Carlos Martínez, de la CPJ, sobre la ley mordaza: Favorecerá la autocensura y un efecto de silencio

Progreso. En el Congreso avanza el proyecto de ley 2862/2022/CR, que propone incrementar las penas por difamación hechas en medios de comunicación, redes sociales y sitios web. En respuesta, diferentes gremios periodísticos han advertido el peligro de endurecer las sanciones contra los reporteros. Una de las voces altisonantes es la del director de Programas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Carlos Martínez de la Serna, quien fue entrevistado por Ojo Público.

De ser ratificada en segunda votación y oficializado en El Peruano, la propuesta "favorecerá la autocensura y favorecerá un efecto de silencio. Hay temas en los que la prensa tendrá que evaluar si está dispuesta a pagar un alto precio, no porque cometa ningún error, sino porque la ley se puede utilizar en su contra con mucha facilidad, con un enorme coste para el periodista y para el medio, cuando trabaja dentro de un medio".

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A juicio del consultado, si el Gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola "quiere fomentar la libertad de prensa", debería "eliminar la criminalización de la difamación". En lugar de ser un delito penal, tendría que ser civil. Además, sugiere la aplicación de "estándares muy altos que estimulen la crítica y el debate". De no ser así, la situación seguiría siendo "muy preocupante".

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También recomienda la renuncia de los políticos a utilizar la ley como "una herramienta para su propio beneficio" con el fin de "abrumar al periodista con denuncias".

Por la experiencia en otros países, se utiliza la legislación "como arma". Al penalizar la difamación, se convierte en una "herramienta más", en una "arma punitiva" contra el oficio reporteril.

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Para César Hildebrandt, columnista local del semanario homónimo, "hacer periodismo en el Perú es casi intrínsecamente difamatorio, por decirlo con ironía, por decirlo de un modo metafórico". En efecto, cifras del Consejo de la Prensa Peruana dan cuenta de que, en los últimos cinco años, ha habido 150 reporteros acusados por el delito referido.