Crisis de inseguridad: Perú cierra noviembre con más de 2.000 homicidios en lo que va del 2025 y alcanzaría cifra récord desde 2017
El aumento de los homicidios afecta principalmente a Lima, La Libertad y Callao, y registra cifras históricas entre adolescentes y adultos mayores. La mayoría de los crímenes se cometen con armas de fuego, mientras las medidas de emergencia aún no logran frenar la violencia.
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Homicidios en aumento. Perú cierra el penúltimo mes del año inmerso en una profunda crisis de inseguridad que amenaza con convertir al 2025 en el año con más homicidios desde 2017, el registro más antiguo del Sistema Informático de Defunciones (Sinadef). Según estas mismas cifras, hasta el 26 de noviembre se han contabilizado 2.021 muertes por homicidio, respecto al último corte en la categoría de “muertes violentas” de la plataforma.
Las cifras son contundentes. El especialista en datos Juan Carbajal advierte que los indicadores no muestran señales de descenso, ni siquiera bajo el tan anunciado estado de emergencia declarado por José Jerí el 22 de octubre en Lima y Callao, y ampliado desde el 21 de noviembre. La letalidad avanza a un ritmo implacable: entre seis y siete personas son asesinadas cada día en el país. De mantenerse esta tendencia, el Perú no solo superará ampliamente los 2.083 homicidios registrados el año pasado, sino que podría ingresar en uno de los escenarios más críticos de la última década. "Podríamos bordear las 2.200 muertes al finalizar el año", afirma el experto.
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Cuadro de muerte por homicidio según Sinadef.
Agosto 2025: el mes con más homicidios en 8 años
Agosto marcó un punto de quiebre en la curva de homicidios. Según Sinadef, solo en ese mes se registró 221 asesinatos. “Agosto ha sido el mes con la mayor cantidad de homicidios registrados desde enero de 2017”, subraya el especialista, evidenciando un récord que deja mucho que pensar dentro de la serie histórica disponible. La cifra equivale a más de siete homicidios diarios, un ritmo que superó holgadamente el promedio anual de 6,14 casos por día.
A partir de ese pico, los meses siguientes mostraron una reducción ligera, aunque insuficiente para hablar de una tendencia sostenida. En septiembre, el sistema registró 183 homicidios, mientras que en octubre la cifra apenas descendió a 182; en noviembre, al cierre preliminar, se habían contabilizado 130 asesinatos. No obstante, Carbajal explica que los números siguen creciendo incluso después del cierre mensual debido a actualizaciones administrativas: “Cuando termina un mes, aún pasan 15 o 20 días y los registros siguen actualizando”, advierte.
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Regiones con mayor incidencia: Lima concentra casi 40% de los homicidios
La geografía de la violencia también muestra un patrón claro. Lima lidera ampliamente la lista de regiones con más homicidios, acumulando 770 de los 2.021 fallecidos registrados hasta el 26 de noviembre, lo que equivale al 38% del total nacional. Este registro incluye no solo la capital, sino también provincias cercanas como Huaura y Barranca, donde la expansión del crimen organizado se ha arraigado en los últimos años.
Detrás de Lima, las regiones con mayor número de homicidios son La Libertad (217 casos), Callao (174), Piura (134) e Ica (80). “Lo que se está visibilizando es el efecto burbuja”, donde las bandas criminales se desplazan hacia distritos sin cobertura policial intensiva. En otras palabras, las medidas aplicadas hasta ahora no están desarticulando las estructuras violentas, solo modifican su ubicación.
Jóvenes y adultos lideran las cifras, pero adolescentes y adultos mayores rompen récord histórico
El análisis demográfico de los homicidios revela un hallazgo alarmante: los extremos etarios son cada vez más víctimas. Según Carbajal, el 2025 ya es el año con más adolescentes asesinados desde 2017, con 79 homicidios registrados entre jóvenes de 12 a 17 años. “Este año ya superó cualquier registro anual previo en adolescentes”, advierte. En el caso de los niños de 0 a 11 años, se reportaron 27 homicidios, muy cerca del récord histórico de 31 registrado en 2019.
No obstante, los grupos más afectados siguen siendo los jóvenes de 18 a 29 años, con 704 muertes, y los adultos de 30 a 59 años, quienes suman 1.087 víctimas. Estos dos segmentos representan el principal blanco de sicarios, extorsionadores y mafias que operan en transporte, comercio y construcción.
El grupo de adultos mayores (60 años a más) también muestra un incremento histórico. Hasta noviembre registraron 124 homicidios, superando los 119 del 2024, cifra que ya era considerada una anomalía. “Es impactante cómo estos últimos años el grado de violencia ha aumentado. Estamos ante un punto de quiebre en tema de inseguridad”, comenta Carbajal.
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Arma de fuego es el instrumento predominante en homicidios
El gráfico evidencia que el agente causal predominante en los homicidios es el arma de fuego, cuya participación crece de forma sostenida a lo largo de los últimos años, convirtiéndose en el principal instrumento letal asociado a estos crímenes. Este incremento contrasta con otros agentes como la agresión física, arma blanca o asfixia, que, aunque mantienen presencia constante, muestran variaciones menores y no alcanzan los niveles registrados por los disparos.
La marcada diferencia entre categorías sugiere un acceso cada vez mayor a armas de fuego y un uso extendido de estas en hechos violentos, lo que refuerza la necesidad de políticas de control, fiscalización y prevención enfocadas en este tipo de armamento para reducir la letalidad y mitigar el impacto creciente que tiene sobre las cifras nacionales de homicidios.
Arma de fuego lidera las cifras como el instrumento más usado para homicidios.
Un fenómeno que responde al auge de la extorsión
Para el experto en seguridad José Manuel Saavedra, las cifras registradas no son un hecho aislado, sino la consecuencia directa del fortalecimiento de estructuras criminales dedicadas principalmente a la extorsión. Según detalla, el incremento no solo es cuantitativo, sino proporcional: la tasa de muertes violentas pasó de 4,14 por día en 2023 a 5,69 en 2024, y actualmente se sitúa en 6,15 en 2025, un avance que califica de “alarmante”.
El especialista explica que esta escalada está vinculada al sicariato como brazo operativo de las redes de extorsión. La caída de cabecillas criminales, como ocurrió con figuras conocidas del hampa, no redujo la violencia; por el contrario, abrió disputas entre nuevas bandas por el control territorial y la administración de plazas de cobro ilegal dirigidas a transportistas y comerciantes. “Para imponerse, estas organizaciones eliminan a los lugartenientes de grupos rivales, generando asesinatos como mecanismo de dominio territorial”, sostiene.
¿Ineficiencia o reacción tardía del Estado?
Consultado sobre las razones detrás de la ineficacia del plan gubernamental, Saavedra es categórico: no existe una estrategia integral con metas claras. “Ninguna autoridad puede responder en cuánto pretende reducir la extorsión o el sicariato. Sin indicadores, no hay política pública”, señala. Para él, el problema no radica únicamente en los criminales, sino en la desarticulación institucional: policías sin recursos, fiscales sin capacidad operativa y un Poder Judicial que, a veces, genera el efecto de “puerta giratoria”, permitiendo que delincuentes capturados vuelvan rápidamente a las calles.
A ello se suma un error táctico: una mala focalización del estado de emergencia. Saavedra cuestiona que los recursos se hayan distribuido en zonas con baja incidencia delictiva, mientras distritos críticos, como San Juan de Lurigancho, Ate o San Juan de Miraflores, continuaron expuestos a la expansión extorsiva.
El experto también advierte que una posible reducción en el presupuesto para orden interno y seguridad sería devastadora. Recuerda que las labores de inteligencia, clave para infiltrar bandas y desarticular redes extorsivas, requieren equipos técnicos, agentes encubiertos, logística, movilidad y financiamiento constante. “Un agente de inteligencia no puede volver a su casa o reportarse en una comisaría. Vive infiltrado. Eso cuesta”, enfatiza.
A pesar de ello, considera prematuro descartar por completo el estado de emergencia. Cree que un balance real solo podrá hacerse tras tres meses consecutivos de datos consolidados. “Hoy no se está conteniendo el sicariato, pero se han desarticulado bandas. La pregunta es si esta curva llegará a la meseta que el Gobierno prometió”, reflexiona.
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