Los 48 civiles muertos por la represión en protestas
Memorial. De los 60 fallecidos, la acción policial acabó con los sueños de 48 de ellos. Murieron, en su mayoría, por recibir balas en las protestas. Detrás de ellos hay historias de padres, hijos y estudiantes, así como de familias devastadas por sus pérdidas.
Beckham Romario Quispe Garfias tenía solo 18 años cuando, el 11 de diciembre del 2022, un proyectil de arma de fuego (PAF) lo mató mientras se encontraba participando en las manifestaciones en Apurímac contra la asunción de Dina Boluarte como presidenta del Perú. Él y un menor de 15 años de iniciales D.A.Q. fueron los primeros muertos registrados desde que se iniciaron las protestas.
Dos meses después, del total de 60 fallecidos, se cuentan 48 civiles asesinados por las fuerzas del orden en el marco de enfrentamientos en las calles. A 46 de ellos se les arrebató la vida con un PAF –uno de ellos aún por confirmar– y a dos por impacto de bomba lacrimógena, según detalla la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
A ellos se suman 1.247 heridos, los últimos 26 provenientes de Puno (23) y Apurímac (3), región donde ayer se registró el último deceso.
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En el afán de justificar las muertes, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, un sector de la derecha del Congreso y la misma Dina Boluarte afirman sin pruebas que estas personas eran terroristas o vándalos.
“Él no era un terrorista ni un delincuente, mi hermano era un deportista, un estudiante”, cuenta Raquel Quispe, hermana de Beckham, a la Unidad de Investigación de La República.
“Él se dedicaba a trabajar con su bayati –una moto–, tenía un platanal, tenía una chacra también de café y plátano. Ha dejado todo sembrado, cultivado. Él no tenía ganas de morir, estaba trabajando”, relata Susan, hermana de Diego Galindo, un mototaxista de 40 años que también trabajaba la tierra de su chacra y que murió por impacto de bala en Pichanaqui, Junín.
Diego no se encontraba en la protesta. Salió de su casa pensando que la situación estaba más calmada. Caminó hasta la esquina, se sentó en la banca por un momento y luego volvió a andar. Dio 10 pasos sin saber que dos balas le perforarían el pecho y el brazo, impidiéndole que continúe su recorrido, su vida. Lo subieron a un pequeño bote y lograron llevarlo al hospital de Pichanaqui. Lamentablemente, no resistió.
Jovana, hermana de Jhon Mendoza –asesinado a sus 34 años por una bala–, lo describe como una persona a la que le gustaba ayudar a otras. “Amaba la vida. Era cariñoso. Era un joven que sabía querer y se hacía querer”, relata entre lágrimas.
Ella tenía una reunión con sus socios para coordinar las actividades que iban a realizar por Navidad, pero –debido a las movilizaciones– Jhon le dijo que era mejor que se quedara y él fue a pie. Tras esperar, tuvo que regresar porque el encuentro se suspendió. Para volver a casa debía pasar por el aeropuerto, en medio de todo el fuego cruzado. “En eso me llaman y me dicen: ‘Le han disparado a tu hermano’”, narra con la voz quebrada. Cuando llegó al hospital y logró entrar, lo encontró muerto.
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Denilson Huaraca Vílchez es el último joven apurimeño de 22 años que ha sido registrado como fallecido. Un PAF le perforó los pulmones durante las protestas en Iscahuaca, truncándole su futuro.
Además del dolor, lo que une a estas 48 familias es el pedido de justicia para las víctimas de la represión indiscriminada del Gobierno de Dina Boluarte.
“Mi hijo ha perdido su vida por luchar. No tengo sueño, no duermo, solo pido justicia para mi hijo. Me han quitado la vida de mi hijo, con él comía, con él trabajaba para darnos de comer a mí y a sus hermanos”, lamenta la madre de Cristian Rojas, un joven apurimeño de 19 años que cursaba su primer año de Farmacia, al que le arrebataron la vida cuando salió a protestar. Y eso es algo que no debe pasar.
Infografía - La República
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