Registro genético en manos de la PNP: Congreso aprueba dictamen y expertos cuestionan riesgos éticos y legales
La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso con 14 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención y ha desatado un fuerte debate por sus implicancias éticas, técnicas y legales.
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Este 14 de octubre, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen que propone la creación del Registro Nacional de Perfiles Genéticos, una base de datos de ADN destinada a fortalecer las investigaciones criminales y la identificación de personas en el país. La iniciativa, que unifica los proyectos de ley N.º 7631/2023-CR y 10504/2024-C, busca que la Policía Nacional del Perú administre este sistema para recopilar, conservar y cotejar perfiles genéticos de víctimas, investigados y condenados, con el fin de mejorar la eficacia en la persecución del delito y la identificación forense.
La iniciativa fue aprobada con 14 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención y ha desatado un fuerte debate por sus implicancias éticas, técnicas y legales. En entrevista con La República, Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP, fue enfático: “Es inviable. No tenemos ni la tecnología, ni el personal, ni el presupuesto para sostener una iniciativa de esta magnitud”. Por su parte, Germán Vargas advierte desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acerca del riesgo institucional y de garantías fundamentales que conlleva el proyecto.
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Eduardo Pérez Rocha advierte deficiencias técnicas y operativas
Pérez Rocha advirtió que la Policía Nacional no cuenta con la infraestructura básica para operar una base de datos genética. “Estamos hablando de algo que no tiene la institución. No tenemos equipamiento ni técnicos capacitados”, señaló. Añadió que, en regiones como Trujillo, las pruebas criminalísticas aún deben enviarse a Lima por falta de laboratorios adecuados. Según el exjefe, incluso los nuevos equipos especiales para enfrentar el crimen organizado están limitados por falta de locales, personal y tecnología. “Ni siquiera tenemos maletines criminalísticos completos. ¿Cómo vamos a manejar una base de ADN?”, cuestionó.
Además, cuestiona la capacidad presupuestal de la institución para una iniciativa de este tipo: "¿Qué cantidad de presupuesto va a requerir el Ministerio Público, qué cantidad va a requerir el Poder Judicial para tener esos equipos, necesita locales, tecnología de punta, y en la Policía, lo simple no lo tenemos (...)Ya, el presupuesto, como hemos visto, ha tenido un incremento, creo, del 12% nada más, con relación al del año pasado (...) Es imposible que en los 8 meses y días que le queda a este gobierno se pueda llevar a cabo esto", afirma. “Esto es algo que se lanza como moderno, pero no hay capacidad para ejecutarlo. Ni siquiera Reniec tiene bases de rostros actualizadas”, comentó, refiriéndose a cómo incluso las fotos en los registros de requisitorias están desactualizadas y son poco útiles para la identificación en campo.
Una propuesta y una institución cuestionada
Uno de los puntos más preocupantes es la advertencia sobre los riesgos éticos e institucionales de poner información genética sensible bajo control policial. El exjefe reveló que, solo entre enero y septiembre de este año, más de 1.300 policías han sido implicados en delitos graves o faltas disciplinarias, incluyendo violación, corrupción y abuso de autoridad. “Tenemos cerca de 1.000 policías detenidos por delitos de enero a septiembre del 2025. Esto es algo que debe preocuparnos", acotó Rocha.
"Si estamos con este problema de autoridades comprometidas a hechos delictivos y órdenes de detención, en el supuesto caso que llegue esta tecnología, yo creo que es casi seguro que esas cifras aumentarán y lógicamente podría incentivarse la impunidad mediante pagos para evitar la intervención. Esto es algo grave", señaló. Además, alertó sobre casos frecuentes en los que las denuncias policiales terminan filtrándose a los mismos extorsionadores, lo que sugiere que existirían estructuras de corrupción funcionando dentro de comisarías. “Una persona va a denunciar, y minutos después recibe una llamada del delincuente. ¿De dónde sale la información? De la misma dependencia policial”, dijo.
