“Queremos trabajar sin miedo”: Transportistas piden acciones concretas al gobierno de Boluarte en tercer día de protestas

Por tercer día consecutivo, transportistas de diversas empresas de Lima realizaron un paro y bloquearon importantes vías de la ciudad, movilizándose hacia el Congreso de la República, ubicado en la avenida Abancay, para exigir medidas de seguridad frente a la ola de asesinatos, atentados y extorsiones que afecta al sector. La protesta, que se desarrolla desde el jueves 25 de septiembre tras los ataques a las empresas Las Flores (57), Transportes Huáscar, Roma y Santa Catalina, busca que el Gobierno de Dina Boluarte adopte acciones concretas para proteger la seguridad de los trabajadores.

Durante la mañana del 27 de septiembre, unidades de empresas como Línea 41 y Roma bloquearon paraderos en Puente Piedra y San Martín de Porres, sobre la Panamericana Norte, así como en las avenidas Central y Wiese en San Juan de Lurigancho. Los transportistas exhibían pancartas con mensajes como “Queremos trabajar sin miedo”, “No al cobro de cupos” y “Mi familia me espera”, junto a imágenes de compañeros fallecidos por extorsión. Los conductores denunciaron que la violencia contra el sector sigue en aumento y que los recientes atentados y asesinatos no han recibido respuesta efectiva de las autoridades.

PUEDES VER: El 'Monstruo' cayó por exnovio de actual pareja: ropa interior del criminal tendida en su casa lo delató

Paro de transportistas en Lima genera bloqueos y suspensión de clases

Los manifestantes continuaron bloqueando rutas, y se reportaron unidades de transporte con llantas reventadas y daños menores. Tras estos cierres, los buses avanzaron desde distintos puntos de la capital, como la avenida Wiesse, hacia el puente Acho y la avenida Abancay, donde un grupo de conductores se concentró frente al Congreso, exigiendo al Estado medidas concretas de seguridad. La Policía Nacional del Perú (PNP) instaló cordones de seguridad para resguardar el tránsito y evitar enfrentamientos, mientras los transportistas mantenían sus reclamos.

El paro tuvo un efecto inmediato en la movilidad de la ciudad. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que los servicios del Corredor Morado en San Juan de Lurigancho operaron únicamente hasta el paradero Bayóvar, y que el alimentador Puente Piedra suspendió temporalmente sus recorridos, los cuales se restablecieron tras el paso de los manifestantes.

En medio de la medida de fuerza, la Gerencia de la línea 50, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho al Callao, anunció la paralización de sus servicios hasta nuevo aviso por la falta de garantías para operar de manera segura.

PUEDES VER: Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú: “Solo el resultado se enviaría a Lima”

El paro también afectó la rutina educativa. Universidades como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), así como institutos de idiomas, anunciaron que sus clases presenciales se realizarían de manera virtual para garantizar la seguridad de estudiantes y personal académico. Además, se recomendó a los usuarios prever retrasos y considerar rutas alternativas.

Gremios de transportistas exigen seguridad por sus vidas

La Asociación Nacional de Conductores del Perú convocó a un paro de transporte los días 27 y 28 de septiembre en protesta por la inseguridad, extorsiones y asesinatos que afectan al sector urbano. La medida se realiza en respaldo a la marcha de la ‘Generación Z’, que también se desarrollará en esas fechas. El presidente del gremio, Miguel Palomino, denunció que, tras tres reuniones con el Gobierno y el Congreso con acuerdos previos sobre seguridad ciudadana, ninguno de los compromisos se ha cumplido y pidió la instalación de una mesa multisectorial que proteja la vida de los choferes.

Durante la movilización, los transportistas presentaron propuestas concretas frente a la crisis de inseguridad. Algunos conductores solicitaron la creación de una ley de seguro de vida que proteja a los trabajadores y a las familias de víctimas de extorsión y ataques criminales, mientras otros denunciaron la falta de presencia policial y la necesidad de establecer mecanismos de protección efectivos para garantizar la integridad de los choferes en sus recorridos diarios. “Cada ciudadano debe tener un seguro de vida por muerte a causa de la extorsión y la delincuencia. Vamos a plantear eso”, expresó Campos.

Las empresas participantes recalcaron que la paralización no busca afectar al usuario, sino visibilizar la gravedad de la situación. Los conductores denunciaron que la violencia ha escalado en los últimos días, con atentados recientes contra colegas de las líneas Huáscar, Santa Catalina, Roma, La 57 y Línea 41, obligando incluso a suspender temporalmente los servicios en algunas rutas. La medida se intensificó tras los ataques del miércoles 24 de septiembre, cuando extorsionadores dispararon contra dos unidades, dejando heridos a un conductor y a un menor de 15 años. “No podemos seguir trabajando bajo amenaza de muerte; necesitamos que nos garanticen seguridad. Es injusto que personas inocentes sean atacadas solo por cumplir con su labor”, declaró un conductor de San Juan de Lurigancho.

Al cierre de la nota, los transportistas se unieron a los jóvenes de la denominada 'Generación Z' para una movilización conjunta, que busca visibilizar la crisis de inseguridad y rechazo al Estado.