Pacientes con cáncer alertan riesgo de posible recorte de más de S/110 millones en fondos para 2026
Colectivos y especialistas advierten que, sin presupuesto suficiente, leyes como la N.º 32431 podrían quedar solo en el papel y poner en riesgo los avances contra el cáncer en el país.
- Advierten limitaciones de la ley que impide despido de los trabajadores con cáncer
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El posible recorte de S/118.485.962 en el presupuesto destinado a la prevención y control del cáncer para el año 2026 ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones de pacientes. De acuerdo con la Ley N.º 32185, que aprueba el presupuesto público para el año fiscal 2025, este año se asignaron S/1.297.651.228 a dicha área. No obstante, el proyecto de ley para el próximo año contempla solo S/1.179.165.266. Aunque algunas partidas específicas han experimentado incrementos, diversos colectivos advierten que la reducción del presupuesto global podría poner en riesgo los avances logrados en favor de esta comunidad.
Por su parte, Esperantra, uno de estos colectivos, advierte que, aunque la reciente ley que prohíbe el despido de trabajadores con cáncer parecería un avance en esta lucha, la posible reducción del presupuesto destinado a la prevención de esta enfermedad evidencia el incumplimiento de una “promesa” de salud para el país basada en la Ley Nacional de Cáncer. Del mismo modo, Semáforo Oncológico advierte que “no importa cuántas leyes existan para proteger a los pacientes; sin presupuesto, cerrar la brecha será imposible”.
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La diferencia entre el presupuesto público 2025 y el que usaría el Estado en 2026 para la prevención y control del cáncer evidencia una reducción de S/118.485.962
Medida que no solo afectaría a pacientes, sino "a todo un ecosistema"
"No es solamente una cifra presupuestal, sino una decisión que impacta a todas las partes del ecosistema”, explica Maurice Mayrides, director de políticas públicas de Esperantra. Advierte que la medida afectaría múltiples factores, desde oncólogos y personal de enfermería hasta las áreas de investigación médica y la planificación del Ministerio de Salud. "¿Cómo les vamos a decir a los oncólogos: 'tú tienes menos fondos para ayudar a tus pacientes', y lo mismo a las enfermeras, a aquellos que dependen del apoyo social o las áreas de investigación. Son ellos los que realmente sostienen el sistema de tratamiento oncológico en el país", asegura.
Asimismo, advierte que este recorte podría detener avances cruciales, como la adquisición de medicamentos biológicos innovadores que han mejorado la calidad de vida de muchos pacientes. “Hay 12 acuerdos al nivel nacional para traer productos biológicos contra el cáncer. Esos logros están en riesgo con un corte del presupuesto”, advierte. Sin la financiación adecuada, estos tratamientos podrían dejar de estar disponibles, afectando directamente la atención y las posibilidades de recuperación de los afectados.
Por último, señala que el impacto se extiende también a la calidad y oportunidad del diagnóstico, lo que podría aumentar la mortalidad y profundizar las desigualdades en el acceso a la salud. “Cuando hay una reducción en el presupuesto, también la hay en la atención. Puede bajar la calidad, algunos medicamentos dejan de ingresar al país… eso implica que podría haber más casos sin detección temprana, incluso en etapas avanzadas”, alertan desde el Esperantra, subrayando que las familias vulnerables serían las más afectadas.
Un recorte injustificado
Mayrides también señala que, desde su perspectiva, el recorte evidenciado en el proyecto del presupuesto público 2026 carece de justificación lógica, y que no existe una razón válida para reducir la asignación de fondos cuando las condiciones que justifican su existencia siguen intactas. “En lo que respecta al cáncer en el Perú, ni el costo de la enfermedad ni la tasa de incidencia han cambiado. Las familias siguen necesitando, cada día, una atención de calidad y acceso oportuno al tratamiento. Por eso, no encontramos la lógica detrás de esta decisión. ¿Cómo se puede justificar una reducción presupuestal si el escenario sigue siendo el mismo?”, afirma.
