Ministro Chero sobre pena de muerte para violadores: Desde el Ejecutivo no la proponemos
El ministro de Justicia, Félix Chero, señaló que la propuesta del Gobierno en caso de agresiones sexuales a menores de edad es la castración química como “un procedimiento médico especializado”.
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El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Félix Chero, descartó que el Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, tenga interés en aplicar la pena de muerte a los violadores de menores de edad.
En efecto, durante un diálogo con canal N, el ministro señaló que para que el Perú establezca la pena de muerte debe renunciar al Pacto de San José. En ese sentido, exhortó a “algunos políticos e intelectuales a quitarse la careta”. “Si eso es pertinente, discutámoslo, pongámoslo sobre la mesa”, expresó.
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“De ninguna manera (estamos proponiendo la pena de muerte) porque hay que ser muy responsables en los planteamientos. Nuestro planteamiento como Ejecutivo es la castración química, que es un procedimiento médico especializado, de ninguna manera nos genera problemas con los organismos supranacionales”, añadió.
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En ese sentido, Chero mencionó que en el Ejecutivo tienen el fundamento y el argumento válido “para poder confrontar esas ideas y establecer una ponderación de derechos humanos”, como ya lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional.
“Insisto. ¿Estamos aquí defendiendo los derechos humanos del delincuente o los derechos humanos de los niños que son atacados cruelmente por ese tipo de depredadores?”, enfatizó.
“Eso es lo que tenemos que hacer, y más que derecho es por el sentido común de quienes somos padres, de los que entendemos que necesitamos cuidar a nuestros niños; y también pasa por que esas medidas van acompañadas de derechos de salud pública”, agregó.
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Más temprano, Félix Chero consideró la castración química como una medida discutible. Sin embargo, mencionó que también es una solución idónea con el fin de resguardar la salud e integridad de los niños del país.
“Es una propuesta discutible, pero es la más idónea. Por supuesto que tiene un costo (implementar la medida), pero no se pueden escatimar esfuerzos en hacer cálculos económicos cuando se trata de proteger a nuestros niños y niñas. Al igual que mantener a un violador genera un costo de alimentación, salud y estadía, de tal forma que es compensatorio”, declaró a TV Perú.
