hasta el año 2022, las cifras relacionadas con la minería ilegal eran alarmantes. El oro exportado de manera ilegal en ese año alcanzó un valor de US$ 1,841 millones, lo que representaba el 18% de las exportaciones auríferas del país en ese mismo año.

Un crecimiento alarmante

Karina Garay Tapia, extitular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y actual vocera del Observatorio de Minería Ilegal sostiene que en los últimos cinco años esta actividad en Perú ha experimentado un crecimiento alarmante. Esto impulsado por diversos factores, entre ellos el constante aumento del precio del oro a nivel mundial, la precariedad económica de los sectores más vulnerables del país y la falta de capacidad del Gobierno para combatir eficazmente este delito.

“A pesar de los esfuerzos por implementar un proceso de formalización minera, este se ha convertido en un mecanismo permisivo que, lejos de ordenar la pequeña minería y la minería artesanal, ha fomentado la ilegalidad. Como resultado, la minería ilegal ha generado altos niveles de inseguridad y criminalidad en diversas regiones”, asegura.

Al hacer un análisis del impacto ambiental y expansión territorial señala que en el 2020, la deforestación en La Pampa, la zona más afectada por la minería ilegal en la Amazonía Peruana, se redujo en un 90% gracias a operativos de control y fiscalización (Informe MAAP 121).

Sin embargo, refiere, la pandemia de Covid-19 provocó una paralización temporal de la actividad minera en varias regiones del país. Explica que en la Amazonía, la extracción de oro se realiza mediante el uso de dragas (prohibidas), balsas, chupaderas y maquinaria pesada, mientras que en la sierra la explotación ocurre en socavones.

Políticas más estrictas

“A partir de 2021, la minería ilegal resurgió con fuerza, expandiéndose más allá de La Pampa e invadiendo nuevas áreas de la Amazonía, como Loreto, Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Ucayali, Pasco, Cusco y Puno. Este crecimiento ha estado acompañado de un aumento en la violencia, inseguridad y crimen organizado, con bandas armadas extorsionando y guardando ‘seguridad’ a los ilegales”, manifiesta con preocupación.

Garay Tapía afirma que en el caso de la minería filoniana (en socavón), la extracción ilegal ha crecido debido a la falta de regulación efectiva. “El proceso de formalización minera ha permitido la impunidad de quienes operan al margen de la ley, ya que cualquier persona que se inscriba puede realizar actividades mineras sin cumplir con los requisitos ambientales y legales. Esto ha generado conflictos con la minería formal y ha facilitado la expansión de economías ilegales que afectan la seguridad y el desarrollo sostenible del país”, expresa.

Finalmente dice que la minería ilegal de oro en el Perú sigue acrecentándose y trayendo consecuencias graves para la población. “La falta de regulación efectiva, la expansión territorial de la actividad ilícita y el crecimiento del crimen organizado han convertido este problema en una amenaza para la seguridad, la economía y el medio ambiente”.

 Es fundamental –agrega- que el Gobierno implemente políticas más estrictas y refuerce los mecanismos de fiscalización para frenar el avance de la minería ilegal y proteger los recursos naturales y la población afectada.

Tomar medidas urgentes

Sidney Novoa, de Conservación Amazónica –ACCA-, destacó que el informe de esta asociación refleja la situación actual de la minería aurífera en la región amazónica, poniendo de manifiesto su concentración preocupante en comunidades indígenas y zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas, lo que generan una alarma significativa para la conservación de nuestra Amazonía.

En vista del impacto ambiental y social devastador causado por la deforestación asociada a la minería ilegal en la Amazonía peruana, resulta imperativo tomar medidas urgentes para abordar esta problemática. Las autoridades competentes deben actuar de manera inmediata para enfrentar estos desafíos y conservar nuestra Amazonía.