Fuerzas Armadas causaron 167 muertes durante protestas entre 2003 y 2020

La represión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú ha ocasionado hasta el momento 25 muertos en todo el país, según la información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Esto, tras las protestas de los ciudadanos que, luego del fallido golpe de Estado que pretendió dar Pedro Castillo, generaron una convulsión social.

Las regiones de donde provienen los fallecidos son Apurímac, Arequipa, La Libertad, Cusco, Ayacucho y Junín.

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“Los asesinatos en protestas no son un hecho nuevo en el Perú. Desde el 2003 al 2020 se produjeron 167 muertes a manos de las fuerzas armadas. Las situaciones más graves se han dado cuando interviene el Ejército. La tasa de impunidad en estos asesinatos es cercana al 100%”, dijo Mar Pérez, abogada de la CNDDHH.

En otras gestiones

Pero este panorama de represión a manos de las fuerzas del orden no es del actual gobierno. En gestiones pasadas numerosos conflictos sociales generaron también caídos. Según información sistematizada por La República, con reportes de Defensoría del Pueblo y la CNDDHH, desde el 2002 hasta el 2019 se registraron al menos 299 fallecidos, entre civiles y policías, como producto de los conflictos sociales.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo ocurrió el llamado “Arequipazo”, en rechazo a la privatización de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa), que dejó dos víctimas mortales. También hubo protestas contra el proyecto minero Río Blanco (Piura), donde una de las víctimas falleció por el impacto en la cabeza de una bomba lacrimógena y el segundo, por una bala, según la CNDDH.

En el segundo gobierno de Alan García ocurrió el emblemático caso del ‘Baguazo’ con 23 policías y 10 indígenas muertos, producto de la imposición de decretos legislativos que afectaban los intereses de las poblaciones indígenas. Sin embargo, la cifra de víctimas de dicho periodo es mayor: 193 muertes en el contexto de conflictos sociales.

Con García se inició la conflictividad en rechazo a Tía María. En abril del 2011 hubo un paro con las tres primeras personas fallecidas.

Durante el gobierno de Ollanta Humala hubo 73 víctimas mortales. Los casos más recordados, por oposición a la actividad minera, son Conga (6 muertos), Espinar (3) y Tía María (4). Como se recuerda, Humala prometió a Cajamarca que defendería sus lagunas. Pero una vez en el poder apoyó el inicio del proyecto Conga.

Con Martín Vizcarra se autorizó la intervención militar en el puerto de Matarani para proteger el proyecto minero Tía María, frente a un paro indefinido. Con Kuczynski, la Defensoría registró 13 fallecidos, cuatro fueron por conflictos socioambientales. Es recordada la muerte de un poblador en Apurímac durante la protesta por el caso Las Bambas.

“Uso de la fuerza se ha convertido en abuso de la fuerza”

Enfoque. Rocío Silva S., excongresista

El patrón del uso de la fuerza, que se ha convertido en abuso de la fuerza, no es algo que surja en este momento sino que viene desde hace muchos años. En el 2012, en el caso Conga, hubo 4 muertos en Celendín y uno en Bambamarca, y en el caso de Celendín eran balas de fusil galil que venían de helicópteros.

Esta situación se ha vuelto a repetir en Ayacucho; por lo tanto, es algo que viene desde hace 10 años. La ley 31012 del 2014 es la que permite la imputabilidad de miembros de las FFAA y policiales en el caso del control de movilizaciones con uso de armas de fuego. A la fecha todas las personas que han muerto en diciembre de 2022 han fallecido por proyectil de arma de fuego y eso significa que se ha permitido, a través de esta ley, el manejo del control social con este tipo de armas que deberían estar prohibidas.