Cien años después, el aborto terapéutico es todavía inaccesible

A pesar de que el aborto terapéutico es legal en el Perú desde hace 100 años y existe un protocolo para su uso desde 2014, miles de mujeres, especialmente menores, no acceden a este procedimiento por desconocimiento o negativa del personal de salud. Y muchas adultas y niñas mueren o quedan con graves traumas porque se les niega este derecho.

Un ejemplo es el caso de ‘D’, quien vivió experiencias traumáticas de violencia y abuso desde la infancia.

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Uno de sus hermanos mayores la violó cuando tenía siete años. ‘D’, con el apoyo de su cuñada y sus padres, logró denunciar el abuso, lo que llevó a la prisión a su hermano tras dos años de investigación.

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A lo largo de su vida escolar, ‘D’ enfrentó el hostigamiento sexual de un compañero de clase, quien la molestaba de manera constante. No se atrevió a informar a nadie por miedo a represalias, especialmente de su hermano abusador.

La situación llegó a extremos cuando ‘D’ quedó embarazada producto de una nueva violación, perpetrada esta vez por su compañero de aula.

Fue su prima quien detectó las señales del embarazo y tras una serie de eventos, ‘D’ y su madre denunciaron al agresor, aunque la respuesta de las instituciones fue deficiente y el caso quedó impune.

El embarazo generó sentimientos de miedo y vergüenza en ‘D’, quien consideró el aborto, pero su madre la desanimó. Con el tiempo y con la intervención de profesionales de la salud, ‘D’ comenzó a aceptar la llegada de su hijo, aunque experimentó sentimientos encontrados y pensamientos negativos sobre su situación.

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Finalmente, logró terminar la secundaria un año después de dar a luz, a pesar de las dificultades económicas y las responsabilidades como mamá con solo 13 años.

La violencia sexual continuó afectando su vida, con un nuevo episodio de abuso de parte de un primo. Nuevamente, ‘D’ intentó buscar justicia, pero enfrentó amenazas y la falta de apoyo de las autoridades.

El relato de ‘D’ es un ejemplo de lo que viven miles de mujeres en el país que enfrentan adversidades, violencia y desatención de las autoridades e instituciones que deben velar por su seguridad, bienestar y salud.

Trece mil niñas madres

De acuerdo con el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud, desde 2014 hasta setiembre del 2023, un total de 13.377 niñas se convirtieron en madres luego de quedar embarazadas producto de violaciones sexuales.

Y desde el 2023 hasta agosto del 2024, se registraron 11.000 casos de violencia sexual contra adolescentes (12 a 17 años), pero solo 29 de ellas pudieron acceder al aborto terapéutico.

Y desde el 2023 hasta la fecha, de 1.822 casos de violencia sexual contra niñas menores de 11 años, solo un caso accedió al aborto terapéutico.

Según el Art. 119 del Código Penal, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tiene cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente.

Pero para Eleana Rodríguez, coordinadora del Programa de Derecho sexual y Ciudadanía en Salud del Centro Flora Tristán, el problema es la falta de conocimiento del personal de salud de que esto es legal y que existe un protocolo desde hace 10 años.

“Un embarazo se puede complicar en cualquier momento de los 9 meses por una cardiopatía, hipertensión arterial, y por muchas cosas se puede convertir en una situación de riesgo, pero muchos médicos desconocen esta legalidad. Y muchos más desconocen que un hecho tan degradante e inhumano como una violación sexual, que afecta a la salud mental de las mujeres, niñas y adolescentes, puede ser tomado en cuenta para aplicar el aborto terapéutico”, sostiene.

Remarca que el aborto terapéutico se puede aplicar hasta las 22 semanas de gestación, pero muchas mujeres, por desconocimiento, no hacen la solicitud al establecimiento de salud y pasado ese plazo ya no aplica la interrupción.

Asegura que esto afecta a las mujeres más pobres, pues tienen que acudir a un establecimiento clandestino donde ponen en riesgo su vida. “Una víctima de violencia sexual, que tiene su salud mental muy afectada, puede recurrir a prácticas suicidas o intento de suicidio”, advierte.

Y lo más grave es que muchos establecimientos de salud no informan sobre este derecho o niegan información por cuestiones subjetivas como creencias religiosas, prejuicios y vergüenza, lo cual forma parte de la “violencia obstétrica”.