Dos proyectos del Congreso ponen en riesgo a bosques y a los nativos en aislamiento

A pesar del contexto de cambio climático y de convulsión social, el Congreso impulsa dos proyectos de ley que ponen en riesgo la lucha contra la deforestación y que atentan contra la vida e integridad de los indígenas en aislamiento.

Así, en los próximos días el Pleno podría aprobar la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la cual pone en riesgo la Amazonía y los derechos de 400.000 indígenas que dependen de los bosques , pues el proyecto busca la formalización de los cambios de uso de la tierra en zonas de bosque.

La propuesta señala que quienes tengan predios con título o constancia de posesión no necesitarán presentar el requisito de zonificación forestal para hacer el cambio de uso del suelo. Esto abrirá las puertas a que cualquier persona pueda modificar el uso del suelo y se fomente la pérdida de bosques.

El otro proyecto es el 3518/2022, del fujimorista Jorge Morante, quien propone modificar la Ley 28736, ley para la protección de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Ley Piaci).

La iniciativa busca que la creación de reservas indígenas sea aprobada por ordenanza regional y no por decreto supremo. Con este proyecto se facultaría a los gobiernos regionales a ‘determinar la existencia, revocatoria o extinción de los Piaci y de las reservas indígenas creadas a su favor como mecanismo de protección.

Ante ello, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) señala que el proyecto debe ser “desestimado al atentar contra los derechos a la vida e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento”.

Y para la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente (Minam), Rosa Pinasco, los dos proyectos son nocivos. Recordó que el Perú es un país amazónico y que los bosques nos permiten tener agua en zonas desérticas. “Por eso, desde el Minam estamos llamando a la reflexión y pedimos a los congresistas que archiven este proyecto de ley. El impacto que tienen estas propuestas a nivel local también repercute a nivel nacional, y en un contexto de crisis climática repercute a todo el planeta”.

Ahora bien, los citados proyectos de ley no han contado con la participación de las organizaciones indígenas ni les han sido consultados a ellos. Al respecto, Patricia Torres, asesora legal de la SPDA, cuestionó que la propuesta para modificar la ley forestal haya pasado al Pleno del Congreso sin haberse debatido en la Comisión de Pueblos Andinos.

En esa línea, la adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, recordó que es un deber del Estado proteger la Amazonía y garantizar la protección de los derechos de las poblaciones indígenas.

El Congreso también buscaba derogar la Ley n° 31622, que fortalece la lucha contra el tráfico de flora y fauna y la extracción ilegal de especies marinas. La Defensoría del Pueblo, el Minam y otras organizaciones se mostraron en contra, y lo que aprobó el Congreso fue una modificación para exceptuar las sanciones en casos de capturas incidentales de pesca.