ONU pide al Gobierno informe por violaciones de derechos humanos en protestas

En carta dirigida al representante de la Misión Permanente del Perú ante la ONU, embajador Luis Juan Chuquihuara, la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó hacer llegar a la brevedad posible a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi Díaz, el documento suscrito por ocho relatores especiales de este organismo, en el que piden atención urgente del Gobierno peruano a la información que han recibido sobre  denuncias en el marco de las protestas sociales. 

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Se trata del uso excesivo de la fuerza, lo cual ha provocado un elevado número de muertes ilícitas. La supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de manifestantes y disidentes. Detenciones supuestamente arbitrarias. Un caso de desaparición forzada. Estigmatización y violaciones al debido proceso en contra de manifestantes durante las protestas que han tenido lugar a partir del 7 de diciembre del 2022.

También indican que han recibido información respecto a la existencia de un elevado número de personas de pueblos indígenas y también de personas campesinas que habrían sufrido detenciones arbitrarias y asesinatos, además de falta de prestación de asistencia médica rápida en el contexto de los hechos mencionados.

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Uso excesivo de la fuerza

En el documento se señala que desde el inicio de las manifestaciones el Estado peruano habría respondido con el despliegue de la Policía y las Fuerzas Armadas y que en ese marco se alega que se ha producido un uso desproporcionado de la fuerza, actos de violencia, detenciones en masa y posiblemente arbitrarias, uso de gases lacrimógenos y balines, así como violencia contra la prensa.

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Menciona que los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias de manifestantes y defensores de derechos humanos. Además de torturas y afectación a niños, adolescentes y estudiantes.

Violaciones a DDHH

Indica que, en los enfrentamientos entre la policía y civiles, ocurridos en Apurímac los días 11 y 12 de diciembre, fallecieron 6 civiles, todos menores de 19 años. Asimismo, resultaron 54 heridos, seis de ellos por impacto de proyectil de arma de fuego.

Otro hecho que se refiere en el documento es lo ocurrido en Ayacucho el 15 de diciembre del 2022 con el saldo de 10 civiles muertos, incluso un menor de edad, cuando los manifestantes intentaban ocupar el aeropuerto Alfredo Mendívil de esa ciudad.

Luego añade los enfrentamientos del 9 de enero del 2023 en Juliaca entre manifestantes y fuerzas de seguridad, donde cayeron 19 personas, entre ellos cinco menores de 19 años, un médico que estaba asistiendo a un herido, y un policía. También resultaron heridas 112 personas. Aquí se resalta el alto número de muertos en un solo día.

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Al respecto, recuerda que la presidenta Dina Boluarte exhortó al Ministerio Público a que adelante las investigaciones sobre este hecho, pero al mismo tiempo dijo que las muertes en Puno no habrían sido causadas por la policía, sino por personas no vinculadas a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, una investigación basada en informes de autopsias y análisis forenses revela que fueron ocasionadas por heridas de bala.

También alude a las protestas del 28 de enero del 2023, en Lima, en las que la policía habría disparado bombas lacrimógenas y perdigones directamente al cuerpo de los manifestantes.

También toma en cuenta el allanamiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se hospedaban delegaciones de manifestantes de regiones, y en la que la policía detuvo a 192 personas.

Indica que, según la información que han recibido, organizaciones de derechos humanos, abogados, familiares y periodistas no pudieron acceder al campus tras la intervención policial. Por varias horas no se supo del paradero de algunos detenidos.

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En cuanto a los medios de comunicación, menciona que, a nivel nacional, al menos 60 profesionales habrían sido víctimas de agresiones físicas y verbales, y de daño a sus equipos de trabajo. Anota que estas agresiones, que van en aumento, son cometidas tanto por la policía como por los manifestantes.

Precisiones

Tras expresar su profunda preocupación, los relatores especiales de las Naciones Unidas señalan que estos hechos “parecen contravenir la norma mínima establecida por la ONU con respecto al uso de la fuerza, incluida la fuerza letal por parte del personal encargado de hacer cumplir la ley.

En el desempeño de su labor, esos funcionarios aplicarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego”.

Respecto al estado de emergencia, observan que suelen relacionarse con violaciones significativas a los derechos humanos. Y recuerdan que “cualquier uso de poderes de excepción debe ser estrictamente necesario, proporcionado y no discriminatorio en su aplicación”.

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Agregan que los Estados están obligados a proteger las “garantías judiciales indispensables”, las mismas que no son derogables aun en situación de emergencia.

Asimismo, subrayan “la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, eficaces, imparciales e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades policiales en la vigilancia de las protestas”.

También advierten al Estado peruano que la autopsia de las personas presuntamente asesinadas debe llevarse a cabo en estricto cumplimiento de las normas consagradas en la versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas 2016).

Apoyo técnico

Asimismo, indican que para intensificar el diálogo con el Gobierno peruano y ver el estricto cumplimiento de las normas internacionales, expresan su disposición a “apoyar cualquier tipo de asistencia técnica en los casos mencionados o en la aplicación de las recomendaciones, particularmente en lo que respecta al Protocolo de Minnesota con el objetivo de mejorar la investigación de este tipo de casos e institucionalizar buenas prácticas”.

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Finalmente, agradecen que el Estado les proporcionen información adicional o comentario sobre los hechos mencionados y recibir una respuesta en un plazo de 60 días.

También instaron al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para proteger todos los derechos y las libertades de las personas mencionadas. Así como a investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a los responsables de las violaciones alegadas.

Información que Naciones Unidas solicita

• Los relatores especiales de las Naciones Unidas han requerido al Estado información detallada sobre las investigaciones y averiguación judicial respecto a los alegados homicidios durante las protestas.
• Medidas para garantizar el ejercicio de derechos a la libertad de opinión, expresión, de asociación y de reunión pacífica.
• Medidas tomadas para poner fin a todo tipo de persecución y estigmatización contra quienes ejercen el derecho a la protesta.
• Información sobre legislación, políticas y programas de formación para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
• Medidas para garantizar el debido proceso, la defensa y juicio imparcial.
• Facultades otorgadas a organismos encargados de hacer cumplir la ley.
• Las bases que facultan los allanamientos en el marco de las protestas, entre otras solicitudes.

La clave

Postura. Naciones Unidas señala que podrá expresar públicamente sus preocupaciones en un futuro cercano, al considerar que la información que ha recibido es suficientemente fiable como para indicar que hay un asunto que justifica una atención inmediata.

Pronunciamiento

El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación encabeza la firma del documento.