Cajamarca: Destruyen 22 socavones y 20 campamentos de minería de oro ilegal
Operación fue ejecutada por la Dirección de Medio Ambiente de la PNP y el Ministerio Público en los distritos de Hualgayc y Chogur, en la provincia de Hualgayoc. Según las autoridades había una extracción promedio de 900 gramos de oro mensuales.
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La destrucción de maquinaria y material minero, socavones y campamentos valorada en más de US$ 80 millones 730 marcó el resultado de una reciente ofensiva de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional contra la minería ilegal en en los distritos de Hualgayoc y Chogur, provincia de Hualgayoc, región Cajamarca.
La acción, además de frenar la producción criminal de oro, busca mitigar el daño ambiental y debilitar las finanzas de organizaciones criminales, informaron fuentes oficiales de la PNP a La República.
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En el desarrollo de operaciones coordinadas, las fuerzas del orden intervinieron en puntos estratégicos de la región, afectando directamente a las estructuras de estas mafias que venían operando desde hace cinco años.
Las autoridades ubicaron e inutilizaron de manera controlada 22 socavones de producción minera ilegal. De forma paralela se intervinieron 20 campamentos.
Asimismo, se logró la inutilización de tres retroexcavadoras, 6 generadores eléctricos, cinco motores diésel, dos compresoras de aire, combustibles entre otros bienes e implementos. Este material era empleado para la extracción ilícita de oro.
No fueron capturadas las personas que se encontraban en el lugar realizando esta actividad ilegal, pues lograron escapar a tiempo, alertados por sus centinelas instalados en las partes altas de los cerros.
Con base en los datos proporcionados por las autoridades, esta actividad ilícita llevaba aproximadamente de tres a cinco años en funcionamiento, con una extracción promedio de 900 gramos de oro mensuales.
De igual manera, se afectaron las fuentes de financiación de una organización criminal, dijo el general Manuel Lozada Morales, jefe de la Dirección de Medio Ambiente PNP.
“Vamos a continuar desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales con el Ministerio Público, el Gobierno Regional de Cajamarca, la División Contra Minas, la Dinoes, con el objetivo de debilitar las capacidades de amenaza, aportar a la sostenibilidad ambiental y proteger la biodiversidad, así como los recursos naturales e hídricos de esta región estratégica de Cajamarca”, dijo el oficial a La República.
María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), en una entrevista para la Red de Comunicación Regional (RCR) dijo que en 2020, las denuncias por minería ilegal sumaban alrededor de 800 a nivel nacional. Hoy superan las 2,500.
Las regiones más afectadas, señaló, son Madre de Dios, La Libertad y Puno.
En los últimos cuatro años, las denuncias contra esta actividad criminal se han triplicado. En Madre de Dios, los casos crecieron en más de 300; en La Libertad, en más de 250; y en Puno, en más de 120.
En efecto, minería ilegal se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales del país debido a su avance sostenido en distintas regiones.
Este problema, además de ser un desafío permanente, viene creciendo, y sus consecuencias sociales y económicas son cada vez más visibles.
