





Números en rojo. Solo una unidad de la flota de 6 unidades de fabricación rusa se encuentra en condiciones de participar en acciones contra las organizaciones criminales y despliegues de rescate, según reporte de la Contraloría.

Magistrados constitucionales verán si es legal el Decreto Supremo que crea la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, pero que permite la pesca industrial pese a que esta práctica extractiva representa una verdadera amenaza.

Insostenible. Al cierre de esta nota, fueron presentadas tres mociones de censura impulsadas por la izquierda y Renovación Popular. Fuerza Popular preparaba la cuarta. En APP, salvo excepciones, y Perú Libre, ninguno de sus representantes se sumaron. La remoción del ministro del Interior sería debatida el viernes. Boluarte pierde apoyo para defenderlo e intenta desviar la atención con su propuesta de pena de muerte.

Agua Marina, Corazón Serrano y el Grupo 5 lamentaron el fallecimiento del cantante y cuestionan la inacción de las autoridades ante el avance de la criminalidad. Otros exigen el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte.

La excongresista Indira Huilca advierte que estamos en un proceso para la instauración de un régimen dictatorial. Pero, precisa, eso no implica la continuidad de Dina Boluarte. "Incluso entre las mafias no hay nada garantizado y no hay lealtad", asegura.

Evidencia. En medio de bombos y platillos, Qali Warma se convirtió en Wasi Mikuna, una decisión del Gobierno de Dina Boluarte supuestamente con el fin de mejorar el servicio alimentario para más de 3 millones de escolares. Las fotografías del almacén del colegio Pequeños Soñadores, en la región San Martín, son un indicativo de que todo sigue igual.

Mano a mano. En un correo electrónico del médico Mario Cabani dirigido a la exsecretaria de la jefa de Estado, Patricia Muriano, después de la intervención estética, requiere empleo en el Estado para cinco de sus allegados. Uno sería el presidente de Sedapal, Jorge Gómez Reátegui, quien había sido despedido de la empresa por ineficiencia.

Con el apoyo de la policía anticorrupción (Dircocor), las autoridades hicieron el levantamiento de documentación relevante para la indagación que implica a 14 personas, entre ellos al vocero presidencial Fredy Hinojosa Angulo, y a servidores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

Con fondos públicos. El ministro Juan Santiváñez aprobó desembolsar S/1 millón 705 mil para la defensa de efectivos policiales acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales en agravio de 33 personas. Entre los favorecidos se encuentran 6 exclientes, a quienes Santiváñez defendió bajo el argumento de que “no existió” la organización criminal, que era un invento de la prensa.

Con 81 votos a favor, el fujimorismo y sus bancadas satélites dan un golpe contra la sociedad civil para empoderar a la APCI, regular el financiamiento y sancionar actividades de las ONG

La solicitud de arbitraje presentada ante el CIADI exige el pago de US$ 2700 millones de dólares por perjuicios ocasionado por presuntas violaciones de la Municipalidad de Lima tras desconocimiento de contratos. Desde noviembre de 2024, el conflicto se intensificó tras denuncias de la empresa sobre el incumplimiento de construcciones de vías alternas prometidas por el alcalde. La MML ha gastado más de S/5 millones en asesoramiento legal para estos casos viales.

La República entrevistó al representante de la misión especial de la Sociedad Interamericana de la Prensa sobre las impresiones preliminares sobre la libertad de prensa en el Perú

Controversia. Instituto castrense firmó el contrato el 19 de noviembre de 2024 y pagó la totalidad de la suma el 27 de enero de 2025 mediante dos operaciones secretas. La Contraloría General de la República detectó deficiencias en el proceso por parte de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) y advirtió que peligra el cumplimiento de la entrega de 30 vehículos en un periodo de 18 meses porque no se han fijado los plazos.

Doble cara. Dos de sus clientes, el comandante PNP (r) Raúl Prado Ravines y el capitán (r) Francisco Arévalo Quispe, fueron condenados a 35 y 26 años de prisión, respectivamente, por integrar la organización criminal. Pese a las resoluciones judiciales y a la imputación fiscal, el ministro del Interior pone en duda que haya existido el grupo de aniquilamiento de 33 supuestos delincuentes en falsos operativos policiales.

En medio de la misión extraordinaria de la Sociedad Interamericana de la Prensa para evaluar la calidad de la libertad de prensa en el Perú, la titular del Poder Judicial suscribió los compromisos internacionales de respetar y garantizar las libertades de expresión y de prensa. Mientras tanto, la jefa de Estado Dina Boluarte además de negarse a firmarlo desde el inicio su gobierno, ha rechazado esta vez reunirse con el órgano de prensa internacional.

