Critican intento por controlar a la prensa en las protestas
Exceso. Ministerio del Interior formuló protocolo de seguridad para periodistas en las protestas. Organizaciones de prensa lo consideran un riesgo para la libertad de expresión.
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El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) considera que el protocolo de seguridad para periodistas, durante las protestas sociales, no garantiza una adecuada labor de los hombres y las mujeres de prensa. “Es una intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia con la que debe contar un periodista en el ejercicio de sus derechos de expresión”, indica en un pronunciamiento.
El CPP pide el inmediato archivamiento del proyecto porque, entre otros puntos, no incluye una definición de la libertad de expresión ni de la libertad de prensa. “La PNP figura como creadora de parámetros y lineamientos durante las coberturas de protesta, cuando los periodistas deben tener absoluta libertad para reportear como consideren conveniente. Por ejemplo, sugiere ubicaciones ‘adecuadas’, lo que supone un direccionamiento de la cobertura”.
Entre otros puntos también indica: “No se menciona la prohibición de confiscar, retener, destruir o alterar material periodístico ni detener arbitrariamente a periodistas, por parte de las fuerzas del orden”.
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Una iniciativa “peligrosa”
A su vez, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) calificó de “peligrosa” la iniciativa del Gobierno de Dina Boluarte “porque implica una regulación, bajo supervisión policial, de la cobertura periodística de las protestas”. Precisó que, por el contrario, se debe “prohibir a los efectivos de fuerzas armadas o policiales cualquier acto de intimidación o violencia contra las y los periodistas”.
Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) explicó que ese texto del Ejecutivo se elaboró de forma “exprés”, por lo que considera necesario replantear la medida. “Las afectaciones a la visión de colegas como Rudy Huallpa (Puno) y Marco Antonio Ramón Huaroto (Lima), al igual que la impunidad en los casos de Alonso Chero y Alonso Balbuena, durante las coberturas de protesta del 14N, demuestran que el problema de fondo es la sanción a los agresores”, precisa.
También la Defensoría del Pueblo se pronunció: “Advertimos que el proyecto de protocolo de seguridad de periodistas en su versión actual no asegura una labor periodística libre de violencia ni garantiza el goce efectivo de las libertades de expresión e información”.
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Indica que la autoridad, a cargo de un operativo, debe disponer las acciones “para proteger a periodistas de riesgos inminentes de violencia o frente a las agresiones de las fuerzas del orden”.
Participaron
CPP. El Colegio de Periodistas aceptó haber participado en elaborar el protocolo. Dijo que no se desea controlar a dichos profesionales como dicen los “detractores de nuestra institución”.