Bomberos fallecidos en el Jorge Chávez: Fiscalía tiene 15 días para acusar o archivar caso
Los imputados, trabajadores de Lima Airport Partners y Corpac, enfrentan cargos de homicidio culposo agravado, con penas de hasta cuatro años de prisión. Las familias esperan justicia para que hechos similares no vuelvan a ocurrir.
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Han pasado casi tres años desde el trágico accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en noviembre de 2022, que cobró la vida de tres bomberos aeronáuticos: Ángel Torres García, Nicolás André Santa Gadea Morales y Manuel Hugo Villanueva Alarcón. A pesar del tiempo transcurrido, concluyó la investigación preparatoria y ahora el Ministerio Público deberá tomar en los próximos 15 días una decisión clave. Por su parte, la finalización de esta investigación preparatoria se dio el 21 de agosto por el juez Roberto Carlos Sucno Jara (tres años después de la tragedia).
Como se recuerda, el fatídico hecho ocurrió cuando un vehículo de bomberos impactó con un avión en plena pista de aterrizaje, desencadenando una tragedia que dejó interrogantes sobre los protocolos de seguridad aplicados y la presunta negligencia en la gestión del tráfico aéreo en el principal terminal aéreo del país.
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El avance del proceso judicial
El caso se formalizó en marzo de 2024, cuando la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao abrió investigación preparatoria contra trabajadores de Lima Airport Partners (LAP) y de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac), por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Entre los imputados figuran Abraham Adrián Vega Mesías, Juan Enrique Salas Rivera, Paul Francisco Sánchez León, Carlos Francisco Peña Mendoza, Reynaldo Isaías Bravo Tejada, Marcelo Yurineill Rodríguez Jeri, Sarita Estrella Alcántara Carthy, Wilber David Ruiz de los Ríos, Juan Diego Escudero Izquierdo y Esther Isabel Ramos Laura.
La resolución judicial también señala que la Segunda Sala Penal de Apelaciones evaluará los escritos de desistimiento civil presentados por los herederos de dos víctimas, así como cualquier solicitud vinculada a medidas restrictivas que deba dirigirse al juzgado competente. No obstante, la decisión sobre la acusación sigue en manos del Ministerio Público.
Detalles del accidente y primeras investigaciones
Las investigaciones apuntan a presuntas fallas en la coordinación entre los equipos de emergencia y la torre de control. Imágenes de cámaras de seguridad revelaron que algunos operarios mostraban signos de cansancio, llegando incluso a quedarse dormidos por breves lapsos. Este hecho, considerado un acto de negligencia, refuerza la hipótesis de que hubo deficiencias en la gestión de operaciones durante el accidente. Además, se supo que uno de los trabajadores implicados ya había estado involucrado en un incidente previo que pudo haber terminado en tragedia, lo que genera cuestionamientos sobre los estándares de control y supervisión del personal aeroportuario.
Desde un inicio se especuló que el choque entre el avión y el vehículo de bomberos pudo haberse evitado con alertas oportunas por parte de la torre de control, pero estas se habrían emitido y no se habrían tomado las precauciones necesarias. Este elemento es fundamental en la investigación para determinar responsabilidades penales y civiles.
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La postura de las entidades involucradas
Corpac señaló a La República que no emitirá declaraciones mientras el Ministerio Público evalúe la denuncia penal. “Somos respetuosos de los plazos y decisiones de las autoridades. Sin embargo, permítannos recordar que existe una resolución técnica emitida por la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) que determinó la causa del accidente”, manifestó la entidad. También aclaró que las víctimas no eran bomberos voluntarios, sino trabajadores en planilla de LAP, a fin de evitar confusiones sobre su situación laboral. Corpac agregó que los estudios posteriores identificaron otros factores que contribuyeron al siniestro.
Por su parte, LAP informó que está a la espera de la notificación del juzgado y reafirmó su disposición para colaborar en todas las etapas del proceso, con el objetivo de que se determine la verdad y se sancione a los responsables.
El plazo legal y las implicancias jurídicas
Tras la publicación del expediente, el juez solicitó al Ministerio Público para que, en un plazo de 15 a 30 días, defina si presenta acusación o solicita el sobreseimiento. Este plazo es perentorio y marca un punto de quiebre en la investigación. Sobre este escenario, el abogado penalista Mario Amoretti explicó que el caso se encuentra en una fase crítica y que las autoridades no pueden seguir dilatando una decisión que debió adoptarse hace tiempo.
Según el especialista, lo primero es establecer claramente quiénes son los responsables del accidente, no solo en el plano operativo, sino también a nivel jerárquico. En su opinión, no basta con señalar a los trabajadores que se encontraban en la torre de control o a los bomberos que participaron en la emergencia. También se debe evaluar el grado de responsabilidad de los jefes inmediatos, de las empresas encargadas de la administración aeroportuaria e incluso del propio Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por no garantizar un adecuado control de los protocolos de seguridad.
En cuanto a las penas que podrían enfrentar los imputados, el abogado precisó que, al tratarse de un delito culposo, la condena máxima es de cuatro años de prisión. “Estamos hablando de homicidio culposo, no doloso. Sin embargo, más allá de la pena privativa de libertad, lo más relevante será la reparación civil que las empresas deberán asumir en caso de confirmarse su responsabilidad. Estas compañías, como terceros civilmente responsables, están obligadas a garantizar personal capacitado y equipos en buen estado, y si no lo hicieron, tendrán que responder económicamente”, indicó.
Respecto al plazo otorgado a la Fiscalía, Amoretti sostuvo que se trata de un periodo relativamente corto, pero suficiente para definir la estrategia procesal. A su juicio, este es un caso grave que requiere un análisis exhaustivo, dado que involucra no solo a personas naturales, sino también a entidades privadas y, potencialmente, a funcionarios estatales. “No solamente son responsables las personas que ejecutaban las órdenes, sino también quienes tenían la obligación de supervisar, incluidos los representantes del Ministerio de Transportes. Aquí existe una cadena de responsabilidades que no puede quedar impune”, añadió.
¿Qué viene ahora en el caso?
En los próximos días, la Fiscalía deberá tomar una decisión definitiva: acusar formalmente, archivar el caso o proponer una salida intermedia, según el experto. Si se formaliza la acusación y los imputados son hallados culpables, enfrentarán penas de hasta cuatro años de prisión y el pago de millonarias reparaciones civiles.
Mientras tanto, las familias de los bomberos fallecidos esperan que, tras casi tres años de espera, la justicia finalmente determine responsabilidades y sancione a quienes corresponda. Para ellas, el objetivo sigue siendo el mismo: que una tragedia como la ocurrida en noviembre de 2022 no vuelva a repetirse en el principal aeropuerto del país.
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