Los documentos que OSCE oculta para perseguir al diario La República
Acción ilegal. Los funcionarios del OSCE ocultan un oficio de la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos que aclara que este diario no infringió la ley 30225.
“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo con los fines para las que fueron conferidas”, señala la Ley de Procedimiento Administrativo General. Una norma que la actual administración del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a cargo de Diego Montes Barrantes, decidió desacatar.
Tal es el caso que, de forma fraudulenta y deliberada, OSCE oculta información clave generada por la propia institución, la Municipalidad Provincial de Piura y el Poder Judicial para poder justificar la persecución e ilegal sanción impuesta al Grupo La República Publicaciones, que edita los diarios La República, El Popular y Líbero.
Al revisar los 108 expedientes sancionadores iniciados por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) del OSCE, por una supuesta infracción a la ley n° 30225 de contrataciones del Estado, hemos encontrado diversos documentos que aclaran que La República no infringió la ley al contratar con municipios, organismos autónomos y empresas públicas, entre el 19 de noviembre del 2020 y julio del 2021.
La verdad oculta
Uno de estos documentos es un oficio múltiple emitido el 21 de enero del 2022 por la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos (SIRE), que no ha sido puesto en conocimiento de las partes ni forma parte de los expedientes.
El otro documento es un oficio e informe técnico legal que, el 12 de mayo del 2022, la Municipalidad Provincial de Piura presentó al OSCE en respuesta a 23 notificaciones de procesos sancionadores. Es en este informe donde recién aparece el documento aclaratorio de la SIRE.
Los 108 procesos que el Tribunal Constitucional inició de oficio a La República fueron una iniciativa de la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios, jefaturada por Miguel Ángel Caroy Zelaya, con la activa participación de la Dirección General de Riesgos (DGR), a cargo de Ana María Gutiérrez Cabani, la presidenta del TCE, Cecilia Ponce Cosme, y la secretaria técnica Carola Cucat Vílchez.
Caroy Zelada ordenó que SIRE emita un informe de los contratos con el Estado del diario La República, entre noviembre del 2020 y julio del 2021, que luego, a partir del 20 de enero del 2022, Cecilia Ponce y Carola Cucat repartieron a cientos de instituciones públicas, diciéndoles que La República había violado la ley.
El informe de la SIRE es el dictamen n° 192-2021/DGR-SIRE, del 30 de diciembre del 2021. En los 108 expedientes se encuentran múltiples copias del dictamen, que la Segunda Sala del TCE utiliza para sancionar a La República. Pero lo que no aparece por ningún lado es el oficio múltiple que la SIRE emitió el 21 de enero del 2022.
Este oficio múltiple aclara que el dictamen n° 192-2021/DGR-SIRE no es una sanción como lo estaban comunicando Ponce Cosme y Carola Cucat, sino un insumo para que el TCE pudiera determinar si había una infracción a la ley.
Además, anota: “Resulta pertinente aclarar que, a la fecha de emisión del presente oficio, el impedimento de la señora María Eugenia Mohme Seminario (así como de las personas jurídicas en las que forma parte del órgano administrativo) solo abarca el sector al que pertenecía la señora Claudia Eugenia Cornejo Mohme, exministra de Comercio Exterior y Trurismo”.
Cecilia Ponce y Carola Cucat dieron valor de prueba irrefutable al referido dictamen, por lo que debieron dar el mismo valor legal al oficio o como mínimo darlo a conocer. El dictamen y el oficio múltiple están firmados por la misma funcionaria, Wendy Cruz Kamiche.
Sin embargo, ha ocultado el oficio. ¿Con qué intención? El 6 de octubre, La República pidió a los funcionarios del OSCE su versión de los hechos, pero mantienen silencio. La única explicación posible es que lo hicieron deliberadamente, faltando a sus deberes de imparcialidad y legalidad.
Este oficio solo aparece contenido en un informe legal que la Municipalidad de Piura presentó al OSCE el 12 de mayo del 2022, en respuesta a 23 cédulas de notificación de procesos administrativos. Este documento también se oculta, por evidentes razones, pues permite conocer el indicado oficio múltiple.
El informe de la Municipalidad Provincial de Piura debería estar presente en 23 expedientes, pero solo lo encontramos en un proceso, convertido en un archivo digital pesado y engorroso de revisar. Pero se sigue requiriendo información a la ciudad de Piura, dando a entender que nunca han contestado. Sí, lo hicieron, pero como la respuesta desenmascara el malévolo plan del OSCE, se le traspapela.
¿Los órganos de control interno del OSCE serán capaces de investigar estos actos fraudulentos? La Fiscalía también podría intervenir, pues hay un uso abusivo de una institución estatal para perseguir a un medio de comunicación.
El informe legal de la Municipalidad de Piura le recuerda al OSCE que es su obligación realizar los procesos administrativos dentro de la legalidad y subraya que el diario La República no infringió la ley, puesto que los contratos que se realizan desde el 2018, mucho antes que Claudia Cornejo Mohme fuera ministra de Estado, no incumplen la ley 30225.
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“Se concluye que la empresa Grupo La República Publicaciones, bajo el principio de presunción, no ha cometido ninguna falta; teniendo en cuenta que la señora Claudia Cornejo Mohme (exministra de Comercio Exterior y Turismo) no tuvo injerencia en la toma de decisiones de esta entidad, esto en conformidad con la autonomía política amparada en (...) la Ley de Municipalidades”, precisó la Municipalidad de Piura.
Burlando a la justicia
Otro detalle que advertimos es que recién después de la primera ilegal sanción impuesta al diario La República, se requirió información al Poder Judicial sobre el marco legal y los procedimientos para la contratación del diario judicial en 30 distritos judiciales del país.
Los 108 procesos administrativos contra La República se iniciaron el 20 de enero del 2022, de manera que el 11 de setiembre del 2022 se emitieron las dos primeras sanciones. Pero recién ocho meses después de iniciarse el proceso y después de imponer sanción, se solicita a las Cortes Superiores de Justicia que informen el marco legal y procedimiento para designar al “diario judicial”.
En cuatro días, la Corte Superior de Piura y la de Arequipa han respondió que el diario judicial está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la designación se realiza desde muchos antes que Cornejo Mohme fuera ministra de Estado.
La respuesta es contundente y no la han podido ocultar, motivo por el cual el Tribunal del OSCE ha tenido que anular una sanción y dos procesos sancionadores. Es de suponer que, si los demás funcionarios del organismo supervisor actúan dentro de la legalidad, todos los procesos deberían anularse por su manifiesta ilegalidad.
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OSCE nunca antes investigó a los medios de prensa
Nunca antes el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ha investigado los contratos de los medios de comunicación con el Estado, recién lo hace en un gobierno enfrentado con la prensa.
Todos los funcionarios del OSCE que persiguen a La República tienen trabajando más de 15 años en la instituciones, por lo que han tenido oportunidad de hacerlo, si consideraban que había una infracción a la ley.
Entre el 2010 y 2011, el desaparecido directivo del Grupo El Comercio Bernardo Roca Rey fue ministro de Cultura, y nadie fuera o dentro del OSCE cuestionó que ese cargo haya influido en alguno de los contratos de publicidad de ese medio de comunicación. Es algo imposible que suceda.
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