Colectivos en Lima: polémica ley del Congreso anularía fiscalización de ATU y promovería inseguridad

El problema de regulación de taxis por aplicación y colectivos informales es algo que no solo afecta al sistema de transporte del país, sino que también termina por perjudicar a los usuarios del servicio. De esta manera, el reciente proyecto de ley aprobado por el Pleno del Congreso, sobre la no participación de la ATU en la fiscalización de conductores, dejó más dudas que respuestas para la ciudadanía.

La ley 842 revela que ahora el Ministerio de Transportes y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital estarían a cargo de fiscalizar a los taxis por aplicación. La decisión tomada por los parlamentarios pondría en riesgo la seguridad de millones de pasajeros, quienes podrían abordar vehículos informales bajo la fachada de taxis por aplicación, según indicaron especialistas a La República.

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“La fiscalización de las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio privado de transporte especial es competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, conforme al marco de sus competencias y funciones fijadas mediante ley”, explica un apartado del proyecto.

Proyecto de ley sería un ‘retroceso’ para el sistema de transporte

Según lo informó Marybel Vidal, presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, en el Primer Encuentro para Modernizar el Sistema Integrado de Transporte, esta nueva ley generaría como principal consecuencia un estancamiento en el desarrollo del transporte. "Este proyecto de ley provocaría un grave retroceso para el sistema de transporte público", dijo la representante.

Por otro lado, manifestó su preocupación sobre la postura que tiene la ley contra organismos creados para el avance del transporte. 'Tiene una débil regulación y una inexistente potestad fiscalizadora y sancionadora. Esto contraviene el Reglamento Nacional de Tránsito y la Ley de creación de la Autoridad de Transporte Urbano y el Reglamento Nacional de Administración del Transporte', prosiguió Vidal.

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Ley del Congreso generaría inseguridad para la ciudadanía

En palabras de Marybel Vidal, si se aprobase este proyecto de ley, dejaría como saldo altos índices de inseguridad en el transporte público, ya que la norma no especifica qué se considera transporte privado.

"La norma no define qué cosa es un servicio privado de transporte especial y se abre una puerta a toda aquella unidad que puede prestar un servicio de manera informal. No se indican cuáles van a ser las condiciones necesarias para conductores y vehículos, lo que genera inseguridad para el sistema de transporte. Hemos identificado que los accidentes que se generan, en su mayoría, son justamente por transporte informal", sentenció para detallar su preocupación.

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Esto fue algo que reforzó Franklin Barreto, coronel y exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, al confesar que la informalidad se beneficiaría con esta decisión. "Se abrirán las puertas a la informalidad a conductores sin ningún tipo de preparación y, de todas maneras, los índices de accidentes de tráfico van a subir", declaró en Canal N.

El MTC no ejercería un control adecuado a taxis por aplicativo

Para Cynthia Yamamoto, cofundadora del colectivo peatonal 'Peruanos de a Pie', el proyecto emitido por el Congreso no ayuda a solucionar el problema del transporte en el país y no profundiza en la fiscalización. 'No existe un control adecuado para el servicio por aplicación, lo que hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es solo tener un registro de las empresas en el país para después cerrar sus operaciones si fallan en el servicio, pero no va más allá', dijo ella.

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Asimismo, aseguró que los beneficiados serían los conductores informales, quienes podrían asegurar que son taxis por aplicación para evadir sanciones. 'El MTC es más un órgano que regula políticas públicas, en cambio la ATU sí está calificada y constituida para cumplir el rol de fiscalizar a los infractores. La ley no soluciona el problema central y beneficia a colectivos informales que podrán catalogarse como taxistas por aplicativo para evadir sanciones', aseguró.

De esta manera, se han dejado más preguntas que respuestas ante la ley que fue aprobada por el legislativo, la misma que está siendo evaluada por el Poder Ejecutivo, el cual emitirá su decisión en un plazo no mayor a 90 días calendario.