Congreso: proponen que investigados por crimen organizado no presidan comisiones

La distribución de comisiones para esta legislatura 2022-2023 en el Congreso generó controversia porque el acuerdo de las bancadas puso como presidentes, vicepresidentes o secretarios de grupos de trabajo claves a parlamentarios investigados por el Ministerio Público.

Sin embargo, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó ayer una propuesta de ley que, de aprobarse, ocasionaría que los congresistas con determinados procesos legales den un paso al costado en las comisiones ordinarias que presiden.

La autora de este texto es la congresista María Acuña, hermana del líder de APP, César Acuña.

La iniciativa es una resolución legislativa que modifica el artículo 34 del reglamento del Parlamento para establecer la siguiente disposición: “No puede ser elegido como miembro de la directiva de ninguna comisión el congresista que esté siendo investigado, procesado o que tenga sentencia condenatoria”.

El proyecto abarca los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, apología y organización criminal. No menciona, no obstante, a los procesados por corrupción de funcionarios o lavado de activos.

Bajo el universo de ilícitos a los que hace referencia el PL de Acuña, debería dar un paso al costado el congresista de Podemos Perú José Luna Gálvez, quien preside la Comisión de Presupuesto. Luna es investigado por organización criminal.

El Ministerio Público sostiene que el dueño de la Universidad Telesup dirige una organización ilícita que maquinó el hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El objetivo, según la tesis fiscal, era elegir a Adolfo Castillo como jefe de la ONPE en 2017 y, de esta manera, facilitar la inscripción de Podemos Perú como partido político.

Esta organización criminal fue nombrada por la Fiscalía como ‘Los Gánsteres de la Política’ y el presunto líder sería Luna Gálvez. Los operadores del congresista de Podemos habrían sido Jorge Luis Cavassa —también investigado por el caso ‘Los Cuellos Blancos’— y Adolfo Castillo.

Asimismo, Luna es investigado por lavado de activos. El equipo especial Lava Jato sostiene que la Universidad Telesup fue utilizada para captar aportes de las constructoras Odebrecht y OAS a la campaña del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.

Otros congresistas investigados por integrar una organización criminal son ‘Los Niños’ de Acción Popular. Ilich López, parlamentario que está en la mira de la Fiscalía, es secretario de la Comisión de Economía; Jorge Luis Flores lidera la Comisión de Energía y Minas, y Darwin Espinoza es vicepresidente de la Comisión de Vivienda y Construcción.

En tanto, el congresista de Perú Libre Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo y lavado de activos, es vicepresidente de la Comisión de Economía.

Hay otros legisladores con investigaciones que integran las mesas directivas de comisiones importantes, pero los delitos que se les imputan no están enmarcados en la propuesta de ley de Acuña: el fujimorista Alejandro Aguinaga, secretario de la Comisión de Presupuesto, es procesado por el caso de las esterilizaciones forzadas y su colega naranja Nilza Chacón también tiene una pesquisa en la Fiscalía de Áncash por lavado de activos.

Del mismo modo, Héctor Valer, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, es indagado por homicidio culposo y contaminación ambiental; y Edgar Tello, presidente de la Comisión de Comercio Exterior, tiene una denuncia por tráfico de influencias.

Sin embargo, el proyecto de Alianza para el Progreso no toca a los legisladores que están presuntamente involucrados en estos ilícitos.

Esta iniciativa pasará a debatirse en la Comisión de Constitución, presidida por Nano Guerra, de Fuerza Popular, partido aliado de Podemos Perú, en la Mesa Directiva del Congreso. Para aprobarse, necesita primero recibir luz verde en la instancia dirigida por Guerra.

No obstante, cabe recordar que en dicha comisión usualmente se estancan reformas que sean ajenas a los intereses del fujimorismo, el cerronismo y sus bancadas aliadas.

El Dato

Wilmar Elera, exvocero de Somos Perú, fue sentenciado a seis años de prisión por delito de colusión agravada. El proyecto de APP le impide presidir e integrar mesas directivas de alguna comisión ordinaria del Congreso.