Villa de militares en el corazón de San Isidro terminó en precariedad tras muchos años de olvido
Desastre. Han transcurrido seis décadas desde que se construyera esta sede habitacional y hoy luce en ruinas. Urbanista sostiene que abandono contribuyó a su deterioro. El Ejército refiere que no ha podido iniciar trámites de habilitación urbana por “inquilinos precarios”. Últimos ocupantes solicitan conciliar. En tanto, abogados consultados piden investigar posibles responsabilidades administrativas.
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Hace más de una década, las 45 viviendas de la ex Villa Militar, ubicada en una de las zonas exclusivas de San Isidro, eran ocupadas de manera temporal por oficiales en actividad del Ejército del Perú y sus familias. Sin embargo, en la actualidad, el 89% de los chalets de dos pisos, con diversos compartimientos, yacen vacíos y cada día se deterioran más.
La República recorrió dicho proyecto inmobiliario, construido durante el Gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en 1963, en un área de 9.281 metros cuadrados, a lo largo de la calle Ocharán, en la residencial Santa Cruz. Se pudo constatar que las puertas y ventanas tienen grandes agujeros, las escaleras de madera están a punto de colapsar, los lavatorios, duchas e inodoros se encuentran con deterioros y material oxidado; así como algunas columnas y paredes están descompuestas.
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Algunos troncos de árboles cortados en el patio y stickers de dibujos animados pegados en las ruinosas habitaciones son el reflejo de que en el pasado alguien habitó dichos predios.
Los vecinos de la zona mencionaron que hace poco observaron que se realizó una limpieza general y se retiró la maleza acumulada durante años. “El abandono de estas casas es un golpe duro a la pobreza por la que atraviesa nuestro país. De seguro, muchos oficiales en este momento deben estar necesitando un lugar donde vivir”, enfatizó uno de ellos.
Daños. Escaleras deterioradas y paredes maltrechas es la imagen de esta villa en el corazón de la capital. Foto: John Reyes / La República
“De no ser por la seguridad que hay en la zona, estas casas se habrían convertido en una guarida de delincuentes, por el estado de precariedad en el que se encuentran. Cuando llegué a vivir aquí, hace 10 años, ya estaban abandonadas. Incluso en una oportunidad he sacado a una persona de mal vivir que ingresó a uno de los inmuebles”, añadió otro.
¿Por qué las viviendas están inhabitadas?
En sus inicios, la ex Villa Militar perteneció al Ejército del Perú, pero en el 2009 la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) transfirió el dominio al Ministerio de Defensa (Mindef) para que lo destine a un conjunto residencial multifamiliar. En tanto, en el 2012, se inscribió la compraventa de dicho predio a favor del Fondo de Vivienda Militar del Ejército (Fovime).
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Pese a que dicho proyecto estuvo a cargo de diversas instituciones, en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) continúa inscrito como un terreno.
De manera oficial, el Ejército del Perú comunicó a La República que aún no pueden iniciar los trámites de habilitación urbana porque quedan cinco familias de militares en retiro, llamados “inquilinos precarios”, que se estarían negando a abandonar las casas de servicio, otorgadas por un plazo de cuatro años.
“Es una medida arbitraria e ilegal, pero existen sentencias en primera instancia a nuestro favor y un proceso de desalojo en camino”, se lee en su descargo.
Sucio. El moho se apoderó de baños y duchas de lo que se pensó que iba a ser un gran proyecto habitacional. Foto: John Reyes / La República
Además, mencionaron que la construcción que formó parte de la Villa Militar, dado el tiempo transcurrido, ya no es habitable.
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¿Qué piden los “ocupantes precarios”?
En medio de la ruinosa infraestructura, aún se conservan cinco viviendas.
Una de ellas es habitada por la esposa de un médico asimilado, que ascendió a coronel, pero lamentablemente perdió la vida durante la crisis sanitaria de la COVID-19 trabajando en el Hospital Militar. La ocupante más longeva solicita una opción de compra preferente.
“Hace poco, un vecino ha perdido el juicio y se ha ido. Mi juicio sigue, pero cada día es incierto porque en cualquier momento me pueden desalojar. Vivo aquí desde hace más de 20 años y en la pandemia murió el papá de mis hijos, quien aportó por más de 25 años al Fovime. (…) Sabemos que no son nuestras casas, pero queremos llegar a una conciliación. Esto es lo único que queda de la Villa Militar de San Isidro porque nosotros nos hemos encargado de darle el cuidado respectivo”, refirió.
