Congreso y sus propuestas que afectan a la mujer: desde eliminar el feminicidio a castigar denuncias

Varios proyectos de ley presentados en el Congreso han generado gran preocupación entre organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, que advierten que estas propuestas representan un retroceso frente a los avances logrados en la lucha contra la violencia de género en los últimos años. Iniciativas como la eliminación del delito de feminicidio del Código Penal o la penalización de mujeres que denuncian violencia, aseguran que, podrían debilitar las leyes de protección y favorecer la impunidad de los agresores.

Una de las iniciativas que ha generado controversia es el Proyecto de Ley N.° 11561, que busca incorporar el artículo 402-A al Código Penal. Esta propuesta de Alejandro Muñante (Renovación Popular) busca sancionar con penas de cárcel de entre tres y seis años a quienes interpongan “denuncias falsas” en procesos de violencia familiar.

Esta propuesta surge con la intención de "proteger a las personas acusadas erróneamente de violencia"; Sin embargo, esta medida podría intimidar a las mujeres que ya enfrentan barreras para denunciar, al generar miedo de ser acusadas de mentir. Esto podría resultar en una menor cantidad de denuncias y una mayor revictimización de las víctimas de violencia familiar.

Asimismo, propone modificar la Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para que la figura de denuncia falsa se considere una agravante penal.

“Cuando una mujer va y denuncia a su pareja en una comisaría, le entregan a la denunciante una ficha en la que deben marcar del 1 al 10 cuánto considera que su pareja puede ser un potencial feminicida y como la mujer tiene cólera le pone 10”, afirmó Muñante en la sesión de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso realizada el lunes 8 de septiembre.

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Buscan eliminar el delito de Feminicidio del código penal

Asimismo, el Proyecto de Ley n.° 10342/2024-CR, presentado por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, tiene como objetivo eliminar el delito de feminicidio del Código Penal y reemplazarlo por el de “asesinato de la pareja”.

Esto, a pesar de que hasta julio de 2025 se han registrado 90 feminicidios y 167 tentativas de feminicidio, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

Esta iniciativa, que permanece en comisión, busca cambiar la definición del feminicidio que hoy califica el asesinato de una mujer “por su condición de tal” y reemplazarla por “conyuge o conviviente” como sujetos del delito, sin reconocer a dimensión de violencia de género.

Cabe recordar que el delito de feminicidio fue incorporado al Código Penal peruano a través de la Ley n° 29819, que fue promulgada el 26 de diciembre de 2011. Esta norma modificó el artículo 107, estableciendo una pena privativa de libertad no menor de 25 años cuando la víctima es o ha sido cónyuge, conviviente o ha mantenido una relación análoga con el agresor.

Ante este panorama, Katherine Flores Mendoza, presidenta de Familias Unidas por Justicia: Familiares de Víctimas de Feminicidio, señaló que esta propuesta representa un grave retroceso en la lucha contra la violencia hacia la mujer, ya que el feminicidio es un delito que reconoce la discriminación estructural contra las mujeres y la violencia de género. Asimismo, resaltó que las cifras de feminicidios siguen en aumento en el país.

Flores explicó que, de aprobarse esta iniciativa, se afectaría directamente la asistencia económica que reciben los hijos, hijas y personas con discapacidad que dependían de las víctimas. Esta ayuda está contemplada en el Decreto de Urgencia 005-2020, que garantiza un subsidio económico en casos de feminicidio. Sostuvo que si se elimina esta figura penal, las víctimas indirectas perderían el acceso a esa reparación económica en futuros casos, agravando aún más su situación de vulnerabilidad.

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Congreso propone eliminar Centros de Emergencia Mujer

No es todo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció que los congresistas Américo Gonza, Lucinda Vásquez y Waldemar Cerrón promovieron proyectos de ley que contemplan la absorción de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) por una nueva superintendencia, lo que debilitaría seriamente este programa clave del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Los Centros de Emergencia Mujer, que actualmente brindan atención integral a las víctimas de violencia de género, se verían despojados de su enfoque multidisciplinario que incluye asesoría legal, atención psicológica y acompañamiento social.

En lugar de esto, la propuesta de reforma contempla la creación de un organismo nuevo, con un enfoque limitado a la asesoría legal, dejando fuera los servicios de apoyo psicológico y social esenciales para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Retroceso en la lucha contra la violencia hacia la mujer

Ante esta situación, Shely Cabrera, abogada de Manuela Ramos, indicó que, las pocas políticas de género que se han implementado son paulatinamente desmanteladas por iniciativas legislativas que atentan contra la educación sexual integral, una de las formas más efectivas de prevenir la violencia.

"Vemos proyectos de ley que buscan eliminar las políticas que brindan atención a las víctimas que ya han sufrido violencia. El hecho de querer eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por asesinato de pareja, cuando el feminicidio no solo se da en el contexto de una relación de pareja, es un claro retroceso. Además, el querer criminalizar a las denunciantes por violencia de género, simplemente porque el sistema de justicia no está funcionando adecuadamente, es preocupante".

Asimismo, destacó que actualmente se registran denuncias de abuso sexual cada 40 minutos, y que esta cifra sigue aumentando.

"Estamos viendo que el ataque contra las políticas de género está siendo realmente grave. Lo primero es implementar mejor las políticas que ya tenemos, capacitar al personal encargado de la contención y atención de casos, tanto en el ámbito jurídico como en el sector de la salud", sostuvo.

Cabrera también señaló que, aunque el Estado sigue garantizando por ley las protecciones mínimas a las mujeres, estas están siendo amenazadas cada vez más por una avanzada antiderechos, mencionan, que solo buscan llamar la atención en estos tiempos de elecciones.