Mientras los casos de feminicidio aumentan a 90 este año, conservadores proponen eliminar este delito del Código Penal

En el Congreso se impulsa una propuesta conservadora que podría retrasar la lucha contra la violencia hacia la mujer. Se trata del Proyecto de Ley n.° 10342/2024-CR, presentado por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, que busca eliminar el delito de feminicidio del Código Penal y reemplazarlo por el de “asesinato de la pareja”.

Esto, a pesar de que hasta julio de 2025 se han registrado 90 feminicidios y 167 tentativas de feminicidio, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

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Cabe recordar que el delito de feminicidio fue incorporado al Código Penal peruano a través de la Ley n° 29819, que fue promulgada el 26 de diciembre de 2011. Esta norma modificó el artículo 107, estableciendo una pena privativa de libertad no menor de 25 años cuando la víctima es o ha sido cónyuge, conviviente o ha mantenido una relación análoga con el agresor.

Sin embargo, esta iniciativa, que permanece en comisión, busca cambiar la definición del feminicidio que hoy califica el asesinato de una mujer “por su condición de tal” y reemplazarla por “conyuge o conviviente” como sujetos del delito, sin reconocer a dimensión de violencia de género.

Detrás de esta iniciativa está un grupo de congresistas de Renovación Popular y Podemos Perú, quienes han suscrito el proyecto como coautores. Entre ellos se encuentran Miguel Ciccia Vásquez, Jorge Zeballos Aponte, Patricia Chirinos Venegas, Esdras Medina Minaya, Alejandro Muñante Barrios, Cheryl Trigozo Reátegui y Noelia Herrera Medina. Todos respaldan la eliminación del feminicidio como figura penal.

Feminicidio impune

Esta modificación se impulsa cuando aún existen varios casos de feminicidios impunes, como el de Mariella del Carmen Baca Briones, quien murió el 30 de enero de 2021 en un supuesto accidente automovilístico en Lambayeque. Sin embargo, su muerte es actualmente investigada como un posible feminicidio. La joven administradora de 32 años huyó esa noche de la casa de playa de su pareja, Rodrigo Pacheco Bado, tras denunciar, según testigos clave, que él “la quería matar”.

De acuerdo con los testimonios, Pacheco, en aparente estado de ebriedad, adoptó una actitud violenta durante una reunión con amigos, amenazando con un arma a uno de ellos. Mariella, asustada, intentó escapar junto a dos amigos en un vehículo, pero fue perseguida por Pacheco en otra camioneta. Durante la huida, la víctima llamó a su hermano para pedir ayuda, pero la llamada se cortó abruptamente. Poco después, el auto donde viajaba se despistó y ella murió .

La Fiscalía ha solicitado 26 años de prisión para Rodrigo Pacheco, quien actualmente lleva el proceso en libertad.

Retroceso en la lucha contra la violencia hacia la mujer

Ante este panorama, Katherine Flores Mendoza, presidenta de Familias Unidas por Justicia: Familiares de Víctimas de Feminicidio, señaló que esta propuesta representa un grave retroceso en la lucha contra la violencia hacia la mujer, ya que el feminicidio es un delito que reconoce la discriminación estructural contra las mujeres y la violencia de género. Asimismo, resaltó que las cifras de feminicidios siguen en aumento en el país.

Flores explicó que, de aprobarse esta iniciativa, se afectaría directamente la asistencia económica que reciben los hijos, hijas y personas con discapacidad que dependían de las víctimas. Esta ayuda está contemplada en el Decreto de Urgencia 005-2020, que garantiza un subsidio económico en casos de feminicidio. Sostuvo que si se elimina esta figura penal, las víctimas indirectas perderían el acceso a esa reparación económica en futuros casos, agravando aún más su situación de vulnerabilidad.

Además, lamentó que esta propuesta minimice la visibilidad de la violencia de género. “El feminicidio se distingue precisamente por ser un crimen de odio hacia las mujeres, y ahora quieren eliminar ese término”, señaló.

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Advirtió que, si ya con la legislación actual los procesos judiciales son lentos y las sentencias demoran años, la situación podría empeorar aún más con esta modificación. “Si se elimina el delito de feminicidio, yo temo que se reduzca la atención en la investigación y persecución del delito, la prevención, que es clave, la atención a mujeres en situación de riesgo y la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas y sus familias”, advirtió.

Visibilizando la violencia de género

Sobre el tema, La exministra de la Mujer Ana Jara destacó en una entrevista con La República que la tipificación del feminicidio como un delito autónomo permitió visibilizar la violencia de género y diferenciarlo del homicidio común. “Seguimos siendo las estadísticas”.

Además, alertó que reemplazar el feminicidio por un término genérico, como “asesinato de la pareja”, no solo invisibiliza la violencia de género, sino que también dificulta la recopilación de datos sobre estos crímenes. Resalta que sin estadísticas claras, el Estado perdería una herramienta clave para perfeccionar sus políticas criminales y estrategias de prevención.

Precisó que, si bien hombres y mujeres tienen los mismos derechos ante la ley, las mujeres siguen siendo una población vulnerable, y la legislación debe garantizar su protección.

Por su parte, Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, advierte que eliminar la figura del feminicidio significa desconocer las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres. Sostiene que este crimen no solo ocurre dentro de una relación de pareja, sino que también abarca violencia sexual, acoso y crímenes de odio por razón de género.

Un claro ejemplo es el caso de Eyvi Ágreda, quien fue acosada por su agresor antes de ser rociada con combustible y quemada en un bus. Asimismo, destaca que los feminicidios no pueden equipararse a otros crímenes violentos porque responden a dinámicas específicas, donde la víctima es atacada por su condición de mujer.

Los agresores no solo buscan causar daño, sino ejercer poder, control y castigo. “Retroceder en la legislación sería un mensaje devastador para las víctimas y sus familias”.