Oscuros secretos: Por solicitar coimas sentencian a 2 comisarios y a 4 suboficiales PNP

El reciente fallo de dos Tribunales por el que resultaron condenados seis efectivos policiales, entre ellos dos comisarios, constituye una decisión ejemplar y marca una senda promisoria en cuanto al destino judicial de quienes usan el uniforme y a las fuerzas de seguridad para cometer delitos, en algunos casos conformado redes de recaudación y distribución de dinero ilegal.

No es la primera vez que la Justicia comprueba y condena la existencia de una práctica extorsiva. En las últimas 48 horas estos malos agentes de la Policía Nacional fueron sentenciados en Huánuco y en Piura.

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“Nadie, nadie puede tener algún vínculo con la ilegalidad. Nosotros combatimos la ilegalidad, no la promovemos. Y hay una línea investigamos a policías que han violado la ley. No lo permitiremos y esas acciones va contra todo aquel que cruce la línea de la legalidad”, fueron las palabras del nuevo Inspector General de la PNP, teniente general Carlos Céspedes Muñoz.

El jueves, tres suboficiales de la PNP fueron condenados a siete años y seis meses de prisión efectiva por exigir dinero a un ciudadano detenido durante un operativo de control en Huánuco.

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Los sentenciados son Elar Giancarlo Mallqui Parra, quien realizaba funciones de comisario, así como César Kilder Garay Cipriano y Edil Maguiña Asparrín. A ellos se les halló culpables del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, según la Corte Superior de Justicia de Huánuco.

Durante un operativo policial en el caserío Inti-Lota, en el distrito de Monzón, los agentes intervinieron a Eleuterio Pardo Palacios, quien tenía una requisitoria vigente.

Sin embargo, en vez de cumplir con el procedimiento de ley le exigieron S/500 para no llevarlo a prisión. El monto se elevó luego a S/1,000, y presionaron incluso a sus familiares para que consiguieran el dinero.

Al no obtener el dinero, los suboficiales trasladaron al detenido hasta su domicilio, donde solicitaron a su pareja reunir el monto solicitado “para no llevarlo a la cárcel”. Incluso les sugirieron vender una chacra.

Luego, uno de los agentes acompañó al intervenido a buscar préstamos en un puesto de salud y otras viviendas del centro poblado.

Cansado de tanto abuso y acoso, Pardo Palacios acudió a la Defensoría Pública y denunció el caso en la Fiscalía de Monzón. Así, el Ministerio Público organizó un operativo encubierto utilizando una cámara espía. La grabación confirmó que el DNI seguía retenido en la comisaría, y evidenció cómo uno de los policías indicaba dónde estaba escondido el documento. También se demostró otras pruebas.

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Además de la prisión efectiva, los suboficiales fueron inhabilitados para ejercer cargo público durante el tiempo que dure su condena. “La Fiscalía destacó que este fallo representa un paso importante en la lucha contra la corrupción policial, al demostrar que “ningún funcionario está por encima de la ley”.

MAYOR Y DOS SUBOFICIALES

Aunque su deber principal es proteger a la ciudadanía, en Piura fueron encarcelados un oficial y dos suboficiales de la Policía Nacional por el presunto delito de cohecho pasivo, tras haber solicitado a una persona 5 mil soles para devolverle su vehículo intervenido durante un operativo.

El viernes la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana logró que el Juzgado Anticorrupción dicte 9 meses de prisión preventiva contra el jefe de la comisaria El Obrero, mayor Francy Barzola Alvarez y contra los suboficiales Andy Llenque Suclupe y Richard Cherres Antón.

Los representantes del Ministerio Público acreditaron los elementos de convicción que vinculan a los imputados con la referida investigación.

Al suboficial de tercera Cherres Antón se le imputa en calidad de presunto autor, mientras que al mayor Francy Barzola y al suboficial de segunda Llenque Suclupe, se les acusa de presuntos cómplices del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

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Ello debido al haber solicitado la cantidad de S/ 5,000 al denunciante, a fin de devolverle su camioneta Dong Feng, de color blanco.

Dicha intervención fue ejecutada el 10 de enero del 2025 por los suboficiales Cherres Antón y Llenque Suclupe, mientras realizaban un operativo policial dispuesto por el mayor Francy Barzola Álvarez en asentamiento humano José Carlos Mariátegui, en Sullana.

El vehículo contaba con una orden de captura vigente por motivo de deuda, con fecha 10 de diciembre 2024, solicitado por el 9° Juzgado civil comercial Lima. La unidad fue internada en la comisaría de El Obrero.

Sin embargo, posterior a los hechos, el denunciante presentó toda la documentación requerida por los efectivos policiales a fin de efectuar la devolución, tales como; la resolución judicial de levantamiento de la orden de captura, el pago de la deuda y la carta de no adeudo emitida por la entidad financiera Santander.

No obstante, los efectivos persistieron en la negativa de la devolución del vehículo, condicionándolo con el pago de S/ 5,000 a fin de entregar la unidad.

TAMBIEN SUBOFICIAL FAP

De otro lado, la fiscalía contra la trata de personas de Lima Centro (Equipo 1) logró 18 meses de prisión preventiva para Gerardo Chunga Z. (38), suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en situación de retiro, investigado por los delitos de explotación sexual de menores de edad agravada y pornografía infantil agravada.

 El fiscal adjunto provincial Luis Mejía Izaguirre sustentó en audiencia que existen graves y fundados elementos que vinculan al investigado con los delitos imputados, así como el peligro procesal de que interfiera en la investigación.