Amnistía Internacional dice que Policía usó armas letales en las protestas
Situación crítica. Amnistía Internacional, en su informe preliminar, concluyó que se violaron derechos humanos de parte del Gobierno de Dina Boluarte. Además, esta organización alertó de que existe desproporcionalidad en las investigaciones de la Fiscalía.
El informe preliminar de Amnistía Internacional presentado ayer deja en evidencia cómo en el régimen de Dina Boluarte se usó la violencia desmedida contra los manifestantes sin respetar sus derechos humanos.
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“Hay indicios de que la Policía está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Este uso letal de la fuerza y de armas letales puso en riesgo la vida de las personas que se encontraban en protestas. Las fuerzas de seguridad han disparado no solo a las personas que ejercieron violencia, sino también a quienes escapaban de ella”, informó ayer la directoria para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
Represión desmedida
El informe sostiene, además, que hubo violaciones de derechos humanos contra los ciudadanos que rechazan el régimen de Dina Boluarte; y enfatiza que las autoridades peruanas, a sabiendas del manejo violento contra las manifestaciones, permitieron que se cometan abusos estos dos meses.
“Las fuerzas de seguridad no han tenido la capacidad de distinguir entre grupos que generan violencia y entre manifestaciones legítimas. Esa falta de distinción, por omisión o en consciencia, ha dejado un saldo de 1.200 personas con heridas graves”, dijo Guevara.
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Las Fuerzas Armadas y la Policía, se agrega, usaron de manera ilegítima armas letales pese a que las normas internacionales prohíben el uso de armas de fuego para repeler protestas. “Hay una clara intención de castigo”, enfatizó la vocera de AI.
La investigación preliminar de Amnistía Internacional ha recibido información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y ha documentado 12 muertes por armas de fuego. El informe final será presentado en mayo.
Guevara precisó que las presuntas ejecuciones extrajudiciales no solo implican que quienes apretaron el gatillo tengan responsabilidad penal, sino que también son culpables quienes dieron la orden.
La violencia, según el informe, fue, en su mayoría, contra ciudadanos indígenas estigmatizados. Por eso, la representante de Amnistía Internacional precisó que es deber del Estado diferenciar las protestas violentas de las pacíficas con el objetivo de garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a protestar. “Pero este no ha sido el caso”, dijo.
Justicia lenta
Otro problema detectado en su informe preliminar es la desproporcionalidad en la forma en que avanzan las investigaciones de la Fiscalía contra los dirigentes que participaron en las marchas y los militares y efectivos que dispararon a los manifestantes.
El martes 14, el Poder Judicial impuso una prisión preventiva de 30 meses contra la profesora Yaneth Navarro, denunciada por haber recolectado S/1.900 para solventar las marchas. La Fiscalía le imputa formar parte de una organización criminal. Dos días antes, a través de IDL- Reporteros se hicieron públicos los videos que demuestran cómo los militares dispararon, sin medir consecuencias, contra personas que protestaban en Ayacucho en diciembre del año pasado. El Ministerio Público, en este caso, aún no adopta ninguna medida de comparecencia.
En ese contexto, Guevara informó que Amnistía Internacional pudo entrevistarse con fiscales regionales y constatar que no se tienen los recursos para el peritaje y corroboración de graves violaciones a los derechos humanos. “Por ende, nuestra gran preocupación es que la impunidad siga agravando esta crisis”, alertó.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y Erika Guevara se reunieron en el marco de esta investigación. Benavides le aseguró que asignará los recursos necesarios para las pesquisas. Sin embargo, eso en la realidad no ha sucedido. En lugares como Andahuaylas ni siquiera se ha hecho la recolección de balas y perdigones. El propio fiscal encargado confirmó que no cuenta con los recursos para su labor.
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Benavides le aseguró que las fuerzas de seguridad iban a cooperar con las pesquisas, pero eso no se refleja en los hechos. Hasta ahora, según Guevara, ni la Policía ni el Ejército han entregado toda la evidencia que se requiere. “La Policía de Andahuaylas dijo a la Fiscalía que no le puede entregar las armas”, indicó.
Tampoco se respetaron los derechos de los manifestantes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recordó. “Maltrataron de manera humillante a las personas, hubo detenciones arbitrarias donde no había fiscales”, dijo. Informó también que los ciudadanos heridos son hostigados cuando buscan atención médica.
Versión de Boluarte
Antes de presentar este expediente preliminar, Guevara se reunió con la presidenta Dina Boluarte, quien no reconoció la vulneración de derechos fundamentales en regiones y se amparó en que son hechos en proceso de investigación.
“La presidenta quiso aclarar que ella no dio la orden para que se usen armas letales. Sin embargo, la realidad es distinta. Las armas letales se han utilizado. Lo hemos visto en Ayacucho. La narrativa del Estado dista de la realidad y la evidencia videográfica”, acotó.
Rechazan la estigmatización de los manifestantes
En la conferencia de prensa en la que se presentó el informe preliminar, también se oyó el testimonio de Dany Quispe Rojas, representante de la asociación de familiares de víctimas y agraviados de la represión en la protesta en Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), y Ruth Bárcena Loayza, representante de la asociación de familiares de asesinados y heridos en Ayacucho.
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“Una y otra vez, la señora Dina Boluarte ha dicho que somos terroristas, pero la mayoría son agricultores”, protestó Bárcena Loayza.
Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, reveló que también recibieron dos denuncias de tocamientos indebidos a dos manifestantes cuando fueron detenidas.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Jueves 21 de Noviembre del 2024