Desde el 2020 se cuestiona el perfil del procurador Daniel Soria

El 1 de febrero del 2020, a través de las normas legales del diario oficial, el Perú se enteró que el entonces profesor universitario Daniel Soria Luján era nombrado procurador general del Estado.

Nunca hubo un concurso público, ni se supo cómo fue evaluado para ocupar ese cargo. La Resolución Suprema Nº017-2020-JUS que ofició su designación estaba firmada por el entonces presidente Martín Vizcarra y la exministra de Justicia Ana Teresa Revilla Vergara.

En una entrevista en televisión, Soria reconoció que nunca postuló al cargo, ni se evaluó su currículum. Un día, dijo, la ministra, a la que conocía de la universidad, lo llamó por teléfono, le dijo que quería nombrarlo procurador. Eso fue todo.

Críticas

Desde diversos sectores se criticó la falta de transparencia para su elección, sobre todo cuando unos meses antes Vizcarra había cerrado el Congreso, por no transparentar la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional.

Es más, en los meses previos también se había evaluado y discutido en el Congreso la necesidad de darle independencia a la Procuraduría General, respecto del Poder Ejecutivo. Eso quedó de lado al designar a Soria.

“Se dijo que la Procuraduría Anticorrupción debía ser independiente, sin intromisión del poder político, para que pueda denunciar a altos funcionarios públicos. Por eso el actual procurador anticorrupción, Amado Enco, fue nombrado por concurso público, pero ahora el procurador general es designado por el mandatario”, cuestionó el abogado Juan José Quispe del IDL, en declaraciones a La República, el 5 de febrero del 2020.

El mismo abogado del IDL criticó que no cumpliera los requisitos establecidos en el artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 1326, “que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado”.

Dicha norma, entre ocho requisitos, establecía que para ser procurador se debía tener “trayectoria en la defensa jurídica del Estado”, es decir, haber litigado en los tribunales en la defensa del Estado.

Por Vizcarra

En su currículum, Soria consignó que era profesor asociado de la Universidad Católica del Perú y que fue comisionado de la Defensoría del Pueblo entre 1998 y el 2002, pero nada de defensa penal.

El Gobierno defendió que su pase por la Defensoría del Pueblo le daba esa trayectoria. Aunque es conocido que los abogados de la Defensoría no participan en procesos penales.

Otro que criticó su nombramiento fue el exfiscal y actual ministro del Interior, Avelino Guillén. “Esperemos el trabajo de Daniel Soria. Lo que sí es que el proceso debió ser con mayor transparencia y el Ejecutivo debió dar muestras de que esta persona iba a ser objeto de (...) una suerte de escrutinio, de evaluación por parte de la ciudadanía. Acá ha sido al revés. Una vez que ha salido la resolución, recién nos enteramos de su nombramiento”, dijo Guillén.

Al poco de ser nombrado en el cargo, Daniel Soria empezó a enfrentarse con el entonces procurador anticorrupción Amado Enco, que sí había sido designado a través de un concurso público.

Amado Enco había promovido denuncias contra Vizcarra por el caso Chinchero, al excongresista Carlos Bruce por pedir pedido seguridad policial para su restaurante y al ministro de Transportes, Edmer Trujillo, por pagos irregulares en la construcción del Hospital de Moquegua.

Entonces se emitió un dispositivo por el cual los procuradores ya no podían presentar denuncias contra altas autoridades públicas, ni hablar con los periodistas, sin previa autorización por escrito de Soria.

Al poco tiempo, Enco renunció y sus denuncias contra altos funcionarios del Gobierno de Vizcarra fueron olvidadas. No existe registro público de que Soria haya accionado una denuncia mientras Vizcarra fue presidente, ni contra sus ministros.

Daniel Soria recién despertó cuando Pedro Castillo asumió la presidencia.

Rechazan injerencia política en la Procuraduría

Un grupo de 20 procuradores expresaron su respaldo al procurador Daniel Soria frente a la propuesta del ministro de Justicia, Aníbal Torres, de evaluar si cumple los requisitos para el cargo.

“Expresamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier intento de injerencia política en la labor de la Procuraduría General del Estado y de los procuradores públicos, pues ello se convertiría en una vulneración al principio de autonomía funcional del que gozan por ley. La autonomía de los procuradores es una demanda histórica que ha trascendido varios gobiernos y ha sido planteada por diversos sectores de la ciudadanía y la sociedad civil”, expresa el comunicado público de los procuradores.

Controversia

Interrogatorio. El procurador Daniel Soria y su adjunto habrían sonreído mientras el presidente Pedro Castillo era interrogado por la Fiscalía el 28 de diciembre.

Fiscalía. El fiscal Ramiro González, según fuentes del Ministerio Público, no observó el gesto, aunque sí se percató de que ambos hablaban mientras el presidente estaba respondiendo. Eso incomodó al presidente.