Pedro Castillo insiste con la castración química, pese a cuestionamientos
Para violadores. Ejecutivo verá mañana proyecto que aún no tiene respaldo de todos los ministros. Médicos señalan que tratamiento temporal cuesta más de 500 dólares al mes, y que no asegura que agresor deje de atacar. Abogada dice que es inviable.
Crecen las discrepancias en torno a la propuesta de castración química para violadores de niños, adolescentes y mujeres. Por un lado, el presidente Pedro Castillo y el titular de Justicia, Félix Chero, han confirmado que mañana el Consejo de Ministros verá —e incluso aprobará— esta medida. Sin embargo, no se observa el mismo respaldo en otras carteras como del Interior, Educación o la Mujer. Tampoco es la postura de abogados y médicos consultados por este diario, quienes coinciden en que, dadas las evidencias, esta no será la solución para reducir los abusos sexuales y evitar más víctimas, como la menor de tres años atacada en Lambayeque.
Dos días después de su primer anuncio, el mandatario exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público a dar celeridad a las condenas y ratificó que en los próximos días formalizará el proyecto de ley para aplicar la castración química “como medida drástica contra los violadores”. “Esperamos el respaldo del Congreso y que no le dé la espalda a un clamor popular”, dijo.
Este procedimiento farmacológico, que bloquea la producción de testosterona (hormona responsable del deseo sexual) , requiere de la aprobación del Congreso, el cual ya discutió el tema el 2018, lo aprobó en el Pleno y lo rechazó en la Comisión Permanente. Su implementación obliga cambios en el Código Penal y hasta en la Constitución, señalan expertos.
Según el sector Justicia, dicho método deberá aplicarse a quienes cometan delitos de violación sexual y no han sido condenados a cadena perpetua. “(Estos últimos) ya tienen una pena indeterminada y aplicarles castración como medida accesoria sería inviable. Esto es para las demás tipologías. Es una propuesta perfectible, pero consideramos que es la más idónea en estas circunstancias”, afirmó el ministro Félix Chero, quien agregó que el jueves el proyecto deberá llegar al Congreso.
Afirmó que esto debe estar acompañado con acciones preventivas en salud mental y educación sexual en los colegios. También dijo que se evalúa la posibilidad de establecer un registro público de agresores.
No obstante, varios ministros no muestran el mismo respaldo. Alfonso Chávarry, del Interior, dijo que eso tiene que ser estudiado por expertos. “Así nomás no se puede afirmar”. Rosendo Serna, de Educación, señaló que debe “evaluarse bien”. “Hay que discutirlo. Es una de las formas. Puede haber otras para sancionar drásticamente”.
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En el Ministerio de la Mujer, Ángela Acevedo, del Programa Aurora, indicó que se debe ver su viabilidad. “Se debe discutir entre todos los sectores. Un tema clave es la prevención, pero eso no solo lo hace el MIMP”.
“No solo es lo hormonal”
El médico urólogo Max Lazo explica que la castración química se utiliza con frecuencia para tratar el cáncer de próstata, el cual es estimulado por la hormona testosterona. Para ello, el paciente debe tomar pastillas diarias y recibir ampollas cada uno, dos o tres meses a fin de reducir la producción de la sustancia. “El tratamiento debe ser continuo. Si uno deja de darlo, vuelven a subir los niveles”.
Subraya que es un método caro, el cual oscila entre 500 y 1.000 dólares mensuales. “Podría ayudar a bajar el deseo sexual o libido temporalmente, pero no veo que sea la única solución. Creo que va más allá de lo hormonal, sino es lo social”.
De esta manera, se trataría de una propuesta costosa, ya que, al menos, 9.674 personas tienen sentencias por violación (11,15% de la población carcelaria), y al año se registran de 700 a 800 casos contra menores.
No evita reincidencia
Para la psiquiatra y terapeuta de familia Vanessa Herrera, no se ha demostrado que esta estrategia sea eficaz para disminuir la reincidencia de agresión sexual. Más bien, precisa, lo que está asociado a proteger a los niños tiene que ver con las normas culturales predominantes en una sociedad machista, donde se normaliza la violencia.
En esa línea, aclara, la reducción de testosterona en un agresor no asegura que no vuelva a atacar. “Nuestra sociedad es falocéntrica. Se puede creer que solo se viola con los genitales, pero el hecho de mostrar a una niña imágenes pornográficas ya es violencia sexual”.
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La abogada penalista Romy Chang considera que esta medida evidencia desconocimiento en la normativa y que es difícil de implementar. Agrega que para hacerlo se requiere cambiar la Constitución e, incluso, renunciar al Pacto de San José.
Precisa que ya existe la cadena perpetua para todo el que viole a un menor de 14 años. Por ello, lo que ahora urge es invertir en políticas públicas, más personal para el PJ y la Fiscalía que se dediquen de forma exclusiva y consigan sentencias, cámaras Gesell. A ello, añade la psiquiatra Herrera, se debe destinar más recursos para programas preventivos en violencia.
Mientras avanza el debate, el premier Aníbal Torres ha descartado la pena de muerte, debido al Pacto de San José. En el Congreso, voces como la de la presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, se han mostrado a favor. La oposición, en contra.
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Reacciones
Vanessa Herrera, psiquiatra
“Un agresor no surge por un tema biológico o por segregación de hormonas. No solo es la libido, sino cómo se construyen creencias que normalizan la violencia. Tiene que ver con las normas culturales”.
Romy Chang, abogada penalista
“Hay que invertir en políticas públicas, no en proyectos populistas y que científicamente no han demostrado reducir niveles de violación sexual. Para la castración química se debe cambiar la Constitución”.
