Fiscal de la Nación vuelve a reorganizar las fiscalías de derechos humanos

Seis semanas después que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, decidiera desmantelar las fiscalías especializadas en derechos humanos, la máxima autoridad del Ministerio Público ha vuelto a reorganizar este subsistema.

Todo esto en medio de las investigaciones sobre la muerte, por disparos de armas de fuego, de más de 45 ciudadanos que participaban en las marchas por adelanto de elecciones y nueva Constitución, en las regiones del sur del país.

Además de la llegada al país de los restos de los estudiantes de la universidad La Cantuta, asesinados por el Grupo Colina, que habían permanecido “extraviados” en Inglaterra, a donde fueron enviados en 1993 para pruebas de ADN.

Hasta el 12 de enero, el Subsistema de Derechos Humanos contaba con dos fiscalías superiores nacionales y 10 fiscalías supraprovinciales en Lima, Ayacucho, Pichari-Cusco, Huánuco, Apurímac, Junín y Huancavelica.

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La fiscal de la Nación redujo este subsistema a la mitad, desactivando las fiscalías supraprovinciales de las regiones del sur andino y creó nuevas fiscalías en La Libertad, Madre de Dios y Ucayali, donde casi no había casos.

Nueva coordinadora

Ayer, Benavides volvió a crear una Segunda Fiscalía Superior para casos de Derechos Humanos, por lo que aprovechó para cambiar al fiscal superior coordinador del sistema y representante ante la Comisión Multisectorial Permanente para el Fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Desde el 13 de enero, la coordinación de estas fiscalías estuvo a cargo del fiscal superior provisional Luis Valdivia Calderón, uno de los pocos que sobrevivió a la reestructuración.

Valdivia Calderón venía coordinando las investigaciones en Andahuaylas, Ayacucho y Puno. Ahora, la coordinadora nacional del subsistema será una fiscal traslada desde Trujillo, en la región La Libertad, especialista en temas civiles, la fiscal superior Marena Mendoza Sánchez.

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Antes, el 24 de febrero, la Fiscalía Provincial de Derechos Humanos creada en enero, en La Libertad, fue trasladada a Puno por sugerencia de Valdivia Calderón, pues en esa región no tenían casos, mientras que se necesitaban atender en Puno los casos de las muertes en las protestas.

Reorganización

Marena Mendoza Sánchez fue presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad hasta diciembre del 2022. De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, Mendoza fue una de las fiscales superiores que en octubre del 2022 promovió un comunicado de respaldo a la fiscal de la Nación.

La resolución que la nombra coordinadora nacional del subsistema le encarga proceder a reorganizar el subsistema, lo que incluiría una posible redistribución de las carpetas de investigación.

Las fuentes de la Fiscalía indican que el objetivo de estos nuevos cambios es que “los fiscales más experimentados se queden con los casos de los años 90 y nuevos fiscales de confianza de la fiscal de la Nación asuman y continúen las investigaciones de las muertes en las protestas con un nuevo enfoque”.

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Cambios en servicio de peritaje

Junto con la nueva reestructuración del subsistema de fiscalías especializadas en DDHH, el 27 de febrero se decretó la suspensión a nivel nacional de los servicios de peritajes oficiales del Ministerio Público.

Además, ahora los fiscales provinciales no podrán dirigirse directamente a la Oficina de Peritajes, sino que todo pedido debe ser encauzado a los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y/o las Coordinaciones Nacionales de los subsistemas especializados.

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Esta oficina venía realizando los peritajes de balística para homologar el tipo de armas que ocasionaron las muertes durante las protestas. Ahora, estos peritajes deberán pasar por el despacho de la coordinadora nacional.