Caso 'Mochasueldos': Fiscalía pide cárcel e inhabilitación para excongresista fujimorista María Cordero Jon Tay
La Fiscalía Suprema solicitó 10 años de inhabilitación y una multa de S/ 30.200 contra la exparlamentaria, además de una pena similar para un excolaborador señalado como cómplice.
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La Fiscalía Suprema pidió cuatro años de prisión efectiva para la excongresista fujimorista María Cordero Jon Tay por el presunto delito de concusión en agravio del Estado. El pedido forma parte del caso conocido como 'Mochasueldos' y fue presentado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, titular de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
El requerimiento no se limita a la cárcel. La Fiscalía también pidió 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de S/ 30.200 contra la exlegisladora. La acusación señala a Cordero como autora del delito previsto en el artículo 382 del Código Penal.
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El caso tiene un segundo investigado. Se trata de Braden Alexander Paredes Calla, excolaborador del Congreso, a quien el Ministerio Público acusa como presunto cómplice primario. Para él, la Fiscalía pidió la misma pena de cuatro años de prisión, 10 años de inhabilitación y una multa de S/ 8.438,40.
El Poder Judicial ya admitió a trámite el requerimiento. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, dio a las partes un plazo de 10 días para presentar sus descargos.
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¿De qué se acusa a María Cordero Jon Tay?
La tesis fiscal sostiene que María Cordero Jon Tay exigió el 50% del sueldo de un extrabajador de su despacho congresal. La persona afectada es Rafael Cabrejos Vela, quien laboró para la excongresista entre marzo y agosto de 2022. Según la Fiscalía, la exparlamentaria se habría quedado con parte del salario que le correspondía a su colaborador.
El destape del caso no partió de una investigación fiscal de oficio. Un reportaje del programa 'Punto Final' expuso los hechos y dio origen a las pesquisas que hoy derivan en esta acusación formal. La denuncia periodística puso en evidencia una práctica que el Ministerio Público interpreta como concusión: el uso del cargo público para exigir dinero a cambio de mantener un puesto de trabajo.
El requerimiento fiscal contra Cordero llega junto a un pedido distinto para otro investigado en el mismo caso. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento a favor de Rafael Aurelio Cabrejos Vela, señalado en un inicio por el delito de cohecho activo genérico. El juez deberá resolver primero ese pedido antes de continuar con el trámite de la acusación contra Cordero y Paredes.
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Los antecedentes del proceso contra la exparlamentaria
El proceso penal contra María Cordero Jon Tay no es reciente. El Pleno del Congreso aprobó suspenderla de sus funciones legislativas en marzo de 2024 y le retiró la inmunidad parlamentaria, un paso necesario para que la Fiscalía pudiera investigarla con normalidad.
Desde entonces, el caso avanzó por la vía judicial hasta llegar a esta etapa. El requerimiento mixto presentado por la fiscal Ávalos fue admitido mediante la Resolución N.° 1, del 16 de julio de 2026. Ese documento marcó el inicio del plazo de 10 días que ahora corre para que Cordero, Paredes y las demás partes procesales presenten sus descargos.
El siguiente paso judicial dependerá del juez Checkley. Antes de avanzar con la acusación, deberá evaluar el pedido de sobreseimiento para Cabrejos Vela. Solo después de resolver ese punto, el proceso continuará con la etapa que definirá si Cordero y Paredes enfrentan un juicio oral por el caso 'Mochasueldos'.






















