Protestas en Perú, un país sin rumbo: 28 muertos y más de 709 víctimas en el Gobierno de Boluarte

Arrodillado en la puerta de su hogar, Edgar Prado Arango (51) fue asesinado mientras socorría a un herido por la represión militar/policial del estado de emergencia decretado por el Gobierno de Dina Boluarte. La presidenta tenía que hilar un gabinete urgente y de transición ante la convulsión social erosionada: o apoyarse en el pueblo que la llevó con Pedro Castillo al poder o decidir por el Congreso. ¿Se pudo evitar el derramamiento de sangre? ¿Tuvo un atisbo de quedarse hasta el 28 de julio de 2026?

Recibir un disparo obligó a que los médicos le extrajeran el bazo a E. G. Q. N. (14), quien se recupera en el Instituto Nacional de Salud del Niño (San Borja) tras estar postrado y ser trasladado desde Chincheros (Apurímac) por falta de atención especializada.

Ambos ciudadanos son dos de las más de 709 víctimas, entre civiles y fuerza estatal, de las protestas tras la intentona golpista del expresidente Pedro Castillo (7 de diciembre) y su posterior vacancia aprobada por el Parlamento, que se vanaglorió en pleno derramamiento de sangre entre peruanos, cuando la agudización de contradicciones erupcionó.

Víctimas de la represión

Según la Defensoría del Pueblo (DP), hay 22 muertos debido a los enfrentamientos recientes y seis fallecidos por accidente de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de vías. Para el próximo 3 de enero, diversos movimientos sociales han convocado a paros regionales en San Martín, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Cajamarca y Lima.

Las fotos y grabaciones registradas por ciudadanos muestran que algunos militares realizaron disparos al aire o apuntaron al cuerpo. Otro compatriota que también perdió la vida por un proyectil de arma de fuego fue José Luis Aguilar Yucra (20), sobrino nieto de Paula Aguilar Yucra, víctima del periodo de violencia en los 80: los terroristas asesinaron a su mamá y los militares se llevaron a su hermano mayor. No supo más de ellos.

“Los militares se supone que están preparados para que puedan combatir el terrorismo, no para que de esa manera, a nuestro prójimo, nos puedan quitar la vida”, lamentó Edith, hermana de Edgar, ante la agencia Reuters. Él no participaba en las manifestaciones, afirmó. Prado murió por un shock hipovolémico hemorrágico, laceraciones pulmonares y hepáticas, y un traumatismo torácico abierto después del disparo, determinó su autopsia.

Las principales demandas son el cierre del Parlamento, nuevas elecciones para el 2023 y la renuncia de la primera presidenta del Perú, detalló Rolando Luque, adjunto de Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la DP.

No obstante, la crisis pandémica, económica, alimentaria, política y educativa integran la sensación en la gente de que todo ha decaído. “Se necesita relanzar las políticas públicas, principalmente en el corredor minero y la Amazonía, debido al número de conflictos y la complejidad que tiene”, enfatizó.

Estallido social fragmentado

Maritza Paredes, profesora de Sociología de la PUCP, apuntó que las protestas no necesariamente expresan un apoyo a Castillo Terrones, ya que él no capitalizó la base social que lo eligió. Sin embargo, según las encuestas, “si Castillo se iba, se iban todos”. “El Congreso es visto como un apoyo marcado al statu quo, y más en las zonas de movilizaciones”, detectó.

Los manifestantes están dando una respuesta bastante emocional, ya que cuando ponen piedras, bloquean caminos y secuestran policías, no saben qué hacer después, no hay articulación ni grandes organizaciones sociales, analizó.

La contención del Estado es indiscriminada y su inteligencia es muy básica, como cuando intervino la Confederación Campesina del Perú, ejemplificó. “El Estado se lleva varios muertos, pero no sabe realmente si esas personas estaban causando actos vandálicos”, cuestionó.

David Sulmont, doctor en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP, indicó que las investigaciones de la Fiscalía y Poder Judicial no tienen que mostrar sesgo político, ya que puede ser usado para justificar alguna acusación de persecución política. La crisis debe resolverse dentro de los cauces institucionales para que el pedido sea legitimado, apuntó.

“Si la relación con el (Legislativo) va a ser de ‘repartija’ o confrontación, no creo que eso satisfaga a la mayoría de población. Si hay un acuerdo de brindar algún tipo de gobernabilidad y un espacio para discutir reformas más de fondo al sistema político, eso podría darle oxígeno, con un buen manejo económico y una mejora en la provisión de servicios del Estado, a la ciudadanía”, orientó.

Protesta, uso de la fuerza y derechos humanos

Cruz Silva, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), explicó que, en el marco del estado de emergencia, la población no pierde su derecho humano a protestar y grabar, sobre todo “cuando se requieran acciones que puedan resguardarla de un posible uso indiscriminado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad”, como cuando no se identifican los policías, “funcionarios que están capacitados para ejercer el uso de la violencia” en manifestaciones, distintos al Grupo Terna.

