Crisis migratoria del sur pendiente de respuestas políticas claras
Desidia. Cancillerías de Perú y Chile solo reportan diálogos. Venezuela recién ayer anunció opción de vuelos humanitarios. Y gobierno de Boluarte enfrenta críticas por discurso contra los migrantes y por incumplir deberes internacionales.
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Los migrantes varados en la frontera entre Arica y Tacna bloquearon ayer la vía de conexión internacional, llegando a situaciones de violencia, mientras que los gobiernos de Chile y Perú solo reportaron conversaciones, sin dar cuenta de medidas humanitarias concretas para atender a los grupos que permanecen a la intemperie desde hace quince días.
La canciller peruana Ana Gervasi ofreció ayer una rueda de prensa con el premier Alberto Otárola. En forma general y escueta, informó haber tenido una conversación con su par de Chile, Alberto van Klaveren.
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“Ayer mismo (viernes), en la tarde, yo sostuve una conversación con mi contraparte, el canciller chileno, y hemos acordado medidas entre nuestras autoridades para un mejor control del flujo de migrantes en nuestra frontera común”, expresó, sin dar mayores alcances.
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Solicitamos detalles sobre estas posibles medidas a Cancillería y no hubo respuesta.
Desde la Cancillería de Chile el viernes emitieron un comunicado donde también dan cuenta de conversaciones desde “hace varias semanas” con Perú, “buscando las posibilidades de solucionar este problema”. De momento, no hay decisiones políticas concretas.
De manera tardía, en cambio, el régimen de Nicolás Maduro anunció ayer la opción de posibles vuelos humanitarios. “Hemos solicitado garantías para que nuestros aviones puedan aterrizar y despegar en la zona, así como abastecer combustible en un eventual operativo de nuestro Plan Vuelta a la Patria”, informó ayer el canciller de Venezuela, Yvan Gil, en su cuenta de Twitter.
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Una solución integral
En diálogo con La República, Nancy Arellano, presidenta de la organización civil Veneactiva, cuestionó este anuncio tardío y subrayó que hay otras medidas urgentes que debería adoptar el Gobierno de Venezuela.
Recordó que los consulados no están otorgando la cédula de identidad en el exterior, situación que afecta el derecho fundamental de la identidad. “Y para acceder a un pasaporte se debe pagar 320 dólares, mientras que en otros países el costo es de 30 dólares. Y, además, los pasaportes los entregan luego de más de un año”, cuestionó.
Por su parte, Gabriela Ramos, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, alertó que el Gobierno de Dina Boluarte incumple obligaciones, desde el enfoque humanitario, al no permitir ningún tipo de ingreso a territorio peruano, pues hay personas que tienen derecho a solicitar asilo o refugio por razones humanitarias.
Ejército se hizo presente en la zona de frontera para intentar controlar la situación. Foto: difusión
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Un segundo deber que incumple el Gobierno peruano, precisó, es la atención a grupos de especial vulnerabilidad, como son los niños, adolescentes o mujeres gestantes, a quienes “se les debería habilitar permisos de ingreso y brindarles la seguridad necesaria”.
Nancy Arellano, de Veneactiva, pone énfasis en que estamos ante un problema migratorio regional que implica adoptar una diversidad de medidas de manera conjunta.
Perú: buenas medidas, pero mal discurso
Nancy Arellano, de Veneactiva, consideró como muy importantes las dos medidas anunciadas por el Gobierno de Dina Boluarte, con relación a los migrantes: la amnistía de las multas y el registro. Sin embargo, cuestionó la ausencia de una política comunicacional.
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Y es que Dina Boluarte dijo esta semana: “(Sabemos) que quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros”.
Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), también criticó este mensaje de Boluarte.
Reacciones
Nancy Arellano, presidenta de Veneactiva
“Tenemos que fomentar rutas seguras en la región. Se tiene que implementar el Proceso de Quito; que las autoridades se reúnan y tomen decisiones urgentes. Esta crisis viene desde hace siete años”.
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Gabriela Ramos, investigadora - IDEHPUCP
“Por normas nacionales y convenciones internacionales, el Estado peruano tiene la obligación de permitir, por lo menos, acceder para solicitar refugio y asilo a los migrantes. No lo está cumpliendo”.
Carolina Jiménez, presidenta de WOLA
“Presidenta Boluarte, no es cierto que (la) inseguridad ciudadana en Latinoamérica sea culpa de personas migrantes. Lo que sí es cierto es que el autoritarismo y la xenofobia usualmente van de la mano”.