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Sin embargo, el Ejército del Perú sostiene que la compra preferente no es dable, porque la Ley n.º 24686 los obliga a sortear los chalets de un conjunto residencial entre sus aportantes activos. “Si los ocupantes precarios objetivos de desalojo son contribuyentes, podrán participar como cualquier otro militar”, precisaron.
Fantasmal. Ventanas que no protegen, puertas que se abren con el viento, todo está en un estado ruinoso. Foto: John Reyes / La República
¿Qué va a pasar con la ex Villa Militar?
La República conoció que el Fovime y el Colegio de Arquitectos del Perú–Regional Lima han firmado un convenio para recibir asesoramiento técnico y la obtención de habilitación urbana ante la municipalidad limeña de San Isidro. Además, una vez que se lleven a cabo los desalojos en su totalidad y se realicen los estudios de saneamiento físico legal, se iniciará la construcción de aproximadamente 112 departamentos.
Pero hay los que plantean una investigación.
La firma legal Gamarra & Vásquez Abogados afirmó que para determinar responsabilidades o faltas administrativas se deben iniciar actos de investigación conforme a las normas internas del Fovime. Sin embargo, es posible que algunas faltas hayan prescrito, ya que han transcurrido seis décadas desde la construcción de la ex Villa Militar y ningún funcionario a cargo ha comenzado el procedimiento para la inscripción registral de las 45 viviendas.
“El procedimiento de habilitación urbana pudo iniciarse sin ninguna dificultad, salvo que exista alguna medida judicial que lo impida. Al menos, durante esta primera etapa no es necesario que el área esté desocupada. Si los ocupantes de los predios se oponen a salir, se debe ejecutar el desalojo para llevar a cabo el nuevo proyecto”, aseveraron.
Falta de mantenimiento
Antonio Uriarte, exdecano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque y experto en habilitaciones urbanas, remarcó a La República que, desde el punto de vista técnico, viviendas con la infraestructura de la ex Villa Militar tienen un tiempo de vida útil de 25 a 30 años.
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No obstante, con un adecuado mantenimiento y reforzamiento, su periodo de uso puede ser mayor y prolongarse desde los 50 hasta los 100 años.
“Si tiene 60 años y su sistema estructural no ha sido diseñado con las normas antisísmicas o para hacer frente a otro fenómeno natural, el panorama cambia. Aunque, no necesariamente tiene que demolerse, puede hacerse un mejoramiento”.
Riesgo. Apenas se conservan 5 viviendas, pero sobre sus moradores ronda la amenaza del desalojo. Foto: John Reyes / La República
“Sin embargo, si se piensa en un nuevo proyecto inmobiliario, se tienen que considerar edificios de más altura y departamentos más funcionales, que puedan albergar a más”, indicó.
El profesional precisó que el abandono de estas infraestructuras ha contribuido a que puedan perecer en la precariedad.
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En tanto, el arquitecto Favio Chumpitaz enfatizó que de acuerdo con la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), desde finales del 2022, el metro cuadrado de un departamento está valorizado en 9.258 soles.
No hay respuestas concretas
Mientras el Ejército del Perú continúa sosteniendo que la ex Villa Militar no está en abandono y que el retraso de la ejecución del conjunto residencial multifamiliar se debe a los “habitantes precarios”, el congresista Ilich López precisó que este es el reflejo de lo que ocurre en todo el país, dado que existe una falta de planificación cuando las obras se llevan a cabo.
En ese sentido, el parlamentario manifestó que la ley debe imperar y reiteró que el Ejército del Perú debe determinar responsabilidades de acuerdo a sus procedimientos internos y si hay comisión de delito, el Ministerio Público (MP) tiene que intervenir.
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“Además, si esta infraestructura está causando algún tipo de peligro a las personas que viven cerca, se deben tomar acciones inmediatamente. La municipalidad distrital debe realizar una evaluación del inmueble”, agregó.
Al mismo tiempo, los vecinos que transitan todos los días por los exteriores de este inmueble fantasmal insistieron en una inmediata solución. “Han sido tantos años de olvido que dudamos que vayan a hacer algo ahora, pero de todas maneras reiteramos nuestro pedido”, finalizaron.