“Desde el 2003 al 2020, se produjeron 167 muertes a manos de las fuerzas armadas (en protestas). Las situaciones más graves se han dado cuando interviene el Ejército. La tasa de impunidad en estos asesinatos es cercana al 100%”, dijo Mar Pérez, letrada de la CNDDHH.

Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará al país en enero; “el estado de emergencia del Ejecutivo no está pegado a la ley ni a estándares supranacionales de derechos humanos”, afirmó Silva. “Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales: una grave violación de los derechos humanos cometida por un agente del Estado”, indicó.

Cadena de muertes

El informe “Protesta y derechos humanos” (2019), de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, identifica cómo debe actuar el Estado en los estados de emergencia o de excepción.

Según este reporte, los manifestantes tienen derecho a participar en protesta sin autorización previa, a elegir el contenido y mensajes de la manifestación (no ser criminalizados), a escoger el tiempo y lugar de la movilización , y a escoger el modo de protesta; alcance de la previsión sobre el “ejercicio pacífico y sin armas”.

Si el Estado detecta violencia en una manifestación pacífica, debe usar inteligencia operativa, identificar a los actores que la generaron y promover una investigación y sanción; “pero por estos actos no puede justificarse la eliminacion de la protesta”, indicó Silva.

Para Diego Tuesta, sociólogo y criminólogo, la crisis se le escapó de las manos a Boluarte Zegarra, ya que un Estado débil es el que apela al uso de la fuerza como recurso. “Una detención arbitraria y herir a alguien son terribles, pero, de alguna manera, son reversibles; en cambio, matar a alguien no tiene vuelta atrás”, encaró.

“No se ha visto la incapacitación estratégica, que implica disponer medios de inteligencia sobre aquellos que coordinan las protestas o que están detrás de hechos violentos. Hubo un uso desproporcionado de la fuerza”, afirmó. “Hay que cambiar los aspectos de la formación policial/militar que tiene lenguajes provenientes de la lucha subversiva, que ve al otro como una amenaza (...) para tener una Policía democrática en el siglo XXI”, resaltó.

Según el estándar supranacional de la CIDH y sentencias del Tribunal Constitucional, los casos que involucran la violación de derechos como el de la vida no pueden ser vistos en el fuero militar porque este derecho no es un bien jurídico militar, argumentó Silva. “Existe una violación a la independencia de la judicatura, y es que los propios militares, que son los investigados, son los que van a evaluar esos delitos”, aseguró.

“La responsabilidad penal por estas ejecuciones extrajudiciales, por el uso indebido o desproporcionado de la fuerza, corresponde a toda la cadena de mando de las fuerzas policiales y militares (...), que involucra a los ministros del Mindef, Mininter, titular de la PCM y la presidenta”, expuso.

Perú en estado de emergencia

Luis Alberto Otárola fue premiado y refleja la línea del Ejecutivo, según los especialistas consultados por La República: ascendió del Ministerio de Defensa a la Presidencia del Consejo de Ministros. Otárola fue defensor de la jefa de Estado cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional en su contra por la presunta infracción constitucional por el caso Club Departamental Apurímac.

Su antecesor, Pedro Angulo, duró 11 días en el cargo y en su gestión se resaltó la represión. Según el exjefe de la PCM, como los policías de Andahuaylas no podían comunicarse con la población quechuahablante, ocurrieron los enfrentamientos. “Eran personas de las alturas que no entendían español”, dijo.

“¿Cuál era la necesidad de hacer un estado de emergencia a nivel nacional en vez de ser focalizado? Fue más una medida populista, de carácter expresivo, para la portada, para justificar el ‘estamos asistiendo algo’, y para justificar usos de la fuerza no convencionales”, cuestionó Tuesta.

Quiebre y sin representación

El problema de fondo es la crisis de la representación política con los partidos y su sistema, donde no existe enraizamiento con la sociedad civil: podemos tener Gobierno, pero no representación, lo que genera frustración, sostuvo Omar Coronel, especialista en conflictos sociales.

Este quiebre se dio en los 80. Si bien con la Constitución del 79 se amplió la participación política de los sectores campesinos, indígenas y analfabetos, y hubo un sistema más vinculado con organizaciones sociales (Izquierda Unida, APRA, PPC y Acción Popular); la guerra declarada al Perú por Sendero Luminoso empantanó la democracia e hizo que los actores políticos representativos integren la descomposición de la clase política, explicó Coronel.

“Boluarte puede decir lo que quiera, pero sus acciones son mucho más elocuentes que sus palabras. Poner a Otárola es simplemente decir: ‘Nosotros acá no vamos a tolerar ninguna protesta. Estamos dispuestos a repetir la masacre de Ayacucho’”, criticó.

Si los políticos no entienden que la crisis perdura, personajes más radicalizados que Antauro Humala, considerado como “tibio”, aparecerían para ‘atender’ las demandas y castigar a esta clase política en las elecciones, previno. “La gente va a estar muy rabiosa en 2024. Su protesta más fuerte y virulenta va a ser el voto”, proyectó.