Vargas, en este sentido, advierte que, sin los controles adecuados, este banco podría usarse para persecución política o estigmatización: “Van a tener el perfil genético de todas las personas a las que se presuma comprometidas en alguna inconducta y hacer con esa información lo que les parezca”. Agrega que, en un momento en que la protesta social viene siendo objeto de criminalización, convertir un banco genético en instrumento policial sin supervisión independiente se vuelve particularmente riesgoso: “Es muy peligroso. Se puede perjudicar a personas que ejerzan su derecho a la protesta y puede afectar otros derechos a partir de un banco genético como ese, que no tiene controles y que no está tampoco soportado en una organización con la especialización suficiente”.
"Hablamos de instituciones guberamentales que lo único que han hecho es generar un clima de desconfianza muy grande y que ahora pretenden presentarse como aquellas que buscan proteger al ciudadano", afirma.
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Exclusión del Ministerio Público
Uno de los 7 votos en contra para este dictamen provino de la congresista Ruth Luque. A través de una publicación en redes sociales, la parlamentaria se mostró en contra argumentando que la propuesta excluye completamente al Ministerio Público y no toma en cuenta la experiencia del Instituto de Medicina Legal (IML), dos entidades clave en la investigación criminal y en la protección de garantías constitucionales. Criticó que se le otorgue a la PNP el control total de esta información sensible, justificando que, pese a que se dice que es para perseguir el crimen, no se hace distinción entre delitos ni entre víctimas y personas no sentenciadas.
En este sentido, Vargas respalda que la iniciativa está “ignorando totalmente” las atribuciones constitucionales del Ministerio Público, encargado de dirigir la investigación penal y proteger los derechos de la sociedad. “La propuesta, digamos, denota una vez más la animadversión hacia el Ministerio Público, que ya deviene en lo irracional, y lleva a plantear propuestas que son desde todo punto de vista inaceptables por parte de una institución que esta desprovista, desde el Gobierno pasado y sin marcar la diferencia en este, de estamentos especializados que tenía la PNP para investigar el crimen”, explica.
"Saca de escena a la institución que debería estar encargada desde un inicio de la investigación de este tipo de trabajo y deja a la Policía tal cual la tenemos ahora (...) no por culpa de los policías, sino de las personas que tienen el liderazgo de esta institución tan importante. De un Interior totalmente entregado a intereses que no son los de investigar el crimen y de un Congreso que lo que ha hecho es emitir normas que favorecen justamente las organizaciones criminales", agrega.
Falta estrategia real: “No hay táctica, por eso fallan”
El exjefe de la PNP hizo una reflexión sobre la falta de planificación estratégica del Estado en materia de seguridad. “Estrategia es saber qué hacer, pero táctica es saber cómo hacerlo”, explicó. Según dijo, este tipo de propuestas suelen fracasar porque no son prácticas, ni están adaptadas a la realidad institucional, ni cuentan con aceptación política ni técnica. “Esto no cumple con los tres requisitos básicos de una buena táctica: debe ser adaptable, practicable y aceptada. Si no tiene eso, está destinada al fracaso”.
Por su parte, Vargas es claro "debe existir control civil y una fiscalía epecializada que se encargue de esta iniciativa y someterla a consulta a instituciones médicas o de defensa de derechos, identificar estos estos estándares para no desatenderlos”. Además, señala que deben existir objetivos más claros y no tan generales para su uso, como en Argentina, en donde estos bancos se utilizan para localizar víctimas menores de edad que fueron separadas de sus madres. "Esto que podría ser una buena alternativa en otros contextos, en el nuestro ahora es una amenaza. Es una amenaza más a los derechos de las personas”, señala. Por ello, insiste en la importancia de “examinar, conocer bien la experiencia en otros contextos, leer bien lo que significa, cómo se va desarrollando y aprender de eso", concluye.

























