Marianella Ledesma: “La Subcomisión puede acoger y declarar procedente la denuncia al presidente”

—¿Es constitucional que proceda la denuncia de la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo estando en funciones por delitos de corrupción, aunque no esté previsto en la Carta Magna?

—Es constitucional poner en agenda un tema pendiente, como es el caso del artículo 117 de la Constitución, que para algunos no encaja con la investigación por corrupción contra el presidente de la República por ser líder de una organización criminal. El artículo 117 debe ser reinterpretado a fin de afirmar dos principios básicos de nuestra vida como Estado republicano: el bien común y el modelo democrático. Cuando los actos del mandatario no están orientados al logro del bien común, sino al enriquecimiento personal, de su familia, sus paisanos, amigos y financistas de campaña, no se puede dar un blindaje, por lo tanto, debe reinterpretarse el artículo 117. Y el segundo fundamento para afirmar un modelo democrático no parte solo por elegir a nuestros representantes cada cierto tiempo ni por la separación o equilibrio de poderes, sino también por afirmar que el poder se ejerce con responsabilidad y limitaciones, y el elegido debe dar cuenta de sus actos y mostrar transparencia en la gestión. Eso está en la Constitución. Cuando se quiere leer el 117 mirando solo la parte del blindaje al presidente por cinco años, es negar el modelo democrático. Por eso se tiene que reinterpretar el artículo 117 a las nuevas circunstancias dramáticas que vive nuestro país, como es la lacerante corrupción.

—¿Cómo sería esa reinterpretación?, ¿con una reforma constitucional?

—No. La fórmula del 117 está recogida desde hace 200 años en las diferentes constituciones que hemos tenido, y por eso algunos dicen que ha sido afirmada hace tantos años y nadie la puede cambiar. No es así, porque el derecho y la Constitución son dinámicos e instrumentalizan valores. No podemos caminar asumiendo valores en la Constitución, por un lado, y el actuar de los funcionarios por otro. Hace 200 años no había la tecnología que tenemos ahora ni inteligencia artificial; a nivel penal, no había organizaciones criminales como las de ahora, no había tratados ni convenios contra la corrupción ni compromisos para combatirla. Eso es lo que tenemos que actualizar, dando una nueva lectura al artículo 117, interpretando sus alcances. Es una interpretación constitucional, no implica una reforma constitucional. Es darle un sentido nuevo al 117 a la luz de una realidad lamentable de que el presidente está acusado de liderar una organización criminal.

—¿Podría hacerse en una sesión del Pleno?

—Claro. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales puede acoger y declarar procedente la denuncia, comenzar el debate, escuchar a ambas partes y empezar a intentar una interpretación del artículo 117. No se trata de una lectura textual, sino interpretar a la luz de lo que se busca con ese artículo. Se busca blindar a un presidente en situaciones normales, pero no es ordinario que sea la cabeza de una organización criminal, y por lo tanto hay que darle su real sentido al artículo. Eso nos permitirá sentar un precedente hacia adelante, para que futuros presidentes que asuman que el Estado es un botín para enriquecerse él y su entorno ya saben que tendrán que responder a la justicia. Urge que el sistema democrático sea fortalecido para que no haya impunidad.

—¿El Congreso ha hecho interpretaciones antes sin una reforma constitucional?

—La interpretación constitucional puede hacerla el ciudadano, el Congreso, lo hacen los jueces. Puede venir de diferentes vertientes, pero el último que sella la interpretación es el Tribunal Constitucional. Nada impide que el Parlamento haga una correcta interpretación constitucional.

—Así podrían suspender al presidente.

—Haciendo esta interpretación, el Congreso podría entregar al Ministerio Público y al Poder Judicial al presidente, y como consecuencia de ello viene la suspensión en el cargo.

—La defensa del presidente ha presentado una acción de tutela. Si se la conceden, ¿paralizaría el proceso?

—La tutela busca, precisamente, paralizar la intervención de la Fiscalía que quiere avanzar más allá, en un tema preparatorio y caminar hacia una acusación y, de hecho, en el supuesto de que se amparase, tendría que paralizarse la investigación fiscal que vaya más allá de la preliminar. Esa es la estrategia de defensa del señor Castillo...

—Fuera del derecho ¿cómo nos afecta como país tener un presidente con graves denuncias y un Congreso con baja aprobación?

—No merecemos un presidente que no tenga solvencia moral ni actúe sin dignidad en el cargo. Esto ha generado desencantos en quienes eligieron a una persona de un sector que nunca antes había llegado a la Presidencia, que aparentemente enarbolaba lo prístino que podría mostrarse de un hombre del campo, y al final vemos, por las evidencias de la Fiscalía, más de lo mismo, con hechos vinculados a la corrupción, que no solo hay en este Gobierno, sino que hubo en otros, desde la época de Toledo, García, Humala, Kuczynski... Es hora de que los ciudadanos no nos quedemos de espectadores. Acá solo hay una bandera, se está o no contra la corrupción. Así de tajante. Con hechos y no con palabras o situaciones que distraen los debates.

—¿No es más rápido apostar por la vacancia?

—El Congreso tiene dos salidas constitucionales. Una es darle contenido a la interpretación de la causal por incapacidad moral permanente, que requiere de 87 votos; y ya tomó posición antes con Vizcarra. La otra opción es el juicio político, que se orienta a cuestionar al mandatario por sus actos contra la Constitución, y que conlleva sanciones de inhabilitación y destitución, lo que requiere 67 votos. Son dos caminos claros, que requieren votos, patriotismo y responsabilidad.

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