Según datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), hasta febrero de este año se registró un total de 1.296.367 atenciones médicas en consulta externa en los últimos tres años por cáncer. De acuerdo a un reporte publicado en la página oficial del Gobierno sobre los Indicadores de Gestión Hospitalaria de la entidad, desde los años 2022, 2023 y 2024, se tiene constancia de 401.716 consultas en 2022, un total de 442.642 en 2023 y 452.009 en 2024, lo que evidencia un incremento.
Mayrides utiliza una analogía clara para ilustrar la incoherencia del posible recorte: “Si lo pensamos en micro, cuando un individuo o una familia tiene un gasto, ¿cuáles son las razones por las que se reduce ese gasto? Si hay un cambio en el precio, por ejemplo, o si hay un cambio en la situación familiar...”. Sin embargo, en el caso del cáncer en Perú, ninguna de esas condiciones ha variado. Por lo tanto, indica que reducir el presupuesto sería equivalente a que una familia recorte su gasto en alimentación o salud sin que sus necesidades hayan disminuido ni sus ingresos se hayan modificado.
Por lo tanto, al no existir una lógica que respalde este recorte y al persistir, e incluso aumentar, las demandas de atención, diagnóstico y tratamiento, la medida pone en riesgo no solo la salud de miles de pacientes, sino también los avances logrados en los últimos años. La decisión, en resumen, "no tiene sentido, no hay lógica", concluye el representante de Esperantra.
Ley N.° 32431: ¿una protección limitada?
La reciente promulgación de la Ley N. ° 32431 también es un tema de debate para estos colectivos. La nueva norma modifica varios regímenes laborales para declarar nulo cualquier despido motivado por un diagnóstico oncológico, incluso si el trabajador se encuentra en período de prueba o labora menos de cuatro horas diarias. Además, obliga a los empleadores a readaptar el puesto de trabajo si el paciente ya no puede desempeñarse como antes, sin reducir su remuneración.
Sin embargo, los colectivos evidencian que, si bien es un avance en materia de lucha contra el cáncer a nivel social, presenta importantes limitaciones en la protección de pacientes. Indyra Oropeza, de Semáforo Oncológico, es tajante y afirma que "no es suficiente". De acuerdo a sus declaraciones, un tratamiento oncológico implica hospitalizaciones, fatiga, efectos secundarios y ausencias frecuentes. Por lo que, "para que exista realmente una vida laboral digna, no basta con no ser despedido: se necesitan ajustes razonables, flexibilidad, licencias adecuadas y programas de reinserción".
Uno de los riesgos más latentes, en sus palabras, es que, al centrarse únicamente en evitar el despido, la norma pueda generar discriminación encubierta en etapas previas, como la contratación. Además, insiste en que la ley debería acompañarse de campañas de sensibilización e instrumentos contra la discriminación laboral desde el inicio del vínculo. “Muchas empresas desconocen lo que implica vivir con cáncer”, advierte. Además, indica que no existen protocolos claros para adaptar condiciones laborales, como horarios o cargas de trabajo, lo que evidencia una desconexión entre la norma y la realidad.
Por su parte, el especialista Germán Lora profesor de derecho de la Universidad Pacífico, rescata que la norma se recarga demasiado sobre una sola herramienta: la estabilidad laboral. “Estamos forzando la permanencia en el puesto como si fuera la única forma de proteger. Pero hay otros caminos: indemnizaciones diferenciadas, garantías de acceso a salud, reinserción laboral efectiva”, sostiene.
Sin presupuesto, no hay protección
Si embargo, advierte que uno de los puntos más críticos es el financiero. Subraya que sin presupuesto, incluso las mejores leyes pueden volverse simbólicas y vacías. “Mientras el presupuesto para cáncer siga reduciéndose, todas estas protecciones corren el riesgo de quedarse en letra muerta”, afirma. Esta reflexión conecta directamente con la reducción presupuestal proyectada para el próximo año, una decisión que, como indica, no solo pone en riesgo el acceso al tratamiento, sino que también socava las garantías laborales que intenta establecer esta ley.
Advierte que el paciente con cáncer no solo necesita conservar su empleo; sino un ecosistema integral de apoyo, desde atención médica de calidad hasta políticas de reinserción, subsidios y cuidado emocional. Sin una inversión coherente por parte del Estado, esa visión integral seguirá siendo una promesa inconclusa.
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