Congresistas buscan quebrar autonomía de las procuradurías

El Congreso tiene como agenda prioritaria para enero una modificación legal con el fin de designar directamente al procurador de esta entidad, sin concurso público, quitando esta potestad a la Procuraduría General del Estado. Tal es el apuro que en el último pleno se pretendió aprobar la norma de manera exprés, sin un dictamen de análisis previo y sin tomar en cuenta la opinión de instituciones vinculadas.

El jueves último, al promediar las seis de la tarde, el presidente del Congreso, José Williams, cedió el uso de la palabra al titular de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), para exponer ante el Pleno.

El fujimorista sustentó la propuesta en apenas tres minutos. Sostuvo básicamente que el procurador del Congreso debería depender funcionalmente de dicho poder del Estado.

Para reforzar la idea, el fujimorista hizo referencia a la mala defensa que hizo un procurador ante el Tribunal Constitucional (TC) en la audiencia por el caso del proceso constitucional por “traición a la patria” seguido contra el expresidente Pedro Castillo.

En buena cuenta, el objetivo es que los parlamentarios tengan en sus manos la elección del procurador congresal para que este servidor se desempeñe en función a sus intereses.

En el breve debate del pleno, este criterio fue reforzado por el legislador Alejandro Soto (APP), a quien no se le ocurrió mejor idea que comparar a los congresistas con delincuentes ranqueados para darle nitidez al sentido de la propuesta.

“Si el delincuente más ranqueado o el común delincuente en el país tiene derecho a elegir a su abogado defensor, ¿por qué nosotros no podríamos tener derecho a elegir a nuestro propio abogado o procurador?”, manifestó en la sesión del Pleno.

Proyecto sin análisis

Esta propuesta normativa tiene como punto de partida el Proyecto de Ley 3270, que presentó el parlamentario arequipeño Esdras Medina el 11 de octubre del 2022. En el texto plantea que el procurador congresal sea elegido por esta entidad.

Pero lo mismo propone con relación a los procuradores del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Defensoría, la Contraloría, el Banco Central de Reserva (BCR) y la Sociedad de Banca y Seguros (SBS).

El 15 de diciembre, la Junta de Portavoces acordó exonerar el proyecto de comisión. Es decir, decidió llevar el tema en el pleno, sin dictamen de análisis previo de las comisiones.

Por ello, Hernando Guerra García sustentó la propuesta sin siquiera haber recogido las opiniones del Ministerio de Justicia, la Defensoría o la Procuraduría General del Estado.

De hecho, el 28 de diciembre, el procurador Daniel Soria envió un informe al despacho de Guerra. En el documento, advierte que el Congreso busca evitar un proceso de selección meritocrática del procurador.

También precisa que la separación de la Procuraduría del Congreso del Sistema de Defensa Jurídica afecta la consolidación de un estado eficiente.

Además, el sector Justicia, el 27 de diciembre, envió un informe legal al Congreso, en el que precisa que la norma que intentan sacar “es una propuesta jurídicamente no viable”. Asimismo, alerta que el proyecto de Esdras Medina (3270) no cumple con los requisitos de calidad normativa, en cuanto a la exposición de motivos.

Es más, la Defensoría del Pueblo mandó el 4 de noviembre un oficio a Hernando Guerra García recordando que “los procuradores no defienden intereses particulares (...), sino que se busca proteger el interés del Estado en su conjunto”.

Debido a las críticas en el Pleno, el Parlamento optó por el retorno del proyecto a comisiones. Además de la propuesta de Esdras Medina, hay dos iniciativas similares de Martha Moyano (Fuerza Popular) y Alejandro Soto (APP). El tema será estudiado, pero ya quedó en evidencia el interés del Congreso por sacar esta ley en forma exprés.

Texto sustitutorio

Buscan que el presidente del Congreso designe al procurador de dicha entidad, al igual que otros organismos autónomos.

Y otro golpe a la educación superior universitaria

El mismo jueves, el Congreso quiso aprobar otra ley sin dictamen, en este caso para insistir con el debilitamiento de la calidad de la enseñanza universitaria.

Se trata del proyecto de ley de Jorge Montoya (Renovación Popular), quien propone que los profesores de las instituciones educativas con rango universitario de los sectores Defensa e Interior automáticamente pasen a ser considerados docentes universitarios.

Actualmente, la normatividad vigente establece que para ser docente universitario previamente se debe pasar por un concurso, lo cual quiso ser evitado por el Congreso. La propuesta, al final, regresó a la Comisión de Educación.