Pueblo awajún desafía al Gobierno y exige frenar minería ilegal en su territorio

Aunque la deforestación de los bosques es la principal amenaza del bioma amazónico, existe otra presión creciente cuyos impactos son cada vez más graves para la Amazonía. Se trata de la minería ilegal.

Esta actividad extractiva, que se extiende por los ríos de la región, tiene impactos irreversibles para la salud de los ecosistemas y de las comunidades locales, y es la principal amenaza para los pueblos indígenas.

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De igual forma, implica nuevos y crecientes vínculos con otras dinámicas ilegales y de violencia como el narcotráfico la trata de personas y otros delitos conexos.

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A esta conclusión llegó el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) que denunció que aún no se aprecia un accionar drástico del Estado para combatir la minería ilegal y señalaron que la Ley del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es solo un ‘parche’ que no soluciona el avance de la destrucción de la Amazonía y de los pueblos indígenas, pues, aseguran hay más de 68 mil mineros ilegales suspendidos que no cumplen con los requisitos para ser formalizados y siguen operando.

Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), señaló que desde hace cinco años, el Gobierno está allanando el camino de la minería ilegal a través de la Ley Reinfo, norma que modificó la Ley forestal y otras reglamentaciones. 

Esto hace que actividades extractivas como la minería, la tala ilegal y el narcotráfico tengan el camino libre para invadir los territorios de los pueblos indígenas y generar el flagelo más grande que no es solo el cambio climático y la contaminación ambiental, sino la polarización y divisiones dentro las mismas comunidades, lo que afecta la paz social.

Además de esta problemática, se añade el asesinato a los líderes indígenas que se oponen a la minería ilegal, hasta el momento ya son 25 líderes victimados.

Por su parte, Gil Inoach Shawit, (Pámuk) presidente del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, que representa a 70 mil habitantes, aseguró: “no vemos un accionar drástico del Estado para combatir la minería ilegal”.

Cuatro puntos críticos

Precisó que en el territorio awajún existen cuatro focos críticos donde se realiza la minería ilegal: En el sector Tambo por el campamento minero llamado Kumpanam, ubicado en la Cordillera del Cóndor, donde hay 11 excavadoras que destrozan la cabecera de la quebrada Sawientsa y afectan a más de 12 mil habitantes.

También, dijo, hay presencia de más de 40 dragas operando en el río Cenepa, así como en el río Santiago y el Marañón, por el lado de Saramiriza.

Gil Inoach también mostró su preocupación por la prórroga del reglamento de la Ley minera 32213 que establece la sucesión de concesiones mineras donde se permite que el Reinfo tenga posibilidad de ser heredado.

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“Los ministros y funcionarios dicen que con esto se dará la finalización del proceso. Eso no es tan cierto, porque con la prórroga a través de decretos supremos y otras leyes pueden permanecer las sucesiones. El Congreso sabe que se está encubriendo la ilegalidad. Los Reinfo han encontrado una alianza con sectores políticos y malos funcionarios, porque hay mucha tolerancia con lo que puede significar el exterminio progresivo de los pueblos indígenas”, remarcó en conferencia de prensa.

Amenazan a líderes comunitarios

Asimismo, en representación de las mujeres awajún, Matut Impi Ismiño, del GTAA, denunció que se está afectando el desarrollo saludable de las mujeres y la soberanía alimentaria.

“La minería en alianza con el Estado y los funcionarios favorecen la minería informal y formal dentro de nuestros territorios. El gobierno awajún ha hecho varios pronunciamientos para que se intervenga desde el Estado y ahora amenazan a lideresas y líderes comunitarios”, enfatizó.

Y agregó: Las grandes dragas operan frente a los puestos de control sin que se intervenga. ¿Acaso ellos protegen las actividades extractivas? No es posible que la Amazonía esté esclavizada. No está bien que se la explote y esté sentenciada a vivir bajo la corrupción, la trata de personas, las violaciones a niñas y otros delitos”, denunció Impi Ismiño.

Piden acciones concretas

Los y las lideresas awajún exigieron que se atiendan sus demandas dirigidas al Estado peruano, a través de la Policía Nacional, el Ejército y el Ministerio Público, porque se necesitan con urgencia acciones concretas y permanentes para erradicar la minería ilegal, así como observar las modificatorias y ampliaciones del Reinfo.

La minería ilegal en la región Amazonas ha alcanzado“no vemos un accionar drástico del Estado para combatir la minería ilegal”. “no vemos un accionar drástico del Estado para combatir la minería ilegal”. “no vemos un accionar drástico del Estado para combatir la minería ilegal”, generando no solo un severo daño ambiental, sino también una profunda crisis social.

Las comunidades awajún sufren los estragos de esta actividad ilícita, que incluye la contaminación de sus fuentes de agua, el desplazamiento forzado y un aumento de problemas como la trata de personas, enfermedades de transmisión sexual y violencia social en sus territorios.