Marchas en Perú: decretan estado de emergencia por las protestas en siete regiones del sur
En Puno se ordena la inmovilización obligatoria de personas en sus domicilios, desde las 20:00 a las 04:00 horas, por 10 días. Cuestionan la decisión del Gobierno porque no soluciona la crisis y ocasionará más muertes y heridos.
La Presidencia del Consejo de Ministros emitió el decreto supremo 018-2023-PCM, que declara estado de emergencia por 60 días calendario en Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, las regiones donde se están dando las mayores movilizaciones para exigir la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.
La norma señala la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios en el departamento de Puno por 10 días, desde las 20:00 hasta las 04:00 horas.
Dispone, además, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asume el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la región altiplánica.
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Y precisa que el accionar de las Fuerzas Armadas contempla la protección de los activos críticos nacionales, instituciones públicas o privadas, e instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales.
La población peruana bajo estado de emergencia supera los 3,5 millones.
Rechazan la medida
El dirigente de las Cuatro Zonas de Juliaca, Raúl Huarecallo, cuestionó el nuevo estado de emergencia en Puno al considerar que esta medida no resolverá la crisis política.
Sostuvo que es un desacierto del Gobierno optar por medidas represivas en lugar de buscar el entendimiento con la población. “Es un azote más para el pueblo de Puno”, dijo. Además, recordó que si no fuera por el voto puneño, Dina Boluarte no sería presidenta.
Huarecallo comentó que la jefa de Estado debió mostrar esa intención al asumir el cargo. Sin embargo, su mensaje desde un principio evidenció que se aliaría con quienes fueran sus verdugos.
Congresistas por Cusco también se pronunciaron en contra del decreto 018-2023-PCM.
Luis Ángel Aragón indicó que la decisión del Ejecutivo es imprudente, puesto que podría originar excesos por parte del Estado, y el derecho a la vida es lo principal.
Ruth Luque, Katy Ugarte y Guido Bellido indicaron que la decisión podría dividir aún más al país. Afirmaron que la salida a la crisis está en la renuncia de Dina Boluarte.
Respeto a los DD. HH.
En tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que la Policía vulneró el derecho a la protesta de miles de personas que marchaban pacíficamente por la avenida Grau de Lima, el sábado 4 de febrero.
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Indicó que los videos evidencian que detuvieron el tránsito, cercaron a los manifestantes y los reprimieron indiscriminadamente. "La policía no puede hacer uso innecesario ni desproporcionado de la fuerza", anotó en su Twitter.
Por su parte, la Asociación Civil Transparencia se refirió a la muerte de 47 civiles y un policía como resultado de los enfrentamiento, lo cual no puede ser considerado un costo social ni un daño colateral.
Recordó que la gravedad de la situación ha merecido la atención de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha recordado al Estado sus obligaciones sobre el uso excepcional de la fuerza.
En esa línea, hizo un llamado a evitar más muertes. Precisó que las autoridades deben dar órdenes claras para evitar la vulneración de derechos humanos. "No hacerlo será un golpe mortal para nuestra democracia", señaló en un pronunciamiento.
Ingresamos a un autoritarismo peligroso
Enfoque. Rubén Vargas, exministro del Interior
Están pretendiendo que a través de un estado de emergencia la fuerza pública se encargue de seguir controlando a los protestantes que piden el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte.
Cuando se quiere enfrentar una crisis política recortando derechos fundamentales y utilizando de manera peligrosa a la fuerza pública, lo que nos está diciendo el gobierno es que los muertos y heridos son simple estadística. Frente a una situación tan convulsa, que el gobierno tenga como única respuesta la declaratoria del estado de emergencia significa que van a seguir en el curso que ha ocasionado los muertos y heridos.
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Es evidente que, para derechos fundamentales como la manifestación, que no se suspende en estados de emergencia según la CIDH, el gobierno sea incapaz de garantizar su ejercicio. Estamos ante la claudicación de la política e ingresando a un autoritarismo muy peligroso.
Datos
Población. El país tiene 3.512.098 millones de personas bajo estado de emergencia. Madre de Dios: 141.070. Cusco: 428.450. Apurímac: 405.759. Arequipa: 1.008.000. Moquegua: 69.882. Tacna: 286.240. Puno 1.172.695.
En protesta. Ayer, comuneros del distrito de Anchonga, en Huancavelica, paralizaron las operaciones de la mina Julcani. Exigen renuncia de Boluarte
Edición Impresa - La Republica | Lima - Sabado 23 de Noviembre del 2024