Insistirán en frenar ante el Tribunal Constitucional la ley que debilita a la Sunedu

En menos de cuatro meses, el Tribunal Constitucional (TC) admitió y dio respuesta a la acción de inconstitucionalidad presentada por 33 congresistas contra la ley que debilita a la Sunedu, norma que ellos mismos promovieron y aprobaron.

Su decisión ha sido declarar infundada la demanda impulsada por Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y el Bloque Magisterial, tras lo cual se presume la constitucionalidad de la ley y puede entrar en vigencia. No obstante, hasta el cierre de esta edición, aún no se publicaba la sentencia, en la que figuran los argumentos de los seis magistrados, así como los límites y los alcances del fallo.

Esto podrá definir las acciones que la Sunedu y otras entidades, como Foro Educativo y Defensoría del Pueblo, tomen para frenar la llamada contrarreforma. Sin embargo, esta última ya presentó -el jueves pasado, antes de la audiencia por el caso de los legisladores- su propia demanda de inconstitucionalidad, cuya admisión aún queda pendiente.

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Por ahora, la Defensoría del Pueblo apunta a seguir con esta acción y tiene la expectativa de que el TC la discuta en un corto plazo.

“Nuestros argumentos son distintos a los de los congresistas. Tenemos una lógica diferente donde se discute el estándar de calidad y que el derecho a la educación, al ser un derecho social, no puede retroceder en los avances que ya tiene. No es lo que los legisladores plantearon. Son casos distintos que, esperemos, corran suertes distintas”, dijo a La República Alberto Cruces, representante de la Adjuntía para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.

En esa misma línea, la congresista Flor Pablo, del Bloque Pro Reforma Universitaria, que también alistaba otra demanda de inconstitucionalidad, subraya que harán frente a los “atropellos” a la educación. “Los congresistas antirreforma aplican maniobras legales para traerse abajo la reforma. Buscaron perder la demanda para que la ley se declare constitucional y dejar sin efecto el amparo que paralizaba su aplicación. Un nuevo Congreso debe derogar esa ley”.

Una posición similar es la de Foro Educativo, que logró recolectar 12.000 firmas ciudadanas con miras a presentar una acción ante el TC. Estas están en revisión en el Reniec y luego pasarán al JNE, tras lo cual quedaría habilitada para presentar su demanda. No obstante, aclaró que su siguiente paso lo decidirá recién cuando se conozca la sentencia.

“Nuestra intención es continuar con el proceso, que lo que se ha informado (sobre el TC) no sea una medida cancelatoria y que la defensa de la reforma pueda continuar en los espacios legales. Queremos tener la oportunidad de hacerlo, pero dependerá de nuestra lectura crítica de la sentencia”, precisó su presidente Severo Cuba.

Las implicancias de la ley

La Ley n.° 31520, que busca “restablecer la autonomía”, le quita la potestad de licenciar carreras a la Sunedu, y reconfigura su consejo directivo para que cuente con dos representantes elegidos por rectores de universidades públicas, uno de privadas, uno del Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales, y tres de Concytec, Sineace y del Ministerio de Educación (Minedu).

Pues bien, pese a que un fallo del Poder Judicial suspendía la aplicación de la ley, un grupo minoritario de rectores de universidades públicas, así como los Colegios Profesionales, seleccionaron a sus voceros.

Preocupación por ministro

Legisladores como Karol Paredes han alertado sobre la postura del nuevo titular del Minedu, Óscar Becerra, que -de ejecutarse la ley- deberá designar un integrante para la Superintendencia. “Preocupan sus opiniones. Él ha calificado a la Sunedu, entre otras cosas, como ‘una entidad enemiga de los claustros privados’”.

Para Waldo Mendoza, exministro y exmiembro del consejo directivo de Sunedu, el TC ha dado un fallo que, de facto, disuelve la reforma y resucita a la antigua ANR. “Los enemigos de la educación universitaria deben estar celebrando”, aseveró.

Ricardo Cuenca, exministro de Educación, señaló que esta acción se trata de una “treta” en la que han primado los intereses. Pide que la ciudadanía se exprese ante el asedio a la reforma.

Los tres miembros del consejo directivo elegidos en el marco de la Ley n°31520 no han sido reconocidos con resolución suprema por el Minedu.