CIDH visitará Perú en segundo semestre del 2026: evaluará estado de la democracia y cuidado de los DD. HH.
En 2024, la CIDH ya realizó una visita a Perú para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones sobre derechos humanos realizadas tras las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte entre 2022 y 2023.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita a territorio peruano en el segundo semestre de este año. La visita busca que la CIDH pueda determinar el estado de la democracia en Perú y el cuidado de los derechos humanos en nuestro país. Para esto, los representantes de la comisión discutirán con autoridades, organizaciones sociales y víctimas de ataques a los derechos humanos.
A partir de estas visitas, la CIDH suele redactar informes que mantienen un gran impacto político e internacional, ya que documentan la situación de derechos humanos con evidencia directa.
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En 2024, la CIDH ya visitó nuestro país los días 12 y 13 de agosto, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte ocurridas entre 2022 y 2023, aprobado el 23 de abril de 2023.
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A finales del 2025, la CIDH alertó en su informe final sobre Perú que existían riesgos latentes para el estado de la democracia y los derechos humanos en nuestro país. El documento señaló que el Estado peruano únicamente ha cumplido de manera integral una de las recomendaciones formuladas en relación con la situación de los derechos humanos durante las protestas sociales.
Corte IDH condena al Perú por caso Celia Ramos Durand
Otro de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte IDH, falló en contra del Estado peruano luego de hallarlo culpable por la esterelización forzada y posterior fallecimiento de Celia Ramos Durand como resultado de la política de prevención reproductiva de la dictadura fujimorista. La Corte determinó que "el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) fue una política estatal dirigida a promover la esterilización masiva, enfocada principalmente en mujeres en situación de vulnerabilidad".
"Esta política se implementó mediante coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos por captar mujeres, quienes eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción definitiva a cambio de beneficios o mediante el uso de información sobre presuntos riesgos a la salud que no estaban acreditados. La Corte constató que esta política fue organizada y dirigida desde los más altos niveles del Estado”, se lee en el comunicado.
El documento también señala que los familiares de Ramos Durand fueron afectados por este hecho: “El esposo de Celia Edith Ramos Durand denunció al personal médico por lesiones graves seguidas de muerte, pero la Fiscalía archivó el caso al considerarlo un hecho fortuito y por una conciliación extrajudicial. (...) Por último, la Corte encontró que los familiares de la señora Ramos Durand —en especial sus tres hijas, que eran niñas al momento de los hechos— sufrieron profundas afectaciones como consecuencia de la esterilización y muerte de Celia Edith Ramos Durand y de la impunidad en que permanece el caso. Por ello, determinó que el Estado violó los derechos a la integridad personal, a la familia y los derechos de la niñez”
