OSCE, la organización estatal que persigue a La República

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) sancionó al Grupo La República Publicaciones a no contratar con el Estado, hasta febrero del 2023, en un proceso nada técnico, que contradice sentencias del Tribunal Constitucional, tergiversa la realidad, oculta información del OSCE y no respeta el debido proceso.

En este artículo vamos a contar lo que ha sucedido. Tenemos claro que somos parte interesada en el proceso. Aquí no se trata de confrontar al OSCE y sus funcionarios por no escuchar la defensa de la empresa.

Nos enfocamos en la realidad. Queremos la verdad y que las instituciones cumplan sus funciones con sentido técnico sin interferencias políticas ni del crimen organizado. Para el desarrollo de esta investigación partimos de lo que dice la ley 30225, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), de noviembre del 2020, en el expediente nº 03150-2017-PA/TC, la resolución del Tribunal de Contrataciones nº 0125-2021-TCE-S3, de enero del 2021. Además, la revisión de los 108 expedientes iniciados contra Grupo La República y los documentos de descargo de diversas instituciones y el Poder Judicial.

El origen

El afán por privar a La República de la publicidad estatal comenzó en algún momento, luego de setiembre del 2021. Una época clave y oscura en el Estado peruano. La supuesta organización criminal del entorno del presidente Pedro Castillo, que investiga la Fiscalía de la Nación y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, estaba en su apogeo.

Septiembre fue un mes clave en la historia reciente de OSCE. El 24 de setiembre del 2021, el ministro de Economía, Pedro Francke, aceptó la renuncia de Sofía Milagros Prudencio Gamio como presidenta ejecutiva del OSCE. Ella ocupaba ese cargo desde abril del 2018.

Francke permaneció como titular del MEF hasta el 1° de febrero del 2022, pero nunca nombró al reemplazo de Prudencio Gamio. Sus sucesores tampoco lo han hecho.

Desde el 25 de setiembre del 2021, en decir, durante todo el periodo en el que se decide perseguir y sancionar a un medio de comunicación crítico del gobierno, OSCE está en manos de un presidente ejecutivo interino: Diego Montes Barrantes, secretario general, con 10 años en la institución. Es cierto que esta provisionalidad en sí misma no demuestra nada irregular. Solo es un detalle. Es sabido que en política y para las actividades criminales las casualidades no existen. Priman las oportunidades.

En algún momento, post - setiembre del 2021, la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios, jefaturada por Miguel Ángel Caroy Zelaya, solicitó una supervisión de oficio a los contratos de publicidad del diario La República. En los expedientes no aparece algún registro que precise si lo hizo por escrito, de manera verbal, por llamada telefónica o fax. Los documentos solo dicen que la investigación nace en esa oficina, pero no el hecho concreto que la generó.

En buena fe, suponemos que partió de un hecho cierto y público: del 19 de noviembre del 2020 al 27 de julio del 2021, Claudia Cornejo Mohme, hija de María Eugenia Mohme, accionista del Grupo La República, se desempeñó como ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Caroy trabaja en esa oficina desde hace 12 años. Es imposible imaginar que no conociera la relación de Cornejo Mohme y La República, desde noviembre del 2020. Puede que no denunciara antes por miedo. Vale. Es habitual en la administración pública. Digamos que es otro detalle, pero se van acumulando.

La bala envenenada

La orden de Caroy llegó a la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos (SIRE) de la Dirección General de Riesgos (DGR). No sabemos qué día comenzaron a trabajar, ni por cuánto tiempo lo hicieron. Sabemos que concluyeron su labor el penúltimo día del año 2021. La investigación estuvo a cargo de la subdirectora Wendy Cruz Kamiche y las funcionarias Bárbara García y Milagros Caviedes.

