Frontera Perú–Brasil: comunidades de Yurúa denuncian avance del Comando Vermelho y exigen acción urgente del Gobierno
Las comunidades del distrito de Yurúa enfrentan la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico y la tala ilegal, mientras activan iniciativas propias, como la Guardia Indígena Transfronteriza, para proteger reservas naturales y pueblos en aislamiento.
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Las comunidades indígenas del distrito de Yurúa, en la región Ucayali, han denunciado una alarmante expansión del crimen organizado en la frontera entre Perú y Brasil, protagonizado por la presencia del grupo armado transnacional Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil conocida por el tráfico de drogas, la extorsión a comerciantes y el control de territorios urbanos mediante la violencia y la corrupción.
Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y la Asociación de Comunidades Nativas del Distrito de Yurúa – Sheshea (ACONADIYSH), la ausencia del Estado ha permitido el avance de economías ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal y el contrabando, que hoy amenazan directamente la vida y los territorios de los pueblos amazónicos.
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Comunidades en la primera línea de defensa
Entre las comunidades más afectadas se encuentran Oori, Santa Rosa y Koshireni, localizadas entre las cuencas de los ríos Yurúa y Breu. Estas localidades actúan como parte del cinturón de protección de la Asociación de Conservación Comunal de Yurúa (ACCY) y como bloque de amortiguamiento para las reservas indígenas Murunahua y Mashco Piro, donde habitan Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA) como Mashco Piro y Mastanahua.
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En estas comunidades, la presencia de campamentos y chozas de personas ajenas a la población indígena ha sido documentada dentro de las reservas, mientras que avionetas clandestinas sobrevuelan la zona a baja altura entre las 2 a.m. y 5 a.m., usando pistas improvisadas para el transporte de drogas con destino final a Bolivia.
Narcotráfico, deforestación y expansión de economías ilícitas
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ha identificado actividad de deforestación en zonas como la Quebrada La Raya, anteriormente usada como pista clandestina de aterrizaje. Fuentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) en Pucallpa confirmaron que estas aeronaves transportan drogas provenientes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) por el corredor fluvial.
El ingreso del Comando Vermelho desde 2018 ha consolidado el control del transporte de estupefacientes en la Amazonía, mientras que la región de Ucayali ha visto un aumento en la producción de cultivos de hoja de coca, impulsado por organizaciones del narcotráfico que migraron desde el Vraem para evadir operativos antidrogas.
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Guardia Indígena Transfronteriza: respuesta desde los pueblos amazónicos
Frente a esta situación, AIDESEP, ORAU y ACONADIYSH impulsan la restauración del Puesto de Control Fronterizo del Hito 38, que servirá como base para la Guardia Indígena Transfronteriza Perú–Brasil. Este grupo indígena busca fortalecer el control territorial y proteger a las comunidades frente al crimen organizado.
“La creación de la Guardia Indígena y la reapertura del Hito 38 no son actos de confrontación, sino de esperanza y dignidad. Los pueblos indígenas sabemos organizarnos y exigimos que el Estado asuma su responsabilidad con seguridad, desarrollo y respeto”, señaló el Apu Jammer López Agustín, presidente de ORAU. La iniciativa es una medida de autodefensa pacífica para preservar la soberanía y seguridad en la frontera amazónica.
Llamado urgente al Gobierno
Las comunidades exigen presencia permanente de fuerzas de seguridad, coordinación efectiva entre los Ministerios de Defensa e Interior, protección de defensores indígenas, programas de desarrollo alternativo, mejoras de infraestructura y reconocimiento oficial de la Guardia Indígena Transfronteriza Perú–Brasil.
AIDESEP, ORAU y ACONADIYSH instaron al presidente José Jerí Oré a acudir al distrito de Yurúa y atender de manera inmediata la crisis de seguridad y abandono estatal que viven las comunidades en esta zona fronteriza.
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