Por: Maritza Paredes, socióloga, Pontificia Universidad Católica del Perú
Estamos viviendo un conflicto social muy desafiante y complejo por su composición diversa y fragmentada. En estas movilizaciones participan organizaciones radicalizadas, también organizaciones que han venido respaldando a Pedro Castillo desde el inicio con demandas profundas, y que desconocen su autogolpe al Estado, y consideran su vacancia un acto de discriminación por haber sido elegido por la gente del pueblo, y a la presidenta Dina Boluarte una usurpadora. También hay, y en grandes proporciones, organizaciones y sobre todo ciudadanos, que han salido a protestar hartos de la manera en que se hace política en el país, y de los constantes enfrentamientos entre los poderes, compartiendo la consigna de que “se vayan todos” y “nuevas elecciones”. También existen, por supuesto, los individuos que aprovechan el desorden para saquear, robar y destruir la propiedad privada y pública. La composición de las protestas es compleja, así como la atención de sus demandas. El desafío de la contención estatal es “separar el grano de la paja” y buscar interlocutores adecuados para dialogar. Sin embargo, esta tarea le quedó grande al primer ministro, simplemente no dio la talla y debe irse.
Dos actitudes dificultan el diálogo y la salida de la crisis. La primera es la respuesta estatal a la protesta con desproporcionada violencia y buscar aplacarla como si se tratara de un solo problema. Lo peor aun es buscar reprimirla militarizando el país bajo la justificación “del retorno” de un enemigo común, el terrorismo. Esta actitud del Estado, no solo ahondó la violencia que crearon grupos terroristas en el Perú afines de los 80, sino que llevó al Estado peruano y a sus instituciones militares a cometer atroces crímenes de lesa humanidad, cuyas secuelas nos han acompañado varias décadas. No es posible que no hayamos aprendido nada. Más aún, ¿de verdad creemos realmente que Sendero Luminoso ha estado vivo todos estos años, y que sus rezagos son capaces de movilizar a la enorme población que protesta? Amenos que los que patrocinan esta teoría lo que realmente crean es que los que protestan son terroristas y merecen bala, o que la presencia de vándalos y personas violentistas justifica la represión indiscriminada de todos. Según el Minsa, hay 20 peruanos muertos y varias decenas de heridos, producto de una mentalidad de este tipo. La historia ha mostrado que ningún orden que proviene solo del poder represivo y despótico del Estado es estable. La violencia genera más violencia y solo la persuasión y la negociación, con todos cediendo algo, puede sacarnos de la crisis.
La segunda actitud que impide el diálogo es la mezquindad de los políticos en el Congreso ¿cuántas vidas cuesta su capricho de quedarse en el Congreso a pesar que tienen 9% deaprobación nacional? ¿Cuántas vidas cuesta conseguir elecciones para julio en lugar dediciembre, y referéndum para una asamblea constituyente? Nuevas elecciones en el 2023 no es la solución, pero ofrece un mínimo, un básico, para poder negociar una tregua y evitar la profundización de la crisis que puede seguir llevándose vidas humanas. Si se está tan convencido que la población quiere una nueva constitución, o que la rechaza, cada grupo ganará las elecciones democráticas por lejos con su respectiva consigna. Pero no se puede defender los derechos humanos, ni ningún derecho, si no se defiende la democracia íntegramente. Antes de negociar por sus respectivas agendas políticas, negocien por las vidas por favor. ¡No más compatriotas muertos!
Los artículos firmados por La República son redactados por nuestro equipo de periodistas. Estas publicaciones son revisadas por nuestros editores para asegurar que cada contenido cumpla con nuestra línea editorial y sea relevante para nuestras audiencias.