Defensoría del Pueblo en contra de cambios xenófobos en Ley de Migraciones

El último jueves, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen con el que un total de cuatro artículos de la Ley de Migraciones serán modificados. Se emitieron en total 105 votos a favor, dos en contra y 7 abstenciones para establecer los cambios en el Decreto Legislativo 1350. Con dicha medida, se alteran los aspectos relacionados a temas de migraciones.

Es así que aspectos como el arrendamiento de viviendas, el ingreso y el tránsito de personas de origen extranjero en el Perú quedarán sujetos a las nuevas disposiciones, enmarcado, según el Parlamento, en los principios de proporcionalidad y soberanía.

Si bien desde el Congreso de la República se argumentó que esta decisión responde principalmente a la necesidad de contribuir con la mejora de la seguridad ciudadana y el orden interno en el país, desde la Defensoría del Pueblo criticaron la medida y cuestionaron las motivaciones detrás de su aprobación.

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En este sentido, desde el organismo autónomo manifestaron que la propuesta presentada por el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, contraviene varios derechos reconocidos a los extranjeros residentes en el territorio nacional y tiene connotaciones xenófobas.

“Rechazamos dictamen del Congreso que modifica artículos 10,45,61 y 63 de Ley de Migraciones, limitando ingreso y tránsito de personas extranjeras arbitrariamente. Además, promueve que arrendadores de inmuebles exijan acreditación de situación migratoria para hospedarlos”, indicaron a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, las modificaciones hechas por el Legislativo trasladan la responsabilidad de la fiscalización migratoria a los arrendatarios, los cuales, advierte, no tienen conocimiento en la materia. Además, señalaron que la medida “afecta el derecho al acceso de una vivienda adecuada de personas extranjeras en el país”.

Asimismo, manifestaron su oposición en la propuesta parlamentaria, ya que en esta se señalaría que existe una correlación entre la inseguridad ciudadana y los niveles de migración. Por tanto, aseveraron que las modificaciones “promueven la discriminación, xenofobia y la criminalización de la migración irregular, así como afectan la dignidad de las personas refugiadas”.

La Defensoría pidió al Ejecutivo tomar en cuenta sus objeciones y denegar la promulgación de la ley que, de acuerdo a lo que estiman, significaría una vulneración a los derechos fundamentales de las personas que han tomando al Perú como su patria de adopción.