Radiografía de la extorsión: El principal desafío de la seguridad ciudadana

Las cifras del delito de extorsión que revelan la Policía, el Ministerio Público y expertos en seguridad son simplemente desoladoras.

Entre enero y abril de este año, la PNP ha registrado, a nivel nacional, en el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), 5.781 denuncias por extorsión.

Sin embargo, el Ministerio Público, en el mismo período, ha registrado 8.105 denuncias por ese delito. Hay una diferencia de 2.324 denuncias por extorsión no registradas por la PNP, lo que equivale a un desfase del 40%.

“Este desfase de registros, sumado a la alta tasa de cifra negra (delitos no denunciados) tienen implicancias muy críticas que van más allá de un simple error estadístico, afectando directamente la capacidad del Estado para frenar el avance de la lucha contra la extorsión”, advierte el analista de datos Juan Carbajal.

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Y agrega: “Más aún cuando la PNP viene informando (con sus registros) que las extorsiones ‘vienen disminuyendo considerablemente’ lo cual se desdice de la realidad e incluso sus mismos datos (y con el desfase de por medio) visibilizan un incremento mes a mes entre enero y abril del año 2026”.

En efecto, la PNP señala que en enero, febrero, marzo y abril se registraron 1.299, 1.241, 1.471 y 1.770 denuncias, respectivamente, mientras que el Ministerio Público registra 2.050, 1.989, 2.043 y 2.023 en los mismos meses.

Consultado al respecto por La República, un alto oficial de la Policía Nacional reveló que “la extorsión se desploma al 44.88% en el 2026 tras la ofensiva policial”.

Consideró que la ofensiva contra las organizaciones criminales continúa dando resultados a nivel nacional. “Con operativos permanentes, acciones de inteligencia y respuesta inmediata, la PNP viene golpeando duramente a las bandas dedicadas a la extorsión”, asegura.

Para la Policía, las cifras son contundentes: entre el 1 de enero y el 9 de mayo del 2025 se registraron 10.034 casos de extorsión; sin embargo, entre el 1 de enero y el 10 de mayo, a las 5.00 a. m., del 2026, la cifra descendió a 5.531 denuncias. Esto, a decir de las autoridades policiales, representa 4.503 casos menos y una reducción del 44,88%.

CONTINÚAN LOS CRÍMENES

Sin embargo, los crímenes relacionados con ese delito continúan. La noche del miércoles, Edgar Deza Montañez (40), padre de tres hijos menores, perdió la vida cuando sujetos en motocicletas persiguieron y atacaron la unidad en la que trabajaba en la ruta Cercado de Lima-Callao.

El transportista fue asesinado a balazos en plena avenida Argentina tras negarse a pagar cupos extorsivos. El ataque armado ocurrió frente a su esposa, quien era cobradora, y dejó una pasajera herida. El hecho fue perpetrado por miembros de la banda criminal La Federación, según reivindicaron a través de un mensaje por WhatsApp.

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No hay duda de que el transporte público continúa siendo víctima de las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión y al sicariato. Delincuentes desconocidos también incendiaron una combi en Santa Anita, luego de que el dueño se negara al pago de cupos.

Ocurrió en la urbanización Las Praderas, en Santa Anita. Cerca de las 3 de la madrugada, delincuentes llegaron hasta este punto y prendieron fuego a la unidad, a pesar de que el chofer se encontraba descansando en el interior.

El hombre de 45 años logró salir de la combi, pero igualmente fue alcanzado por las llamas y sufrió quemaduras de consideración.

El dato es contundente. Deja claro que en Lima la extorsión goza de una impunidad superlativa.

CADA VEZ MÁS COMÚN

La extorsión se ha vuelto cada vez más común. Diversos estudios sobre este fenómeno han cobrado importancia desde el 2019 debido a su aumento y capacidad de adaptación, especialmente en Lima, Callao, La Libertad e Ica, entre otras ciudades importantes.

Según los investigadores, el crimen organizado en esas regiones ha demostrado gran capacidad de innovación, de amoldarse a los contextos y a las respuestas de la Policía. Además, la extorsión misma les ha dado la riqueza suficiente para seguir expandiendo su control territorial, en un círculo vicioso que parece, por ahora, inderrotable.

La extorsión tiene menos riesgos, como el anonimato, y mantiene la posibilidad de controlar barrios y territorios, indica un oficial de la Dirincri.

En Perú, la extorsión es un delito que, según el artículo 200 del Código Penal, implica el uso de violencia o amenaza para obligar a alguien a otorgar una ventaja económica indebida.

Las sanciones oscilan entre 6 y 12 años de prisión, pero pueden llegar a cadena perpetua en casos de criminalidad sistemática, sicariato o si se producen muertes, dice el abogado Mario Amoretti.

“Las organizaciones dedicadas a este delito, a partir de la amenaza y el amedrantamiento, logran ejercer control en los territorios donde operan. De hecho, están siempre en búsqueda de ampliar su espacio de influencia. Por eso consolidan una organización que les permite amenazar, realizar los cobros, hacer seguimiento de las víctimas y buscar nuevas formas de ampliar su control con riesgos ínfimos”, sostiene el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

NADIE ESTÁ A SALVO

Este tipo de organizaciones que se consolidan territorialmente utiliza modalidades habituales de extorsión, como el cobro de cupos. Cobran principalmente a comerciantes, transportistas, artistas y profesionales, pero la comunidad no se salva, ya que exigen cuotas para desarrollar actividades simples, como una modificación de la vivienda, e incluso para garantizar por sí mismos la seguridad.

Las organizaciones criminales han encontrado nuevas formas de operar sin contacto directo, a través de llamadas telefónicas, las redes sociales y el uso de internet.

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La llamada telefónica es una de las modalidades más intimidantes, puesto que, para esta forma de extorsión, el victimario debe tener información previa sobre la víctima, su familia y sus actividades económicas.

Con el uso frecuente de internet, hay nuevas formas de cometer delitos. El mayor uso de las tecnologías ha abierto una ventana de oportunidades para acceder a información privada, como las transacciones económicas o las claves de acceso a cuentas digitales.

Son nuevos métodos porque, al no requerir contacto directo, no necesitan control territorial ni una organización muy sólida. Se necesita apenas un delincuente con conocimientos tecnológicos para acceder a toda la información que se almacena en la red.

Ahora la extorsión es más peligrosa. Generalmente, no deja rastro ni evidencia, y eso dificulta la investigación y judicialización, sostiene el exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha.