Indecopi multa con más de S/539 millones a 13 empresas farmacéuticas por manipular licitaciones de medicamentos del Estado

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó, a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC), la imposición en primera instancia administrativa de una multa total de más de S/539 millones (100 852.72 UIT) a 13 empresas, entre laboratorios y distribuidoras, por haberse coludido en procesos de contratación del Estado. Asimismo, informó de cinco ejecutivos involucrados en dicha infracción, quienes fueron sancionados con una multa conjunta de 262.67 UIT, equivalente a más de S/1.4 millones.

Según la investigación, las empresas señaladas coordinaron tanto ofertas como decisiones de no participar con el fin de asegurarse la adjudicación de licitaciones de medicamentos entre diciembre de 2006 y febrero de 2020. Este esquema colusorio considerado un "cártel" impactó la compra de diversos productos farmacéuticos destinados al abastecimiento de hospitales públicos, algunos usados para administar medicamentos, reponer fluidos y combatir infecciones, así como otros destinados para tratamientos de cánceres agudos y para combatir la anemia.

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¿Cómo se realizó la investigación?

Entre setiembre de 2021 y julio de 2022, la CLC realizó inspecciones en oficinas de Jobal, Laboratorios Portugal, IQ Farma, Medifarma, AC Farma, entre otras empresas del sector . Estas diligencias se desarrollaron en el marco del Expediente 004-2021/CLC-IP, que investigaba indicios de reparto concertado de clientes y coordinación de ofertas en licitaciones públicas. Estas permitieron obtener documentación física, digital y registros que permitieran detectar patrones de coordinación en procesos que, según el Indecopi, debieron ser estrictamente competitivos por el impacto que tienen en el abastecimiento de medicamentos esenciales.

El 6 de abril de 2022, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de representantes de algunas empresas, entre ellos John Mac Dowall y Nataly Llanos, vinculados a Laboratorios Portugal. Con ello, la autoridad recabó correos electrónicos, archivos, comunicaciones internas y registros de transacciones que, según el expediente, evidenciarían coordinación previa a las subastas.

Entre 2022 y diciembre de 2023 se enviaron requerimientos al OSCE, Essalud, CENARES y DIGEMID para identificar cómo se desarrollaron las subastas inversas presenciales y electrónicas, qué empresas participaron, qué productos se ofertaron y quiénes tenían los registros sanitarios de cada fármaco convocado. El objetivo era contrastar la participación de las empresas en cada licitación y verificar si existían patrones de comportamiento paralelo, abstenciones simultáneas o precios coordinados. En paralelo, en enero de 2023, Indecopi pidió a ADIFAN la lista de laboratorios asociados durante los años investigados y los nombres de sus representantes, información entregada el mismo mes.

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Entrevistas

La Dirección realizó diversas entrevistas con personas naturales entre junio de 2022 y octubre de 2023, incluyendo a Gabriel Apéstegui y Angélica Palomares, ambos representantes de Medifarma, Mario Mongilardi, de Laboratorios Americanos, Marko Inzúa, exfuncionario de Medifarma y Laboratorios Americanos, John Mac Dowall y Nataly Llanos, de Portugal. Asimismo, se realizaron nuevos requerimientos a empresas como Laboratorios Portugal, Lansier, Pereda y Distribuidora Continental para obtener archivos adicionales y detalles sobre su participación en licitaciones específicas entre 2006 y 2020.

Así, tras analizar más de 14 años de procesos de compra, miles de ofertas y pujas, información de organismos públicos, comunicaciones internas, patrones de participación y declaraciones de los involucrados, la Dirección consideró que existían suficientes indicios para iniciar un procedimiento sancionador. El 11 de julio de 2024, Indecopi emitió la Resolución 048-2024/DLC-INDECOPI, iniciando el procedimiento sancionador contra 15 empresas: Medifarma, AC Farma, Droguería Sagitario, IQ Farma, Perulab, Teva, Laboratorios Portugal, Laboratorios Americanos, B Braun, LUSA, Pharmagen, OQ Pharma, Jobal, Laboratorios Lansier y Pereda. Esto formalizó una investigación por presunta práctica colusoria horizontal en el establecimiento de posturas o abstenciones en licitaciones de medicamentos del Estado entre 2006 y 2020.

La resolución también imputó cargos a cinco personas naturales por su presunta participación activa o planificadora en la conducta: Angélica Palomares, John Mac Dowall, Mario Mongilardi, Gabriel Apéstegui y Nataly Llanos.

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Las licitaciones presuntamente afectadas

El expediente detalla 23 procesos de selección alterados mediante coordinación ilícita, que abarcan concursos del MINSA, Essalud y CENARES. Entre ellos figuran:

• LP SIP 12-2006-MINSA
• LP SIP 29-2007-MINSA
• LP SIP 9-2008-MINSA
• LP SIP 29-2008-MINSA
• LP SIP 10-2009-ESSALUD
• LP SIP 18-2011-DARES
• LP SIP 12-2012-MINSA
• LP SIP 10-2013-MINSA
• SIEC SIP 9-2016-CENARES
• SIE 11-2018-CENARES
• SIE 46-2019-ESSALUD
• SIE 13-2019-CENARES (febrero 2020, inicio de la pandemia) 

El balance entre ofertas colusorias y competitivas evidencia patrones llamativos: en la LP SIP 18-2011-DARES, por ejemplo, se identificaron 326 ofertas colusorias frente a 237 competitivas. En otras, como LP SIP 29-2008-MINSA, hubo 187 ofertas concertadas frente a 355 independientes.

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Resolución de Indecopi

Según Indecopi, este cartel afectó la adjudicación de múltiples productos farmacéuticos destinados al abastecimiento de hospitales públicos, incluyendo soluciones como el cloruro de sodio, empleadas en la administración de medicamentos, reposición de líquidos y rehidratación; antibióticos como amoxicilina, azitromicina, meropenem y dicloxacilina, utilizados para el tratamiento de diversas infecciones; fármacos antineoplásicos como paclitaxel y temozolamida, así como inmunosupresores como el metotrexato, esenciales en el tratamiento de leucemias agudas y cánceres de cabeza y cuello; y antianémicos como el sulfato ferroso, entre otros medicamentos fundamentales para la atención sanitaria.

Se constató que organizaron tanto encuentros grupales como negociaciones uno a uno. Para evadir la detección, se abstuvieron de usar correos electrónicos y de sostener reuniones presenciales. Incluso llegaron a comunicarse mediante un lenguaje en clave y a emplear alias, con el fin de mantener su identidad en secreto.

Según indicaron en un comunicado, la asignación de licitaciones de esta manera genera un gasto excesivo para el presupuesto público, ya que los productos terminan adjudicándose a precios superiores a los que se habrían logrado si las empresas hubieran competido libremente. Asimismo, la Comisión ordenó que las empresas sancionadas implementen programas de cumplimiento de las normas de libre competencia durante cinco años, con el propósito de garantizar su acatamiento y reducir el riesgo de reincidencia en este tipo de infracciones.

La resolución aún puede ser impugnada ante la Sala Especialzada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, la cual definirá si confirma, revoca o anula la decisión. Una vez agotada esta vía, la medida solo podrá ser cuestionada ante el Poder Judicial.

Ex ministro de Salud Hernando Cevallos: "El problema es integral"

Para Hernando Cevallos, la multa de Indecopi no solo evidencia una colusión empresarial, sino un colapso deliberado de la capacidad del Estado para proteger la salud pública. El exministro afirma que durante años se permitió que “dos o tres empresas manejen el 80 o 90% de la comercialización de medicamentos”, creando un escenario donde la manipulación de licitaciones era prácticamente inevitable. Según Cevallos, prácticas como las que advierte Indecopi prosperaron porque el propio Estado “ha privilegiado los intereses de grandes empresas farmacéuticas”, generando un mercado donde la salud de los peruanos quedó subordinada a acuerdos privados y precios inflados.

Por otro lado, explica que este caso no es un hecho aislado, sino el resultado de fallas estructurales en la regulación y el abastecimiento estatal. Señala que entidades clave como la Dirección General de Medicamentos (Digemid) y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) operan con “controles de calidad y abastecimiento muy deficientes” y con direcciones altamente inestables, "incluso se pone a algunos directores con investigaciones abiertas", lo que abre espacio a pposibles actos de corrupción y a compras mal fiscalizadas. “Cenares compra y distribuye, pero nadie controla las compras que hace el Estado a las grandes empresas que se coluden”, advierte, resaltando una debilidad institucional facilitaría que las farmacéuticas dominen las licitaciones durante años sin ser detectadas.

El exministro es especialmente contundente sobre la posibilidad de que el propio Ministerio de Salud conociera lo que ocurría. Asegura que “no solo es posible, sino su responsabilidad”, dado que Cenares depende directamente del Minsa. Para Cevallos, el patron de cambio de cabezas en las instituciones designadas podría responder a determinados intereses. Esa cadena de decisiones, insiste, permitió que la manipulación de licitaciones pasara desapercibida durante más de una década, comprometiendo el presupuesto público y afectando el acceso de los pacientes a tratamientos básicos. "El problema es integral… necesitamos construir un Estado que proteja a la gente, no uno complaciente con grandes empresas”, concluye

José Gonzáles, exdirector de Cenares: Cenares puede reportar indicios de irregularidades

José Gonzáles, exdirector de Cenares, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, explica que las herramientas implementadas con el tiempo, como el paso de subastas presenciales a plataformas electrónicas, redujeron riesgos, pero no eliminaron la posibilidad de colusión. Asegura que “no es tan difícil advertir que algo no está funcionando bien” cuando en una licitación con varios registros sanitarios “solo se presentan uno o dos” proveedores, o cuando empresas distintas ofrecen “un mismo precio”, señales que pueden revelar coordinaciones indebidas. Aunque Cenares no tiene facultades sancionadoras, sí puede identificar y reportar “indicios” de actividades irregulares a otras entidades.

El exdirector también reconoce que estas distorsiones no solo comprometen la transparencia de las compras, sino que golpean directamente el presupuesto público y, por extensión, a los ciudadanos. Cuando el Estado paga precios inflados, dice, “se dejan de utilizar esos recursos para comprar más medicamentos o incorporar otros”, lo que termina afectando sobre todo “a la población que menos tiene”. Por ello, considera urgente fortalecer las capacidades de Cenares y ampliar la competencia del mercado, advirtiendo que este caso debe “marcar un precedente” para que la industria y el Estado retomen un rumbo común: garantizar que el paciente, y no los intereses comerciales, sea el centro de todo el sistema.

Empresas sancionadas

• B Braun Medical Peru S.A.
• Instituto Quimioterápico S.A.
• Laboratorios AC Farma S.A.
• Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L.
• Laboratorios Americanos S.A.
• Laboratorios Lansier S.A.C.
• Pharmagen S.A.C.
• OQ Pharma S.A.C.
• Laboratorios Portugal S.R.L.
• Laboratorios Unidos S.A.
• Medifarma S.A.
• Pereda Distribuidores S.R.L.
• Teva Perú S.A.

Finalmente, 13 empresas fueron sancionadas, y otras fueron retiradas debido a que no se consignaron elementos suficientes que permitan acreditar su participación en dicha conducta infractoria o determinar su responsabilidad.