Ellas recogieron información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) de OSCE. La búsqueda arrojó 596 órdenes de servicio y 10 adjudicaciones directas. Ningún contrato con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Con esa información elaboraron un listado Excel que incluye la orden de servicio, fecha, tipo de registro, valor, entidad y descripción del servicio. El listado anota que la gran mayoría de las órdenes de servicio de las municipalidades señala que contratan en virtud de un régimen especial. ¿Cuál es ese régimen? OSCE no quiere averiguar.

Luego, establecen otras dos verdades: la relación familiar de Claudia Cornejo y el vínculo de María Eugenia Mohme con Grupo La República. Además, solicitaron y recibieron los descargos de La República y transcribieron los artículos de la ley 30225.

El miércoles 30 de diciembre del 2021, Wendy Cruz firma el dictamen n° 192-2021/DGR-SIRE y se lo remite a la directora de Gestión de Riesgos, Ana María Gutiérrez Cabani.

El dictamen es contradictorio. En varios párrafos del documento se dice que la Ley de Contrataciones del Estado (n° 30225) prohíbe a los ministros y sus familiares cercanos contratar con el Estado hasta 12 meses después de dejar el cargo, “solo en el ámbito de su sector”. Es decir, que la prohibición del Grupo La República era respecto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sector dónde trabajó Cornejo Mohme

Pese a lo cual Cruz concluye que está en presencia de una posible infracción a la ley. De los descargos del Grupo La República solo deja constancia que los recibió e ignora por completo averigar y análisis el régimen especial referido por las municipalidades.

Es decir, para el SIRE todos nacieron culpables. A pesar de que el TC le ha dicho al OSCE que no puede presumir que “una persona por el solo hecho de ser familiar o pariente de un funcionario está recurriendo a influencias indebidas para obtener un contrato público”.

Además, en la primera página del documento, bajo el título de cuestión previa indica que la “finalidad (es) identificar indicios de la comisión de una infracción…pasible de ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado”. Además, reconoce que el ente que debe emitir la sanción es el TCE, luego de evaluar los indicios y los elementos de descargo.

Matar a La República

A partir de ese momento, la historia se vuelve oscura. El 13 de enero del 2022, con el memorando n° D000022-2022-OSCE-DGR, la directora de Gestión de Riesgos, Ana Gutiérrez Cabani, remite el dictamen 192-2021/DGR-SIRE a la presidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado, Cecilia Ponce Cosme.

A partir del 25 de enero y hasta marzo del 2022, Cecilia Ponce y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), Carola Cucat Vílchez, remitieron cientos de copias de los dictámenes a la Segunda, Cuarta y Quinta Sala y a cada una de las municipalidades e instituciones estatales.

Dos copias del dictamen por cada contrato, uno para la municipalidad y el otro al organo de control institucional de la Contraloria, más las remitidas a las salas. Son 606 contratos. Cerca de 2000 copias del dictamen.

La sumilla de todos los oficios dice: “Aplicación de sanción contra Grupo La República… por contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos impedimentos previstos en el artículo 11 de la Ley…”.

El dictamen que supuestamente solo reunía indicios se convirtió en una sanción que debía aplicarse de inmediato. Se conmina a cada una de las instituciones a informar todos los detalles de los contratos, presentar sus descargos y, sin decirlo, desde ese día a no seguir contratando con La República.

La farsa del juicio

El 21 de marzo, la 2ª, 4ª y 5ª Sala del TCE iniciaron 108 procedimientos sancionadores contra La República. En paralelo, Cecilia Ponce y Carola Cucat bombardeaban a las municipalidades y otras entidades con los dictámenes.

El 21 de mayo del 2022, en pleno desarrollo de los procesos, el presidente interino del OSCE reconformó la 2ª y 5ª Sala del TCE, con un excusa que aconteció en junio del 2021. El 7 de setiembre, la 2ª Sala del TCE emitió las dos primeras sanciones por recibir publicidad de la Municipalidad Provincial de Islay-Mollendo y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA). Las sanciones prohiben a La República contratar con el Estado por 4 y meses, respectivamente, a nivel nacional y en todos los sectores.

