Renovación Popular presenta texto sustitutorio para modificar pedido de facultades solicitadas por el Ejecutivo
Los diputados Roxana Rocha y Frank Krklec solicitan a la Comisión de Constitución convocar una sesión para discutir su propuesta antes de aprobar el dictamen sobre las facultades solicitadas por el Ejecutivo.
La República en GoogleLa bancada de Renovación Popular presentó un texto sustitutorio para modificar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori. La propuesta fue presentada por los diputados Roxana Rocha y Frank Krklec, integrantes de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
A través de un oficio, ambos parlamentarios remitieron la propuesta a la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, y solicitaron que sea incorporada en el dictamen que el grupo de trabajo debe elaborar sobre la delegación de facultades. En el oficio, los diputados solicitan que la Comisión de Constitución convoque una sesión para discutir el texto sustitutorio antes de aprobar el dictamen sobre las facultades.
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El pedido del Ejecutivo contempla 66 solicitudes de facultades legislativas. Frente a ello, Rocha y Krklec plantean priorizar y concentrar la delegación en determinadas materias, entre ellas la lucha contra la inseguridad ciudadana, la atención de fenómenos naturales como el Niño, la gestión del riesgo de desastres, la reactivación económica, la generación de empleo y la modernización y simplificación de la gestión del Estado.
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Los diputados precisan en su oficio que su propuesta no plantea excluir todas las materias incluidas por el Ejecutivo, sino establecer una delimitación de aquellas que consideran que pueden ser objeto de delegación. Por ello, solicitaron que el texto sea discutido por la Comisión de Constitución antes de la elaboración del dictamen.
¿Qué plantea el texto sustitutorio?
La propuesta modifica la fórmula legal de la Proposición Legislativa N. 00098-2026-2031-CD, mediante la cual el Ejecutivo solicitó facultades para legislar. En su artículo primero, establece como objetivo delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 120 días calendario, principalmente en materias vinculadas con seguridad ciudadana, riesgo de desastres, reactivación económica y simplificación administrativa.
El artículo segundo enumera las materias sobre las cuales se plantea otorgar las facultades. El primer bloque corresponde a la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Dentro de este apartado se incluye la modificación de normas relacionadas con migraciones y nacionalidad. La propuesta contempla fortalecer los procedimientos de identificación, verificación documental y control y fiscalización migratoria, además de mejorar el intercambio de información entre Migraciones y otras entidades públicas.
Miguel Torres presiona desde el Senado
El presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, el fujimorista Miguel Torres, salió a cuestionar públicamente la demora de la Cámara de Diputados. "Este martes vemos cómo Diputados está deteniendo la delegación de facultades, yo ya me he visto en la necesidad de reclamar", declaró y dijo que la Comisión de Constitución tenía 15 días para pronunciarse sobre la solicitud y que ese plazo ya venció.
Torres presionó al Congreso a llevar el dictamen al pleno para que sean los propios diputados quienes decidan si lo aprueban o lo rechazan. "Nadie dice que no lo debatan, nadie dice que no lo modifiquen; lo único que se pide es que cumplan con lo que dice la ley, que lo lleven al Pleno de Diputados y se vea si pasa o no al Senado", afirmó.
La mayoría de comisiones están en contra del pedido de facultades
Es importante mencionar que la Comisión de Constitución tenía 15 días hábiles para dictaminar la proposición con la que el Gobierno busca legislar por decreto durante 120 días en 66 materias. El plazo venció el lunes 21 de setiembre y su presidenta, Giannina Avendaño de Juntos por el Perú, aún no convoca a una sesión oficial para votar el dictamen, mientras su equipo técnico dice estar consolidando los informes remitidos por las demás comisiones.
Esos informes ya han mostrado un panorama no favorable para el Ejecutivo. Ya que al menos 8 de las 12 comisiones consultadas, entre ellas Economía, Defensa del Consumidor, Energía y Minas, Trabajo y Producción, votaron en contra del pedido. En el caso de la Comisión de Justicia, esta no aceptó una propuesta que la diputada Rocha había presentado, por lo que la diputada lo calificó en redes como un "acto a todas luces autoritario".