El Perú tiene 41 partidos inscritos. Hay 1254 personas en los cuadros directivos de estos grupos políticos y menos de la tercera parte son mujeres: solo 398.

Parlamentarios de Perú Libre dicen que no recibieron oficio, pero Susel Paredes muestra que les pidió sumarse en enero. Hace dos semanas, la discusión de la censura está estancada por la falta de una firma.

La iniciativa legislativa pretende permitir el uso de redes de cerco mecanizado y redes de arrastre en las primeras millas, lo que significa todo un retroceso de las conquistas logradas por los gremios de pescadores.

Conflicto en el sur de lima. Compañía denunció tres veces por usurpación a Sandra Greenwich Alzamora, quien había tomado posesión del predio. Ella alega que lo compró a otra persona, quien enfrenta graves imputaciones ante la Fiscalía.

Cifras en rojo. El incremento sostenido de número de efectivos policiales y de sus familiares, que son parte del sistema de salud de la institución, reduce considerablemente la capacidad de atención en plena guerra contra la criminalidad. A esto se suma el déficit de disponibilidad de medicamentos en el hospital central policial Luis Sáenz. Es nuevo y moderno, pero faltan profesionales de la salud para afrontar la alta demanda.

Amenaza de impunidad. En un último informe de la fiscal puneña encargada del caso, Beatriz Cahuari Durand, luego de dos ampliaciones del plazo indagatorio -que ha concluido en febrero último, señala que no ha hallado suficiente evidencia para identificar a los responsables del grave caso que afecta la salud de los escolares de Cabana.

La lideresa fujimorista pretende evadir responsabilidad ante un Congreso con 95% de desaprobación. Dice que con APP y sus aliados solo alcanzan 53 votos. Sin embargo, eso no es cierto. Además de la cuestión de votos, está el manejo de la Junta de Portavoces, las oficinas y las comisiones.

Preocupante. Tras más de un año investigando el origen del petróleo en el colegio José Pardo y Barreda, el Minem no identifica la causa y lo califica como emanación natural, así evita hacerse cargo de su remediación. Este reportaje forma parte de la serie investigativa “Crudo Abandono: El legado tóxico de la explotación petrolera”, liderada por Convoca en alianza con Rutas del Conflicto.

La delgada línea. José Luján Benavides, hijo de la magistrada Enma Benavides y sobrino de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, actuó como practicante, pero después fue contratado por Santiváñez. Colaboradores eficaces dicen que el ministro del Interior aprovechó su vínculo con la jueza, pero él lo niega. Su estudio Santiváñez & Molina Abogados Consultores defendió a policías por acusaciones de corrupción de funcionarios y crimen organizado.

Sin escalas. Testigo declaró ante la Fiscalía que el ministro del Interior le entregó a De la Cruz su computadora y un iPad para que no se lo incautaran las autoridades, pero Santiváñez respondió que no era verdad y que solo se trataba de una “trabajadora” de su estudio de abogados. El movimiento migratorio de ambos revela una secuencia de varios viajes y largas estancias en el exterior durante 2022.

La norma ratifica la prohibición de la pesca industrial y el uso de artes de pesca dañinas en las 5 millas marinas, una zona crucial para la pesca artesanal y la biodiversidad. PRODUCE tardó más de año y medio en emitir el reglamento. Pescadores celebran, pero aún no bajan la guardia.

Inaceptable. Cuatro funcionarios de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército deben deslindar responsabilidades por contratar a la compañía israelí IWI, la misma que abastecerá de fusiles de asalto a la Policía Nacional por decisión del ministro.

Ruleteo. El mecanismo montado por los empresarios privados para repartirse exclusivamente los más costosos proyectos del programa Provias Nacional, tuvo una duración de casi dos décadas. Los implicados financiaron la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016 con la idea de seguir delinquiendo, pero fueron delatados.

No hay excusas. La segunda legislatura comienza este mes con temas pendientes de ser discutidos en el Pleno: las reglas electorales, la ley sobre detención preliminar, el pedido de censura contra el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, las acusaciones constitucionales contra los detractores del Parlamento, la investigación sobre el acuerdo con Odebrecht y el caso sobre la presunta red de prostitución.