Ambas resoluciones son idénticas. Son una copia del dictamen que elaboró SIRE el 30 de diciembre del 2021. Los vocales Carlos Quiroga Periche, Olga Chávez Sueldo y Daniel Paz Winches desestiman los argumentos y la sentencia del TC de noviembre del 2020 diciendo que ese fallo resuelve la situación de familiares de congresistas. Lo que no es exacto. Del régimen especial de las municipalidades insisten en no decir nada, ni mencionarlo.

El régimen especial que aparece en el listado de SIRE es la Ley General de Municipalidades, que tiene su antecedente en la Ley Orgánica del PJ y el Código Procesal Civil, según la información que el Poder Judicial y la Municipalidad Provincial de Piura remitió a OSCE.

En los años 90, se vio que los juzgados fuera de Lima debían publicar sus edictos en el diario oficial El Peruano lo que genera gastos a los litigantes y demoras, por lo que se estableció el diario judicial, en cada distrito judicial del fuera de país. Hasta el Callao tiene diario judicial.

Desde entonces, cada dos años, unas 29 cortes superiores de justicia con sede fuera de Lima realizan procesos de selección del diario que publicará las notificaciones. Posteriormente, la Ley de Municipalidades estableció que los municipios también publiquen sus ordenanzas en el diario judicial, para conocimiento de toda su comunidad.

Es decir, las municipalidades no buscan contratar con La República y, por tanto, ningún ministro u otro funcionario puede influir en esa elección. Ellos envían sus avisos a este diario porque así lo manda la Ley, desde mucho antes que Cornejo Mohme fuera ministra.

Ni el dictamen de SIRE ni las resoluciones del TCE toman en cuenta esta realidad. La ignoran y ocultan toda información referida a este punto, pues si lo toman en cuenta no hay sanción posible.

Recién el 13 de setiembre del 2022, seis días después de la primera sanción a La República, la secretaria del Tribunal del OSCE planteó a la Corte Superior de Justicia de Piura que informe cómo se elige el periódico judicial.

Con mucha paciencia y en un lenguaje sencillo y debidamente documentado, con resoluciones y gráficos, el 19 de setiembre, la Corte Superior de Piura respondió cuáles eran los lineamientos establecidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a nivel nacional. La República solo es o fue diario judicial en ocho distritos: Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Sullana, Tumbes, Piura y Moquegua.

Arrepentimiento

Pero hay otros dos documentos anteriores que permanecen ocultos. Un informe técnico de la Municipalidad Provincial de Piura, del 12 de mayo del 2022. Este informe se ha convertido en un archivo digital difícil de revisar y solo aparece en un expediente.

Dicho informe técnico legal informa que el 21 de enero de 2022, la subdirectora de SIRE, Wendy Cruz Kamiche, emitió el oficio múltiple n° D0000098-OSCE-SIRE que contradice y derrumba el dictamen 192-2021/DGR-SIRE. Este oficio es anterior al momento en que la presidenta y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones del Estado, Cecilia Ponce Cosme y Carola Cucat Vilchez, respectivamente, empezaran a bombardear a las municipalidades con el referido dictamen. Pero, el oficio no formó parte del paquete.

El oficio aclara: a) que el dictamen 192-2021/DGP-SIRE solo identifica indicios, es decir que no es una sanción; b) que corresponde al TCE establecer si se infringió la ley y c) que el impedimento del Grupo La República abarca al sector al que perteneció la señora Claudia Cornejo Mohme, esto es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Con esta entidad, en dicho periodo de tiempo, no hay ningún contrato.

Un dictamen que se convierte en un arma

El dictamen que supuestamente solo identifica los indicios que debe evaluar el Tribunal de Contrataciones se convirtió en marzo del 2022 en una sanción que debe aplicarse de inmediato en todo el Estado.

La sumilla de los oficios del OSCE está dirigida a crear pánico en las municipalidades y que, desde ese momento, se corte el avisaje del Estado en el diario La República.