OSCE cumple objetivos políticos al sancionar al Grupo La República
Afecta al Estado. Vocales de OSCE incumplen sentencia del TC que ordenó a OSCE respetar los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, competencia e integridad al aplicar la Ley 30225.
La pretensión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estados (OSCE) por sancionar al Grupo La República Publicaciones a no contratar con el Estado tiene un afán político que se hace evidente en la resolución sancionadora del 7 de setiembre del 2022 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).
En los últimos días, los Tribunales de OSCE han archivado tres de los 108 procesos, pero la intención de castigar a un medio de comunicación por criticar al gobierno del presidente Pedro Castillo se mantiene activa.
El 7 de setiembre, la Segunda Sala del TCE de OSCE impuso dos sanciones al diario La República. Una sanción de cuatro meses por un contrato con la Universidad San Agustín de Arequipa (UNSA) y otra sanción de cinco meses por un aviso con la municipalidad de Islay-Mollendo. Ambas resoluciones, firmadas por los vocales Carlos Enrique Quiroga Periche, Olga Evelyn Chávez Sueldo y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez.
Retroceso
Con fecha 11 de octubre último, ante un pedido de reconsideración, los mismos vocales anularon la sanción de cinco meses, al reconocer algo que La República, el Poder Judicial y las Municipalidades han dicho desde febrero del 2022. Los contratos se realizaron en condición de Diario Judicial, previsto en la Ley Orgánica del PJ y la Ley de Municipalidades, desde muchos años antes que Cornejo Mohme fuera ministra de Estado.
El 13 de octubre, la Tercera Sala del TCE anuló otros dos procesos, por lo que es esperar que por un mínimo de equidad y racionalidad se anulen la mayoría de los 108 procesos por contratos con municipalidades.
Sin embargo, la OSCE mantiene vigente su intención política y corrupta. Es más, en lo que parece una demostración de poder, ajeno a un organismo técnico, en la resolución que anula la sanción, los vocales destacan en la sumilla: “en cualquiera de los casos (...), puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales”.
Un artículo legal que no tuvieron en cuenta al ratificar la sanción de cuatro meses, con la excusa de que el recurso impugnatorio se presentó en forma extemporánea. Lo que es claro es que buscan sancionar a este diario a cualquier costo.
Proceso malicioso
Los 108 procesos sancionadores se iniciaron con un dictamen emitido el 30 de diciembre del 2021 por la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos (SIRE), que en su parte descriptiva y argumental reconoce que la prohibición para contratar con el Estado era solo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Pero al copiar el dictamen para sustentar la sanción, los vocales Quiroga, Chávez y Paz mutilan la referencia a que la prohibición solo era en el ámbito de la competencia del mencionado ministerio. Si transcriben el párrafo completo, la OSCE y sus vocales no tienen forma alguna de demostrar que el diario La República transgredió la ley. Mutilan la transcripción para imponer una sanción política.
Igualmente, olvidan los argumentos de la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del 2020. Este fallo le recuerda a OSCE que debe respetar y no transgredir los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, competencia e integridad.
La persecución y sanción al Grupo La República no cumple con esos principios. Es ampliamente conocida la alta concentración de medios de comunicación en el Perú. Al sancionar a La República, OSCE deja un solo gran competidor en el mercado nacional.
Falta de argumentos jurídicos
Los vocales Carlos Quiroga, Olga Chávez y Daniel Paz tampoco fundamentan el porqué se apartan de la sentencia del TC de noviembre del 2020, en el expediente n.º 03150-2017-PA/TC y la resolución del TCE n.º 0125-2021-TCE-S3, de enero del 2021.
En esa sentencia, el TC pidió a OSCE evaluar cada caso antes de aplicar la ley 30225, para no afectar derechos constitucionales. Esto se reconoce en forma extensamente en la resolución de OSCE de enero 2021. Pero Quiroga, Chávez y Paz solo utilizan dos párrafos para decir que tienen un criterio distinto al del Tribunal Constitucional.
Resolución
Resolución de la Segunda Sala del TCE demuestra que se buscó castigar a un medio de comunicación, La República, a cualquier costo.
