Corrupción policial: capitán y suboficial son sentenciados a prisión por coima de S/30 mil

La condena a dos efectivos de la Policía Nacional del Perú provocó en las últimas horas un impacto de importancia en esa institución.

Se trata de un oficial y de un suboficial que fueron el brazo investigativo y ejecutor de la División de Investigación en Delitos de Alta Complejidad (Diviac), la unidad creada combatir la corrupción de funcionarios, lavado de activos, tráfico de terrenos, sicariato, trata de personas, robo agravado y extorsión.

Se trata del capitán de la PNP José Raúl Pérez del Campo y el suboficial PNP Edwin Hernández Huamani.

En la Diviac eran conocidos como ‘los incorruptibles’ y, según sus compañeros, su trabajo era imprescindible para llevar adelante las investigaciones por corrupción, sin imaginarse los episodios delictivos en los que estuvieron envueltos.

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La sospecha es que habrían advertido a víctimas de extorsión las medidas que se ordenaban, porque las conocían antes de ser ejecutadas. Por eso se dice que su caso podría ser una causa que no tiene horizonte.

Esta historia comenzó en agosto del 2019 cuando los investigados fueron detenidos acusados filtrar información de las investigaciones que maneja la Fiscalía y la Policía Nacional contra organizaciones investigadas en delitos de corrupción a personas involucradas en corrupción a cambio de dádivas. El dato fue la punta del iceberg que desnudó la trama de corrupción policial.

CONDENADOS A PRISIÓN EFECTIVA

Ayer, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Tercer Despacho) logró que los dos policías fueran condenados a más de seis años de prisión por pedir una coima de S/ 30.000 a un intervenido en Chiclayo, Lambayeque, a cambio de no ponerlo a disposición del Ministerio Público.

José Raúl Pérez fue condenado a siete años, ocho meses y 18 días de prisión en calidad de autor del delito de cohecho pasivo, propio en el ejercicio de la función policial; mientras que, Edwin Hernández, recibió una condena de seis años, 10 meses y nueve días de prisión, en calidad de cómplice del mismo delito.

Con ellos también fue condenado el ciudadano Daniel Pizarro, en calidad de cómplice, a seis años, 10 meses y nueve días de prisión. Los tres sentenciados, además, fueron inhabilitados por el mismo plazo para el ejercicio de la función pública.

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Según la investigación fiscal, conducida por los fiscales adjuntos provinciales Josef Carreño Rodríguez y Sandro Chuquillanqui Castiglione, los ahora sentenciados intervinieron a una persona, en agosto de 2019, durante un operativo policial en el que detectaron que hacía ingresar irregularmente a postulantes a una universidad nacional.

Sin embargo, en lugar de seguir el procedimiento correspondiente, solicitaron una coima de S/ 30.000 a fin de no ponerlo a disposición del Ministerio Público para las investigaciones respectivas. Del monto solicitado, los policías obtuvieron S/ 14.000.

COCHECHO PASIVO PROPIO

El 30 de marzo del 2023, la Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Lambayeque, había confirmado una sentencia que condenó a José Raúl Pérez del Campo, a 35 años de pena privativa de libertad efectiva, por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y otros.

Durante la audiencia el fiscal adjunto superior Francisco Drexler Peña, solicitó se confirme la resolución de primera instancia al haberse acreditado con medios probatorios, que el sentenciado eliminó información de equipos celulares incautados a personas investigadas por la Fiscalía y la PNP a cambio de dádivas.

Según lo actuado, en el 2019, el sentenciado se comunicó con Jimmy Imaña Tamay y Hamiltong Campos; con la finalidad de que éste en su calidad de oficial de la Policía Nacional y jefe del Área de Apoyo Técnico de la Dirnic-Diviac-Depdiac de Chiclayo, elimine información de los celulares incautados por el Ministerio Público a éstas personas, a efectos de no perjudicar su situación jurídica, solicitando al primero la suma de 15 mil soles y al segundo la suma de 10 mil soles.

Esto quedó acreditado con declaraciones de colaboradores eficaces, actas de transcripción de audios, reportes de llamadas telefónicas y movimientos bancarios de los mencionados.

Al sentenciado, también se le confirmó entonces la condena por la venta ilegal de diversos equipos tecnológicos incautados a personas comprendidas en las investigaciones efectuadas por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Chiclayo, así como, por el secuestro agravado de Jesús Quiroz Quezada, corroborando los hechos, con las declaraciones de los colaboradores eficaces, de las personas que habían adquirido los equipos tecnológicos y de los familiares (madre, hermana y conviviente) del agraviado.

También se confirmó la sentencia condenatoria contra Jimmy Imaña Tamay y Hamiltong Campos, por el plazo de cuatro años de pena privativa de libertad efectiva, al haber entregado dinero (coima) al imputado Pérez del Campo, para que éste borre la información contenida en sus celulares y que perjudica su situación jurídica en las investigaciones en su contra; ordenándose su ubicación y captura a nivel nacional.

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De igual manera, se confirmó la sentencia condenatoria contra la letrada Zoila Rosa Vega Quiroz, por el plazo de 4 años suspendida condicionalmente en su ejecución por el período de prueba de 3 años, por su participación como cómplice en los hechos que involucraron al también sentenciado Jimmy Imaña.

En la resolución se fijó que el sentenciado Pérez del Campo, cancele la suma de 80 mil soles por concepto de reparación civil.

ANULARON SENTENCIA DE 35 AÑOS

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, declaró la nulidad de la sentencia en el extremo absolutorio a favor de José Raúl Pérez del Campo (autor) y los efectivos policiales Daniel David Pizarro Delgado y Eduin Eiser Hernández Huamán, por su participación en la solicitud de dinero por la suma de 30 mil soles a la persona de Julio Iván Cabrera Galindo.

Esto con la finalidad de que no se informe de su presunta detención a la Fiscalía de turno de Chiclayo ni se realice la documentación respectiva, ya que éste último se encontraba involucrado en el ingreso ilegal (mediante la ayuda de implementos tecnológicos) de postulantes a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque- en el examen de admisión 2019-II- de esa Casa Superior de Estudios.

Se ordenó la realización de un nuevo juzgamiento por parte de otro órgano jurisdiccional que culminó ayer con una nueva sentencia.