Guido Bellido señala que denuncia contra fiscal de la Nación “es un pedido de la población”
Pese a no mostrar ningún sustento, el perulibrista dio a conocer los argumentos que motivaron la denuncia constitucional contra Benavides, la cual busca inhabilitarla por 8 años de la función pública.
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El congresista de Perú Libre Guido Bellido se refirió a la denuncia constitucional que presentó recientemente su bancada contra la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides. Al respecto, el parlamentario aseguró que esta responde a una solicitud de la “población” sin fundamento alguno.
“El Congreso es un fuero que no depende de una persona (...). Lo va a ver el Congreso y no hay que tener miedo, es normal, es parte del proceso de este tipo de trámites que se requieren y, obviamente, es un pedido de la población”, indicó en una entrevista para Exitosa.
Asimismo, dijo que Patricia Benavides Vargas no cuenta con “inmunidad” por más que se encuentre investigando al presidente de la República, Pedro Castillo.
“Nosotros preferimos la verdad y la objetividad. No por el hecho de que esté asumiendo una función como fiscal y esté llevando la investigación que corresponde al entorno del presidente de la República va a tener una inmunidad”, agregó Bellido.
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Denuncia constitucional contra Patricia Benavides
El último lunes 22, Perú Libre presentó una denuncia constitucional contra Patricia Benavides por una presunta infracción a la Constitución, además de la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y obstrucción a la justicia.
“La referida fiscal de Nación, apenas asumió al cargo, de manera abrupta y prepotente, removió a la fiscal suprema Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, quien estaba investigando a la jueza superior Emma Benavides Vargas (hermana de la fiscal de la Nación) por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal”, precisó el oficio.
La mencionada bancada también tiene como objetivo que la titular de la Fiscalía sea destituida e inhabilitada por el Congreso de la función pública por ocho años.
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