Controversia hereditaria. El acta de la junta de accionistas que hubo en Lima señala que el empresario otorgó a su hija la congresista, todas las acciones de la empresa que es propietaria de una cadena de hoteles de lujo. Pero el récord migratorio de Roger Amuruz indica que estaba en Norteamérica.

Cuando le preguntaron sobre la iniciativa de Podemos Perú para que haya candidatos invitados en planchas presidenciales, respondió que acatará lo aprobado por el Congreso.

Vergüenza. Las autoridades del programa de alimentación suspendieron el consumo de las conservas Don Simón en octubre de 2024, y no el mismo día en que se reportó la intoxicación, en marzo del mismo año. Recién los han trasladado a Lima para que los atiendan adecuadamente.

El auditor de la Contraloría General de la República informó al presidente Eduardo Salhuana que Jorge Torres Saravia fue nombrado jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, pese a que entregó un certificado de trabajo fraudulento. Lo mismo sucedió con la servidora Isabel Cajo Salvador.

Magistrado Cristoffer Chávez Parra rechazó recurso de nulidad que presentó Industrias Argüelles contra la demanda que le interpuso la comunidad campesina de Quipán (Canta), por haber adquirido 10.000 hectáreas mediante documentos falsos.

Entramado. La mayor parte de las propiedades pertenece al exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez Gamarra y a su hermano, el excongresista fujimorista Osías Ramírez Gamarra. En el caso aparece implicada como “brazo político” la excandidata presidencial, pero no se le aplicó la misma medida porque en Registros Públicos no aparece ningún predio con su nombre y sus apellidos. Otro exdirigente fujimorista implicado es Pier Figari Mendoza.

En el nombre del padre. Al morir, el excongresista y millonario fujimorista Roger Amuruz no dejó testamento, lo que fue aprovechado por su viuda y sus hijos, entre ellos la legisladora Rosselli Amuruz, para escamotear la parte que les corresponde a Roshel y Gianflavio Amuruz, los hijos menores extramatrimoniales del fallecido hombre de negocios. Lo primero que dijeron la viuda y sus hijos es que no sabían de la existencia de Roshel y Gianflavio, lo que era completamente falso.

Partidas de nacimiento y otros documentos legalizados confirman que Roger Amuruz, con su firma y huella digital, inscribió a sus hijos extramatrimoniales y por lo tanto les corresponde la herencia. Pero la viuda Teresa Dulanto y su hija, la congresista Rosselli Amuruz, ya iniciaron la distribución de los bienes del fallecido legislador al margen de Roshel y Gianflavio.

La acusación se sostiene en que los cuatro exfiscales de la Nación habrían favorecido al expresidente Martín Vizcarra en el caso Obrainsa. Montoya pide que todos sean destituidos.

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde considera que “es su momento”. Su correligionario Higinio Torres propone que Perú se retire de la OMS. Y el legislador Edwin Martínez cree que en las regiones la población lo aclama como presidente.

La salida del contralmirante AP (r) Luis García Barrionuevo ocurre pocas semanas después que se hizo pública la compra de equipos electrónicos para la identificación de “trolls” contra el gobierno. El nuevo titular, coronel PNP (r) Max Anhuamán Centeno dirigió la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) a fines de 2024 y fue pasado al retiro por límite de edad.

Un caso kafkiano. “Yo no he acusado a nadie y tampoco conozco a esas personas (Digna Calle y Arón Espinoza), ha dicho Emerson Saavedra Vásquez, quien aclaró que usaron una copia de su DNI y falsificaron su firma.

BALANCE. En conferencia convocada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el coordinador del equipo, Rafael Vela, y dos de sus integrantes, José Domingo Pérez y Germán Juárez, informaron de las investigaciones contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, así como Keiko Fujimori.

Nuevo enredo. Acusación se presentó cuando ya era conocido que Alvarado se había acogido a la colaboración eficaz y delató a sus exempleadores. La Fiscalía incautó en su casa de San Martín de Porres un cargamento de conservas Don Simón.

Controversia. Ciudadano cuya identidad aparece en el escrito, Emerson Saavedra Vásquez, negó haber presentado el documento y aclaró que no es su firma. Pero Fiscalía de la Nación prosiguió con el trámite e inició diligencias.

Rivalidades. Arrastra antecedentes por crimen organizado y tráfico de terrenos en Carabayllo, pero aseguró a LA REPÚBLICA que no conocía a Óscar Medelius ni a su socio Juan Huidobro. Deza no descartó que el crimen esté relacionado con una disputa por predios. Hay otro exfujimorista vinculado con el caso, José Luis Aybar Cancho.