
El 5 de febrero de 2026, el candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, brindó un mitin en Moquegua en el que se refirió a su propuesta para retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante su presentación, se refirió a la sentencia de esta entidad que dio paso al pago de una reparación a la familia del líder sindical Pedro Huilca, asesinado en 1992. Tras llegar el caso a la Corte IDH, el Estado reconoció su responsabilidad en la muerte.
PerúCheck revisó la sentencia del 3 de marzo de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y halló que el monto asignado a Indira Huilca asciende a US$20,000 y no a US$250,000 como mencionó el candidato.
Pedro Huilca Tecse fue un dirigente sindical peruano. En 1992 era el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal central sindical del país. Su trabajo se centraba en la defensa de los derechos de los trabajadores, especialmente del sector de construcción civil, donde había empezado a laborar desde joven, de acuerdo a la Comisión de la Verdad y la Reconcilliación (CVR).
La mañana del 18 de diciembre de 1992, Huilca estaba a bordo de un vehículo junto a su hija y el hijo de su pareja cuando un grupo de personas armadas rodeó el auto y abrió fuego.
La siguiente es una declaración de Martha Flores Gutiérrez, pareja de Huilca Tecse, para la Unidad de Investigaciones Especiales de la CVR:
"Cuando estaba en la puerta de la casa, esperando que mi esposo encienda el vehículo, veo a un hombre, de tamaño mediano, con camisa celeste y un chaleco oscuro y se acerca y saca un arma que parecía ser una metralleta de mediano tamaño, como la que usan los soldados, y le disparó (...) El sujeto que le disparó huyó rápidamente. Luego aparecieron entre 8 y 10 hombres con armas y dispararon en la puerta de mi casa".
En un inicio, las autoridades atribuyeron el crimen a Sendero Luminoso y varias personas fueron procesadas en la justicia militar. Sin embargo, años después surgieron testimonios que apuntaron a integrantes del Grupo Colina, un escuadrón clandestino vinculado al Servicio de Inteligencia del Ejército. Entre los nombres señalados en las investigaciones internas aparecieron Santiago Martín Rivas, Nelson Carbajal García, Wilmer Yarleque Ordinola y Juan Sosa Saavedra.
Además, el Congreso peruano concluyó que existían indicios razonables para considerar como presunto autor intelectual al entonces presidente Alberto Fujimori, y también se investigó el papel de Vladimiro Montesinos en la estructura de inteligencia del Estado.

La Corte Interamericana no condenó penalmente a estas personas porque correspondía a la justicia nacional, pero sí declaró que el asesinato fue una ejecución extrajudicial atribuible al Estado peruano y ordenó que se investigara y sancionara a los responsables.

Indira Huilca es una de las hijas del dirigente mencionado; Martha Flores Gutiérrez, su pareja. Hijos también son José Carlos Huilca Flores, Flor de María Huilca Gutiérrez, Katiuska Tatiana Huilca Gutiérrez y Pedro Humberto Huilca Gutiérrez. Como parte de su familia también está su hijastro Julio César Escobar Flores.
Tras el asesinato de Pedro Huilca Tecse, el Estado peruano fue obligado a otorgar una reparación civil a su familia como parte de una sentencia internacional. Esta compensación no se otorgó por pérdidas económicas directas, sino por el daño moral e inmaterial causado por la ejecución del dirigente sindical y las consecuencias que ello tuvo en la vida de sus familiares.
Según la sentencia de 3 de marzo de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el daño inmaterial comprende el sufrimiento, la angustia y las afectaciones emocionales que padecieron tanto la víctima como sus familiares cercanos, así como la alteración permanente de sus condiciones de vida.

Indemnización establecida en favor de la víctima fallecida. Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos
Al tratarse de daños que no pueden medirse de forma exacta en términos económicos, la Corte estableció que la reparación debía darse mediante una compensación económica fijada con criterios de equidad, además del reconocimiento público de la responsabilidad del Estado.
En ese marco, el Estado peruano se comprometió a pagar un total de US$250,000 por concepto de daño moral, monto que fue distribuido entre los familiares de Pedro Huilca Tecse. Es decir, el monto mencionado por el candidato Rafael López Aliaga es el que se repartió entre todos los deudos del fallecido, y no el que fue entregado únicamente a Indira Huilca.
El cuadro superior muestra cómo el Estado peruano distribuyó la reparación económica por daño moral ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras el asesinato de Pedro Huilca Tecse. La diferencia en el monto entre los hijos responde a la evaluación del daño sufrido por cada familiar, considerando factores como la cercanía, la edad y las circunstancias personales al momento del asesinato.
Durante el mitin, López Aliaga señaló que el Estado “le paga” US$250,000 a Indira Huilca. Sin embargo, la reparación no es constante, sino que se realizó una sola vez.
PerúCheck se comunicó con el abogado Francisco Macedo Bravo, especialista en derechos humanos, quien indicó que la reparación económica ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un pago mensual ni periódico, sino una indemnización única que el Estado entrega una sola vez a los familiares de la víctima.
El especialista también precisó que en el caso de Indira Huilca, hija de Pedro Huilca Tecse, el monto reconocido directamente a su favor fue de US$20,000, pero que podría haber recibido una parte del monto asignado a su padre, que la sentencia dispone sea redistribuido entre los familiares, pero en ningún caso asciende a US$250,000.
Según Macedo, incluso sumando ambos conceptos, el total que habría recibido Indira Huilca no supera los US$35,000.
PerúCheck también intentó contactarse con Indira Huilca, actual candidata a la Cámara de Diputados por el partido Ahora Nación, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
Además, se buscó también al candidato López Aliaga para solicitar sus descargos, pero tampoco hubo respuesta hasta la publicación del presente informe.
Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia por Renovación Popular, afirmó que Indira Huilca “recibe US$250,000 del Estado peruano”. Sin embargo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la reparación económica fue un pago único y que el monto reconocido directamente a Indira Huilca ascendió a US$20,000, además de una posible parte del monto asignado a su padre, lo que no alcanza los US$250,000. Por este motivo, PerúCheck califica la afirmación del candidato de Renovación Popular como falsa.
Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.