Empresas accedían ilegalmente a información de OSCE para ganar millonarios contratos del Estado
Consorcios conseguían las ofertas que consignaban otras empresas a proyectos del Estado para ofrecer un mejor precio y así ganar las obras. Servicio les podría llegar a costar hasta 30.000 dólares, pero contratos sobrepasaban los centenares de millones de soles.
Un joven de 23 años acudió, el último 4 de abril, a la Procuraduría Anticorrupción para revelar que, gracias a un contacto privado y uno dentro del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), durante los dos últimos años, obtuvo las propuestas de postores a concursos públicos para de esa forma favorecer a que otros consorcios puedan ganarlos ofreciendo un monto menor.
De acuerdo a su testimonio, el servicio ilegal informático se llamaba Tarot y el trabajo podía llegar a costar hasta 30.000 dólares por consulta. Su testimonio y pruebas las dio ante el procurador anticorrupción Javier Pacheco y el coordinador de la unidad de análisis de la Procuraduría, César Olano, según reveló un reportaje de “Punto final” el último domingo.
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El dominical explicó que para dicha operación se utiliza el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) para los concursos públicos. En dicha plataforma, miles de proveedores participan presentando sus propuestas para hacer obras u ofrecer servicios. El determinante para elegir a un ganador depende —cumpliendo las bases— de ofrecer el menor precio.
Es aquí donde entra a tallar Tarot, ya que lo que hacía era ofrecer a distintos consorcios las ofertas económicas de los otros postores. Con aquella información, los empresarios podrían proponer menos minutos antes del cierre del concurso público y así obtener los contratos.
Hasta 10 empresas, entre peruanas y extranjeras de distintos grupos económicos, habrían hecho uso de esta ilícita modalidad. Entre ellos está, por ejemplo, Consorcio Palma Real —integrado por las empresas China Railway Eryuan y Geotecnia y Mecánica de Suelos—, que ganó una consultoría para el mejoramiento de la carretera Ayacucho-Cusco con apenas 446 soles de diferencia con otro postor y presentada 20 minutos antes del cierre de la convocatoria.
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“Punto final” detalló también otro caso, esta vez de una obra en Puno. Se trata del proyecto del Hospital del Altiplano, convocado por EsSalud y con un precio referencial de 280,9 millones de soles. La fecha máxima para presentar la oferta era el 28 de junio de 2021.
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En el último día permitido, la empresa China CAMC registró su oferta a las 18.42 horas y luego hizo lo suyo el consorcio Andes del Sur a las 21.22 horas. Ambas propuestas debían ser secretas hasta su apertura en conjunto. Sin embargo, a las 23.08 horas de ese día, Tarot envío una captura de pantalla del sistema interno del Seace con las ofertas económicas que realizaron esas dos empresas a quienes serían sus clientes.
Es así que a las 23.17 horas ingresó a ofertar el consorcio Hospital del Altiplano. Cerrado el plazo, se abren las propuestas y este último resultó ganador con una oferta de 275,2 millones de soles, cifra menor al precio que habían consignado China CAMC y consorcio Andes del Sur con 277,4 y 280 millones de soles, respectivamente.
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La Procuraduría Anticorrupción y el Ministerio Público tienen en su poder la identidad completa del joven informante desde el 4 de abril de este año, precisó “Punto final”, por lo que desde ese día se encuentra en riesgo por haber confesado estos delitos que vinculan a terceros.
OSCE iniciará investigaciones y que colaborará con la Fiscalía
Tras difundirse esta investigación de Punto Final, el OSCE anunció que de “forma independiente iniciará acciones de de investigación interna sobre los hechos señalados en el reportaje”.
Asimismo, señalaron que brindarán las facilidades y se pondrán a disposición de las autoridades para que realicen las investigaciones correspondientes. Para ello enviará un oficio a la Fiscalía Anticorrupción y a la Procuraduría a fin de que identifiquen a los responsables y que sean sancionados.
OSCE anunció investigaciones y apoyo a la Fiscalía.
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OSCE favoreció a empresa sancionada para que siga contratando con el Estado
El OSCE apeló una nueva resolución judicial a favor de la empresa de seguridad Protección y Resguardo S.A. (PROTTSA), inhabilitada definitivamente por presentar documentos falsos en un proceso de licitación.
De acuerdo a información de este diario, la empresa PROTTSA entregó documentación fraguada en un proceso de contratación del OSIPTEL, y que el Tribunal de Contrataciones del Estado ratificó la drástica sanción, la compañía de seguridad mediante medidas cautelares ha conseguido contrataciones con organismos públicos por más de 235,4 millones de soles.
Por su parte, la Procuraduría Pública del OSCE interpuso acciones contra la resolución que beneficia a PROTTSA, debido a que, por segunda, vez la jueza provisional en lo contencioso administrativo Russy Arizábal Calderón dispuso validar una medida cautelar que ya había sido declarada nula, al permitirle la concesión de la apelación que efectuó la empresa de seguridad para que dicha medida cautelar siga vigente.
